Federico Malvasio
La tragedia comenzó alrededor de las 23 del 3 de octubre del 2003. Esa noche, Raúl Fernando Gutiérrez se encontraba en calles Mihura y Tibiletti junto a dos amigos cuando fue detenido sin motivo que lo justificara por personal de la Comisaría Tercera. Enseguida se lo trasladó a la Comisaría del Menor, donde quedó alojado bajo la custodia y responsabilidad de las autoridades policiales.
La detención ocurrió sin que mediara orden escrita ni verbal por parte de alguna autoridad competente. Tampoco hubo indagación sumaria previa que indicase su intervención en un hecho punible, como así tampoco fue sorprendido in fraganti cometiendo un delito. La captura del joven ni siquiera mereció –para la Policía- un inmediato aviso al juez de Menores.
A las ocho de la noche del día siguiente Raúl fue encontrado sin vida en la celda donde estaba encerrado. El cuerpo se halló pendiendo de una improvisada soga, la que había sido confeccionada con el borde de una frazada que la propia institución puso a su alcance. Los familiares demandaron al gobierno provincial. La Justicia fijó una suma de 130.000 pesos a cada uno de los padres, pero el Estado la apeló.
Día de sol
Fuentes del caso consultadas por ANALISIS coincidieron en que la detención fue por “averiguación de antecedentes”. El accionar de la fuerza –aparentemente de rutina- es un claro ejemplo de la violación permanente de derechos y garantías por parte del Estado. También muestra una vez más la constante aplicación de métodos represivos para garantizar la seguridad de las personas. Siempre bajo consignas que pretenden ser de prevención. ¿Cómo se entiende que se deba detener a un ciudadano para averiguar antecedentes? ¿Es ésa la capacidad y la forma en que el Estado “averigua” o investiga? La detención como primer paso para buscar antecedentes remite a las dictaduras militares.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
