Antonio Tardelli
Aún cuando se atiendan las explicaciones oficiales, y las intenciones extorsivas se atribuyan a la jueza María José Sarmiento y no al Poder Ejecutivo, el episodio de la detención de Luis Sarmiento, ex ministro de Gobierno de Misiones durante la dictadura, sigue reuniendo en sí mismo los elementos de esa estrategia. El promovido arresto de un coronel retirado, acusado de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, viene a cumplir la función legitimadora de un ortodoxo objetivo de política económica: el cumplimiento con los acreedores externos. La supuesta heterodoxia oficial, o sea, el controvertido empleo de las reservas, es apenas instrumental. El incidente de los Sarmiento, que gana las primeras planas a días de un nuevo aniversario del golpe de marzo de 1976, articula las diferentes direcciones estatales: política de derechos humanos y voluntad pagadora.
En general han sido los militantes de la izquierda quienes en la Argentina alzaron la voz contra los atropellos de la dictadura. También desde ese posicionamiento ideológico surgen las denuncias que, ya en democracia, se atreven contra el autoritarismo estatal. Tiene lógica, pero no tanta. Un auténtico liberal, sin parentesco alguno con la izquierda, podría haber asumido, tanto en la Argentina dictatorial como en la Argentina democrática, una encendida cruzada contra las violaciones de los derechos humanos. Pero en general los liberales no se internaron en esas batallas. Fueron excepciones (el periodista James Neilson, por ejemplo) quienes sí lo hicieron. Son una especie de rara avis. Ese perfil de sujeto, un moderado que se preocupa por la vigencia de las libertades, es el tipo de ciudadano que debiera sentirse a sus anchas en la Argentina kirchnerista, descolgadora de cuadros en Campo de Mayo y cumplidora como nadie con los acreedores externos.
Con un entusiasmo semejante al de los conversos, alardean la Presidenta Cristina y su esposo Néstor de la política de derechos humanos que sucesivamente han aplicado. Se golpean el pecho, como sintiéndose elegidos, y se enfervorizan tanto como cuándo despotrican contra un conglomerado opositor al que, sin matices, le enrostran todas las calamidades del pasado. Pero hasta en el análisis del heterogéneo bloque adversario se encuentran indicios de que la política de derechos humanos de los Kirchner no les pertenece, o no les pertenece en exclusividad, sino que su puesta en práctica era un mandato dictado al oído por los sucesos de 2001 y su carga de represión.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
