Federico Malvasio

No necesita presentación, aun cuando el lector no pertenezca al mundo judicial. Su presencia en los medios es habitual, tanto como los llamados que recibe de gente tan mediática como él. Julio Federik cuenta con una trayectoria importante en el ejercicio de la profesión. Defendió a dirigentes políticos y a personajes de tapa como Ricardo Chicharra Rosenbrock, por citar uno. Con poner en Google su nombre y apellido, el internauta se encontrará con fotos donde el abogado penalista aparece con hombres de la cultura. En fin. Sus obras más recientes lo vinculan al Código Procesal Penal que redactó a pedido de Jorge Busti y su participación en la Convención Constituyente.

-¿Cómo evalúa la implementación gradual que se está haciendo con el Código Procesal Penal que usted redactó?
-Hubiera preferido que se implemente de forma total en toda la provincia. Es cierto que había problemas de presupuesto y sobre todo edilicios, pero eso se pudo haber resuelto. La verdad es que esta forma gradual de ponerlo en funcionamiento no me convence y aparte se está demorando. Lamento muchísimo que se hayan dado las cosas así. Yo, igualmente, he quedado ajeno a todo lo que tenga que ver con el Código: no sólo en la implementación, sino también en la capacitación de magistrados, miembros del Ministerio Público y los propios empleados. Es poco lo que conozco, lo que me enteré por información periodística o algún conocido que me cuenta. Este Código viene a dar una mejora en la Justicia y consecuentemente a desplazar el alto grado de impunidad que hay por la falta de eficacia en la persecución penal.

-¿Por qué cree que no fue convocado para llevar adelante la implementación?
-No soy quien debo contestar esa pregunta, pero la verdad es que lo lamento.

-¿Cuán incompleto está el nuevo sistema de enjuiciamiento al no tener una Policía Judicial, como lo establece la norma?
-Lo que impone el Código es que se judicialice la investigación desde el primer momento. Es decir, que el fiscal o los investigadores fiscales intervengan desde el inicio del asunto. En realidad nosotros no queríamos armar una Policía Judicial porque sabíamos que iba a terminar dependiendo de la misma Policía si traíamos agentes de la fuerza. Lo que nosotros queríamos es que quienes investiguen sean funcionarios judiciales, no del Poder Ejecutivo, como es la Policía administrativa. Ésa es la gran diferencia. De todas maneras, cuando sucede el hecho es la administrativa la que tiene que actuar, pero lo que nosotros queríamos es que la Fiscalía cuente con su equipo de investigadores especializados. No es lo mismo una estafa que un homicidio. Hay que especializarse para investigar. Así como tenemos una medicina o una ingeniería totalmente especializada, no podemos seguir teniendo jueces ‘ramos generales’.

-Siempre aparece la cuestión de la falta de presupuesto, ¿es tan así?
-Cuando se habló de tomar policías para especializarlos y convertirlos en funcionarios judiciales aparecieron los problemas de los sueldos y con el propio sindicato de los judiciales, que se opuso a una incorporación masiva de esta gente. Eran como 300. (Roberto) Massuh (jefe de la Policía), con muy buen criterio, propuso que sigan dependiendo desde el punto de vista presupuestario de la Policía pero dejen de pertenecer desde el punto de vista funcional. Lo que se quería evitar era que el investigador tenga dos jefes. No tengo noticias de que se haya avanzado en esto. Esto de los investigadores es de una importancia cenital si queremos resultados con este nuevo sistema acusatorio.

-En los últimos casos, con fuerte repercusión mediática, se pueden observar sospechas sobre el accionar de la Policía. Por ejemplo, lo sucedido con el homicidio de Leandro Fornero, donde el principal sospechoso se presentó varias horas después con un agente, pese a que a pocos metros del lugar del hecho había uno. También había un funcionario policial que tenía un parentesco con el procesado. ¿Qué opina?
-Bueno, en ese caso yo tuve intervención como querellante (abogado de Franco Arnedo), así que preferiría no hablar del caso. Pero en términos generales debo decir que se pretenden hacer bien las cosas en la mayoría de las veces. Pero hay veces que el diablo mete la cola. Por eso la investigación tiene que ser independiente en donde caiga quien tenga que caer. Este Código le otorga al investigador fiscal la posibilidad de interrogar a los testigos.

La Constitución y el control

-Como presidente de la Comisión de Control del Estado en la Convención Constituyente impulsó la Fiscalía Anticorrupción que, finalmente, quedó establecida en la Constitución como un mandato. Pero a dos años no se implementó. ¿A qué atribuye la demora?
-La Fiscalía era mi niña mimada. Lo escrito en la Constitución es una cuestión operativa. La verdad que no sé por qué no lo hacen. Al Ministerio Público, de quien dependería, le dimos autonomía del Superior Tribunal de Justicia, por lo tanto no hay motivos para no crearla. Esta Fiscalía tiene como virtud que va y busca el hecho corrupto, no espera la denuncia. Ésta es la gran diferencia con una oficina anticorrupción administrativa, que lo único que hace es denunciar, pero no investiga. No puede pedir un allanamiento.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)