El alto funcionario había exigido que tuviera la mayor transparencia pública, a través de un concurso o licitación para la contratación de arquitectos, pero quedó claro que ello no fue así. Al parecer, el mismo jueves de la publicación, Rodríguez Signes ordenó que inicie las actuaciones pertinentes la Oficina Anticorrupción que se encuentra en su órbita, lo que habría molestado al titular del organismo, contador Mario Gustavo Graglia. Fuentes de la UEP dieron cuenta de la “profunda preocupación” que generó la publicación y la inmediata caza de brujas que se inició, en la búsqueda de determinar desde dónde había llegado la información a la Redacción del semanario.
En el Tribunal de Cuentas se adoptó una decisión similar y a ello se sumó una investigación de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al detectarse que algunos de los arquitectos contratados cobraron altas cifras de dinero, pese a la condición de monotributistas que tienen ante el ente recaudador.
Cabe recordar que un grupo de arquitectos de Paraná y Concordia, contratados sin ningún tipo de concurso público ni licitación alguna por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y elegidos arbitrariamente, percibieron más de 1.300.000 pesos por la realización de diversos anteproyectos para la construcción de escuelas en la provincia. Los trabajos –que ya fueron abonados por rentas generales- podrían haber sido realizados por los profesionales de la Dirección de Arquitectura de Entre Ríos, sin costo alguno para el Estado. Dos de los arquitectos son monotributistas (24 mil pesos anuales, según registros de la AFIP), pero igual percibieron entre 245.000 y 350.000 pesos.
Si bien nadie lo quiere reconocer en ámbitos oficiales, no serían las únicas decisiones polémicas adoptadas por Graglia en lo que va de la administración urribarrista y por ende preocupa que otros hechos también se reflejen a la luz pública, por lo cual incluso se llegó a especular con la posible salida del funcionario. No obstante se entiende que es “un hombre cercano” al actual gobernador Sergio Urribarri, lo que le podría determinar una clara cobertura ante cualquier embate administrativo o judicial. Quien más ofuscado se mostró fue el fiscal Rodríguez Signes, ya que había advertido de antemano la situación, pero el dictamen de cinco carillas evidentemente terminó en un tacho de basura, puesto que se hizo exactamente lo contrario a lo sugerido.
Primero los amigos
Vale señalar que fue en el 2008 en que Graglia logró que Urribarri firme el decreto 4.057, por el cual se autorizó a la Coordinación General de la UEP a invertir hasta la suma de 1.500.000 pesos para solventar las erogaciones derivadas de anteproyectos y proyectos ejecutivos de obras que se ejecuten en la provincia, con la intervención del organismo. La normativa, firmada el 31 de julio de ese año, indicaba en sus considerandos que con su concreción se hacía lugar al planteo de Graglia de “la celeridad que debe imprimirse a estas gestiones” para el avance de los trabajos de construcción, especialmente escuelas.
De un día para el otro, un lote de jóvenes arquitectos de Paraná, junto a otro profesional de Concordia y un ingeniero reconocido, fueron elegidos “a dedo” por Graglia, para avanzar con el cumplimiento del decreto 4.057.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
