Silvio Méndez
La semana pasada se conoció que un grupo de organizaciones ecologistas constató que la empresa holandesa Bema Agri BV continúa con la explotación agrícola en la isla Itapé, en el departamento Victoria, pese a la orden de cese por parte del gobierno provincial. En una recorrida a campo se comprobó el acondicionamiento del terreno y una segunda siembra de trigo que llevó adelante la firma, aún con la prohibición en el uso de plaguicidas y la falta de autorización para la realización de un gigantesco terraplén que ya se levantó en el lugar.
De acuerdo a lo informado, en una segunda recorrida por los riachos que bordean la isla Itapé, a unos 8 kilómetros de Villa Constitución, un equipo formado por Taller Ecologista (Rosario) y el Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución) verificó que Bema Agri BV continúa su actividad habiendo casi completado la extensión de un terraplén de unos 30 kilómetros en la propiedad, ubicada entre los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles.
Como se recordará, el caso trascendió a mediados de 2008 a partir de denuncias que apuntaban la edificación de un gigantesco terraplén para escurrir aguas con fines agrícolas que fueron realizados sin autorización del gobierno provincial, que tiene a cargo la regulación de este tipo de infraestructuras que afectan cursos de aguas y zonas de humedales. Tras conocerse el hecho, en septiembre de 2008, la Secretaría de la Producción de Entre Ríos labró una resolución e intimó a los propietarios para que en un plazo de 60 días paralizaran las obras hasta tanto “regularicen la situación”. Tras una primera expedición de los ambientalistas en febrero de 2009 donde se verificó el caso omiso a esta orden, nuevamente se repitió un llamado de atención oficial en marzo de este año.
En las notificaciones se establecía la suspensión en la edificación del dique en la isla hasta tanto el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) pudiera expedirse sobre el proyecto de la factibilidad de la obra de infraestructura y el impacto ambiental que, dicho sea de paso, ya estaba consumado. Desde entonces, este organismo colegiado encargado de la aplicación de la Ley provincial Nº 9.172 que regula del uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en el territorio provincial, no ha tratado el problema, a la espera de los informes técnicos de las áreas de Producción y la Dirección de Hidráulica.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
