Antonio Tardelli
(Especial para ANALISIS)
Las dificultades financieras del gobierno de la provincia constituyen una realidad ya asumida por todos, al margen de dónde se ponga el acento al momento de explicar su origen. Todos reconocen, además, que el poder central ha acumulado recursos en una proporción notoriamente desventajosa para las provincias. Pero las parciales coincidencias de diagnóstico se bifurcan al tiempo de formular alternativas o encarar acciones. En ese plano, en general, las recetas no se detienen en los aspectos vinculados con la composición del gasto y hacen foco más bien en la necesidad de mejorar la obtención de recursos.
En ese sentido, como es natural, el gobierno recibe todas las críticas que se acumulan en los momentos de escasez. Desde el primer día ató su suerte a la recaudación del Estado nacional. Necesitado de sostenes firmes, sabedor de que las internas del partido de gobierno le exigían alianzas sólidas, el urribarrismo se alineó automáticamente con la Presidenta quedándose sin margen para rebeldías que la institucionalidad centralista justifica sobradamente. Su ecuación fue sencilla: ante una muy improbable reforma del actual régimen de coparticipación, entendió que su mejor opción era cobijarse en los funcionarios nacionales que, con poder discrecional, deciden a qué gobernador le llegarán los recursos y a quién se le retacearán. Aún cuando ministros provinciales admiten públicamente lo pernicioso de la situación, la opción del gobernador permanece inconmovible.
La oposición con eje en el radicalismo, mientras tanto, hace lo previsible. Levanta un discurso irreprochablemente federal, difícil de cuestionar en el intercambio de argumentos y más endeble en el terreno de la verificación de su puesta en práctica durante su última experiencia de gobierno. A diferencia de lo ocurrido en los primeros años de la democracia recuperada, no hubo en los cuatro años del gobierno radical/aliancista planteos institucionalmente firmes tendientes a que Entre Ríos recuperara los recursos perdidos durante la década del peronismo menemista. Algunas voces radicales que se levantan en la Legislatura, y el diputado nacional electo por el Acuerdo Cívico y Social, Atilio Benedetti, han efectuado, sí, puntualizaciones que correctamente denuncian los zarpazos lanzados contra las finanzas provinciales.
Pero el escaso peso de la UCR en el aparato institucional hace que las críticas más dolorosas que recibe el Poder Ejecutivo sean las surgidas de sus propias filas. Distanciado del oficialismo nacional y provincial, el bustismo inició este año un acercamiento a las posturas menos complacientes con el poder central. Sus legisladores nacionales, que paulatinamente se acercaron a las demandas rurales y a sus anexos federalistas, difundieron documentos que ligaron los históricos postulados del justicialismo a los reclamos actuales de las provincias. El planteo es razonable pero se torna endeble –incluso en mayor medida que en el caso de los radicales– en virtud de que las gestiones del peronismo entrerriano consintieron los avances del poder central en desmedro del interior.
El sindical es el otro espacio que mira en dirección a la Casa Rosada al momento de buscar fuentes de financiamiento que permitan aliviar la estrechez entrerriana. Pero tampoco aquí hay homogeneidad. Los sectores que integran la Intersindical apuntan a la postergación que sufren las provincias, que paulatinamente han visto retroceder su participación relativa en el reparto de los fondos. Pero, diferenciándose también en ese punto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se detiene en las evidentes dificultades políticas que comporta una reformulación del sistema. Para avanzar en esa dirección es imprescindible el concurso de todos los gobernadores, la aprobación del Parlamento y la ratificación de las legislaturas provinciales. En ese sentido, sin renegar de la reivindicación pero situándose en un lugar que considera más realista, hace eje en la necesidad de mejorar la performance de la Dirección General de Rentas (DGR). Respaldándose en elementos técnicos, critica fuertemente al ministro de Economía, Diego Valiero.
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