Daniel Tirso Fiorotto
(Especial par ANÁLISIS)

Si un grupo de científicos comprobara que Botnia mató 15 millones de peces en un año, y que al año siguiente Botnia mató otros 20 millones de peces, los entrerrianos pedirían a la Casa Rosada que le declarara (poco menos) la guerra al Uruguay.
Los frigoríficos entrerrianos y santafesinos provocan esas muertes cada año, a veces más, y muchos expertos de prestigio sostienen que ese sistema no es sustentable, que no hay razones para permitir la exportación de especies de aguas dulces.

Esos y otros especialistas admiten su ignorancia sobre el comportamiento de las especies frente a este ataque, porque la información que manejan sobre su vida reproductiva, costumbres, alimentos, es deficiente. Y alguno, de larga trayectoria en el monitoreo del río, afirma que cortando las exportaciones se cortará con la corrupción, y se suma así a los entendidos que sostienen que la ausencia de investigaciones y transparencia permiten sospechar la continuidad de una conocida mafia.

Sin embargo, muchos entrerrianos y santafesinos aprendieron a naturalizar esta masacre que destruye una armonía milenaria entre el hombre y la naturaleza de la que forma parte, y cuyos responsables se sienten con derecho a no dar razones.

Con las factorías exportadoras de pescados, Entre Ríos (y las otras provincias costeras en alguna medida) actúan del mismo modo que lo hizo el gobierno del Uruguay al implantar a Botnia. Los casos son similares, bajo estas consignas: ante las dudas sobre sus efectos contra el ambiente y las expectativas del pueblo, dejemos que se instalen.

No hay Libro Rojo

La economía extractiva, la más empobrecedora y colonialista que a principios del siglo XX se expresó entera contra el quebracho colorado (hasta arrastrar a los obreros a la violencia y la muerte enfrentando a los ingleses de La Forestal en el norte santafesino y sus aledaños), afloró un siglo después en Entre Ríos y sus vecinas con el sábalo.

En Santa Fe funcionan una docena de factorías, y en Entre Ríos hay cuatro fuertes. Epuyén, instalada en Victoria, es una de las mayores exportadoras. Su titular, Oscar Poletti, carga una pesada mochila en su trayectoria por haber sido acusado por narcotráfico en la llamada Operación Langostino que involucró a su empresa Estrella de Mar, y porque sus actividades recuerdan las peores caras de Carlos Menem y Néstor Kirchner, unidos en el negocio pesquero. Uno de las manchas del kirchnerismo, como se sabe, es la financiación de sus campañas desde firmas como Conarpesa, consideradas mafiosas, que a su vez habían financiado antes al menemismo. No se trata de especulaciones, sino de medulosas denuncias judiciales.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)