Romina Picolotti: "La única manera de resolver Botnia es con licencia social y hoy no la tienen"

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Reportaje a la ex secretaria de Medio Ambiente de la Nación y especialista en temas ambientales

Hugo Remedi

-¿Cuándo te amenazaron de muerte?
-En varias oportunidades, no sólo a mí sino también a mi equipo de trabajo.

-¿Y quiénes suponés que lo hicieron?
-No puedo identificar quién o quiénes lo hicieron. Dos días después de que prestara mi testimonio con respecto a las conductas del sector minero asesinaron a un activista en Méjico que protestaba contra una compañía minera canadiense, lo balearon en la puerta de su casa. Dos de los tres sospechosos del asesinato trabajan para la compañía minera que Roberto estaba denunciando. Esto sucede permanentemente. A la persona que estaba a cargo de la Unidad de Minería en la Secretaría, Juan Pablo, varias veces lo tuvo que atender una ambulancia debido a las presiones. Su secretaria terminó internada en un psiquiátrico, por el estrés. A esta Unidad para controlar al sector minero la creamos nosotros, no existía antes. Juan Pablo es un gran activista de derechos humanos, una persona de mucha trayectoria en la ONU, trabajó en campos de refugiados en Birmania, trabajó en Bosnia. No es alguien asustadizo, sin embargo me solicitó custodia policial.

-¿Qué consiguen realmente ese tipo de amenazas?
-Imagino que quien te amenaza pretende amedrentarte en tu trabajo, que te inmovilices, por eso nunca le di relevancia.

-¿Y por qué lo sacás hoy a la luz?
-Las amenazas es algo con lo que uno se acostumbra a convivir cuando trabaja en derechos humanos y ambiente, enfrentando grandes intereses. No fue la primera vez. Yo no lo saqué a relucir ahora, simplemente la prensa reflejó mi testimonio en el Parlamento canadiense. Me convocaron desde el Parlamento de Canadá a prestar testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Desarrollo en el marco del proceso de la sanción de un proyecto de ley para controlar el destino de los fondos públicos de aquel país en el sector minero. El proyecto de ley establece que en el caso de que las compañías mineras canadienses no cumplan con estándares de derechos humanos y ambientales en sus operaciones en el exterior, el Poder Ejecutivo canadiense no podrá invertir en ellas. Actualmente los fondos públicos que reciben estas empresas del gobierno canadiense son vitales. La Comisión de Relaciones Exteriores y Desarrollo del Parlamento canadiense evaluó dos situaciones: la de Argentina y la del Congo. En el país africano, la ONU produjo un informe que revela la complicidad y autoría de empresas mineras canadienses con gravísimas violaciones de derechos humanos. Por mi parte, simplemente relaté mi experiencia cuando pretendí que la Secretaría de Ambiente de la Nación se involucrara en el control del sector minero. Es positivo que el gobierno canadiense controle qué sucede con su dinero público. Si este dinero financia violaciones de derechos humanos o malas prácticas ambientales, Canadá es cómplice.

-Cuando fuiste funcionaria ¿viviste algo similar?
-Cuando era funcionaria decidimos cerrar Shell en el Dock, la presión fue enorme. Yo personalmente me comuniqué con la ministra de Ambiente de Holanda e iniciamos un positivo camino de colaboración institucional. La mayoría de los capitales de Shell son de la corona holandesa. Me parece positivo que los países nos relacionemos bilateralmente no sólo para la promoción de la minería sino también desde el control. Los glaciares y la reserva de Biósfera San Guillermo y el parque nacional homónimo serán necesariamente impactados por la explotación de oro y plata concesionada a empresas canadienses. Los argentinos unánimemente a través de nuestro Congreso decidimos que nuestros glaciares merecían protección legal. Sin embargo, nuestra Presidenta decidió vetar esta ley. La protección legal de nuestros glaciares necesariamente implicaba confrontar con intereses mineros. Yo no estoy en contra de la minería, estoy en contra de la minería irresponsable que no nos ayuda a combatir la pobreza. Siempre he abogado y trabajaré en pos de cerrar las venas abiertas de nuestra querida América Latina.

-¿Qué recursos naturales tenemos en peligro en Argentina y específicamente en la provincia de Entre Ríos?
-Bosques, glaciares, recursos hídricos, recursos pesqueros.

-¿Estás trabajando en algún proyecto político a futuro con algún dirigente entrerriano?
-No.

-¿Qué méritos podés acreditarle a tu gestión?
-Creación de la Unidad de Inspectores Ambientales. Cuando asumí a la Secretaría, el área de control ambiental era una oficina de 2 por 2 con computadoras viejas y la cantidad de inspectores la contabas en una mano. Al finalizar el primer año habíamos inspeccionado in situ más de 8.707 empresas, aplicamos 646 sanciones, 734 medidas preventivas y 120 clausuras y evitamos que prescriban 2.000 expedientes con multas. Nosotros pusimos mucho énfasis en la profesionalización de un equipo técnico que forjara una Secretaría capaz de barrer con el imaginario social de que el ambiente en la Argentina estaba librado al azar.

-¿Sabés qué pasó luego con toda esa estructura?
-Entiendo que la mayoría de esos equipos técnicos hoy se han desarmado. A los argentinos nos cuesta mucho respetar la continuidad institucional. El Plan de Riachuelo también fue importante. El hecho de que el Congreso, la Corte y el Ejecutivo se involucraran en la limpieza del Riachuelo fue muy relevante. Los argentinos no estamos acostumbrados a tener planes a largo plazo, éste es un plan claro con objetivos, acciones y plazos a 5, 10, 15 y 20 años. Se necesitarán varios gobiernos para limpiar el Riachuelo y los funcionarios deberán responder legalmente por lo que hicieron y lo que no hicieron. Gestionamos el crédito más grande en la historia de America Latina para ambiente, 800 millones de dólares. Hoy, ese crédito ya no está en el área de ambiente, cuando partí del gobierno fue transferido al Ministerio de Planificación.

-¿Qué impulsó la Ley de Bosques?
-La Ley de Bosques fue un trabajo bellísimo pues los argentinos nos movilizamos para la protección de nuestros bosques nativos. El trabajo mancomunado Poder Ejecutivo - sociedad civil para impulsar la ley fue fabuloso y logramos una ley modelo en el mundo: la prohibición de importación de tóxicos escondidos en juguetes a pilas; la obra de aireadores de lago San Roque, la principal fuente de agua potable de la provincia de Córdoba; obras de cloacas en La Matanza esperadas por la gente por años; clausura de basurales y remediación de sitios contaminados en más de 10 provincias del país; el centro de vigilancia ambiental de Río Tercero, algo muy esperado por la gente luego de la explosión de la Fabrica Militar; el Primer Laboratorio Latinoamericano para medir dioxinas y furanos en la leche materna; la inclusión de la educación ambiental en la currícula escolar; la erradicación, limpieza y cierre de 26 basurales caracterizados con residuos peligrosos; la creación de la Autoridad de Cuenca Salí Dulce, la cuenca hídrica endorreica más grande que tenemos en la Argentina. La verdad, es difícil resumir. Lo importante es que esto no lo hice yo sino todos aquellos argentinos que estamos comprometidos con el medio ambiente y que hicimos posible que el ambiente estuviera en lugar prioritario en la agenda política.

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