La frase que ilustra el título pertenece a Alfredo Pérez Galimberti, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, que estuvo el jueves en Paraná. Una breve charla con ANALISIS fue suficiente para dar cuenta de lo que realmente significa, en términos filosóficos e históricos, el cambio de un sistema de enjuiciamiento a otro y que hoy se está llevando a cabo en Entre Ríos. En esta nota también se transcriben las reformas más importantes de los proyectos de ley sobre el Ministerio Público Fiscal, imprescindible para poner en marcha en toda la provincia el nuevo Código Procesal Penal.

Federico Malvasio

Los eximios especialistas en Derecho Penal y Procesal Penal Alberto Binder y Alfredo Pérez Galimberti llegaron el jueves pasado a Paraná para presidir las jornadas de capacitación judicial en función de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. La actividad –destinada a magistrados, funcionarios y empleados- estuvo organizada por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Juan Bautista Alberdi, del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Dadas las circunstancias de las acotadas horas en que los juristas estuvieron en esta capital y la ajustada agenda, ANÁLISIS logró dialogar con Pérez Galimberti, quien trazó un breve pero preciso paralelismo entre el sistema de enjuiciamiento que aún se aplica en la provincia y el nuevo, que comenzó a ponerse en práctica en Concordia con el nuevo Código Procesal Penal. El catedrático, con exactitud de matemático, desempolvó viejos debates y se entusiasmó con la posibilidad de que en algún momento se comience a debatir la implementación del Juicio por Jurados.

-¿Cuánto llevó empezar a hablar sobre un nuevo sistema de enjuiciamiento?
-Este proceso se inicia con la presentación del Código Procesal Penal de Julio Mayer en 1986. Se hubiese convertido en Código en 1989, pero le faltó un voto en el Congreso de la Nación. Aunque la Argentina no tuvo suerte, sí la tuvieron países como República Dominicana, Guatemala, Chile y Bolivia. América Latina tomó estas herramientas del proceso penal luego de 800 años en el que imperó el sistema inquisitivo, para luego pasar a un sistema inquisitivo reformado que tiene sus inicios el año 1808. Allí nace el código de instrucción penal francesa.

-¿El cambio es de formas o de fondo?
-Este sistema de enjuiciamiento supone que la investigación penal pasa al fiscal, ¿por qué?, porque es él quien gestiona el interés de la víctima. El interés del imputado es, como siempre, gestionado por su defensa. Pero los jueces no gestionan intereses y no deben hacerlo por la sencilla razón de que no puede oponer un interés sobre otro. Imagínese que toda la comunidad pensara que tal caso debería ser castigado. El juez de Instrucción, que es la figura que aún impera en muchos lugares del país, si investiga una hipótesis no es un tercero imparcial. Ahora, con este sistema, se lo quita de la etapa de investigación para pasarlo a un lugar donde sólo toma decisiones. Sigue siendo el encargado de preservar las garantías.

-¿Cuáles serían las garantías que hoy el Estado no protege?
-El Estado tiene un gran poder y tiene que fortalecerlo para evitar la impunidad. Es decir, llevar a cabo una política criminal de aquellos conflictos penales de mayor lesividad donde la comunidad necesita respuestas. El contrapeso de esto es la necesidad de un juez que controle que esta política criminal y la investigación no violenten las garantías esenciales de la Constitución Nacional. El ciudadano que ha sido afectado ahora tiene participación. Es decir que puede decidir si quiere o no continuar con el caso o llega a un acuerdo con la otra parte (NdelaR: el jurista se refiere a los métodos de mediación para no llegar al juicio). Para el Estado con el sistema anterior el problema no estaba en el daño que Juan le causó a Pedro, sino que se ha desobedecido. Entonces, la Justicia toma a la víctima como un insumo para probar esa desobediencia. Ahora, mientras tanto, a esa víctima la hago esperar, le devuelvo las cosas muy tarde y lo que ya todos sabemos. Esto es una actitud contraria a repensar la gobernabilidad, el derecho penal y la posibilidad de bajar el nivel de violencia en los conflictos. Con este sistema, que quede claro, no se cambia el estatuto del imputado en el que una persona es inocente hasta tanto un juez inscriba un hecho atribuido al sujeto.

-¿Es el fiscal el hombre clave?
-La Fiscalía crece, porque el fiscal ya no es una persona que mira el expediente y opina, sino que tiene que construir el caso para presentárselo a un juez y decirle, por ejemplo, que tal hombre es culpable. El que comandaba la investigación era el juez. Ahora está retirado, pero es el que decide este caso si se toma o no, sea porque es de menor lesividad y se lo puede resolver a través de otros sistemas que terminan siendo mejor para los protagonistas.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)