D. E.
La lista es extensa. Algunas empresas ya no existen, pero otras siguen operando en la provincia. Todos ellos formaron parte del anexo de un acuerdo político y económico. Fue a mediados de 1996 en que el gobierno entrerriano que lideraba Jorge Busti firmó un convenio con el Nuevo Banco de Entre Ríos –que se había privatizado poco antes, en tiempos aún de Mario Moine- mediante el cual y en cumplimiento de lo previsto en el contrato de transferencia del 60 por ciento del paquete accionario del viejo banco, el Estado provincial debía cancelar "anticipadamente" la garantía que había constituido a favor del consorcio privatizador.
Allí, según se había establecido en el contrato de privatización, la provincia se constituía en "garante" o "fiadora" de una cartera de créditos otorgada por el antiguo banco provincial que había sido, específicamente, seleccionada por su grado de "incobrabilidad". Esa cartera estaba conformada por deudores con juicios en trámite iniciados por el BER estatal y otros deudores que no habían sido derivados a gestión judicial por diferentes razones. Entre ellas, por ejemplo, no se contaba con documentación respaldatoria que permitiera iniciar las acciones, la documental que el BER tenía era incompleta y de dudosa ejecutabilidad o muchos créditos habían prescripto sin que se demandase judicialmente su cobro y por tanto resultaban inexigibles jurídicamente. Este cúmulo de créditos fue garantizado en el contrato de privatización por la provincia en la suma de 26.000.000 de pesos con más los intereses devengados desde esa fecha hasta la concreción del convenio de "cesión de cartera garantizada" que fue suscripto el 19/06/1996, por un monto total de $ 38.748.708,66, que incluyó los 26.000.000 de pesos previstos en el contrato de privatización del BER más 10.397.997,56 de pesos de intereses, más IVA por 2.183.580 de pesos, más gastos y costas por 167.130 pesos.
La provincia abonó el importe al BERSA mediante cesión de créditos que tenía a su favor, desde la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación por 23.515.775 de pesos y 41.753.208 de pesos en Bonos de la deuda pública provincial Clase C por igual valor nominal, creados por la Ley de Emergencia económica N° 8.918 con afectación de fondos de la coparticipación federal de impuestos emitidos con fecha 1° de mayo de 1996, pagaderos en un plazo de 7 años. Luego de este convenio las partes celebraron un convenio complementario en virtud del cual el BERSA, como consecuencia del "pago anticipado de la cartera garantizada por la Provincia" le hizo entrega material de los créditos litigiosos y no litigiosos cedidos a cambio de la cancelación de la deuda. En la cesión de los créditos por parte del banco, éste garantizó el reemplazo de aquellos que hubieren prescripto entre el 2 de enero de 1995 (el día en que se privatizó el BER) y la fecha de efectiva cesión -28/06/1996-), en cuyo supuesto debía "reemplazar" estos créditos por otros. Este fue el único reclamo que pudo haber efectuado la provincia al banco por los créditos que componían la denominada cartera garantizada.
A los fines de poder tomar intervención en las actuaciones judiciales cuyos créditos le fueran cedidos a la provincia, el convenio estableció que el Estado entrerriano debía llamar a licitación pública para continuarlas, y dada la urgencia en la atención, ante la posible inminencia de los vencimientos de los términos procesales, ambas partes acordaron contratar los servicios del Estudio Jurídico Sábato, Rioja y Asociados, de Capital Federal, a los fines de que éste hiciera el control para y por el gobierno. En ese marco fue que apareció la figura de Gustavo Borrajo, quien era el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, por donde había pasado Eduardo Macri y, tras su renuncia a fines de 1997 –después de una denuncia periodística de ANALISIS, sobre cuentas en el Uruguay-, lo dejó a su sucesor y familiar, Marcelo Casaretto. Ni corto ni perezoso, el ex operador de las cuentas en Suiza de Macri –actual funcionario municipal- hizo contratar al estudio capitalino, en forma directa, donde también era socio, tal como demostrara la justicia entrerriana años después y lo condenara por el “ejercicio de negociaciones incompatibles con la función pública”.
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