Conocer cuáles son las obras públicas que se financiarán con los derechos de exportación de la soja y en qué estado se encuentran los proyectos no es nada fácil. En eso incide la falta de respuesta a un pedido de información pública que se presentó ante un organismo oficial y fue derivado a otro. A raíz de la demora infundada se formuló una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública.
Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)
-Buen día. Quiero saber si hay respuesta a este pedido de información pública-, dijo el periodista extendiendo un volante en el que figuraba el número del expediente que se había generado en agosto pasado.
-Un momento que voy a averiguar-, contestó el empleado.
El hombre tomó el papel y traspuso la puerta que separa a la Secretaría Privada del despacho del director de Arquitectura y Construcciones, donde estuvo poco más de un minuto.
Cuando regresó, y tras devolver el comprobante que se le había entregado, ensayó una respuesta para justificar la dilación oficial. “El director no se encuentra en este momento porque está en la Secretaría de Planeamiento. Y no veo sobre su escritorio que haya una respuesta a lo que está buscando”, señaló el empleado.
-Lo que pasa es que ya se venció el plazo para la respuesta que marca del decreto…
-Sí, pero por ahora no hay novedades-, contestó el hombre ante la insistencia del peticionante.
El trato fue amable y cortés; la respuesta, idéntica a la recibida en otras dos oportunidades. Fue el viernes de la semana pasada en la Dirección de Arquitectura y Construcciones de Entre Ríos, adonde el autor de esta nota concurrió con la intención de obtener información oficial sobre las obras públicas que la gestión del gobernador Sergio Urribarri piensa ejecutar a través del Fondo Federal Solidario, conformado con parte de la recaudación por los derechos de exportación de la soja.
La primera vez que el cronista concurrió a buscar la información en el organismo a cargo de Oscar Marelli fue el 1º de septiembre último. Ya había vencido el plazo de 10 días hábiles que establece el decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo entrerriano, y la petición había sido derivada seis días antes a la Dirección de Arquitectura desde la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura.
La consulta había sido dirigida inicialmente al titular de ese organismo, Guillermo Federik, pero al cabo de unos días el funcionario decidió derivar a Marelli, uno de sus subordinados, el expediente 1027570, caratulado “Ref. Sol/Información sobre obras ejecutadas por esta Secretaría (Decto. 1.169/05 GOB)”.
Eso obligó a acudir a la Dirección de Arquitectura, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno. La primera respuesta negativa fue el 1º de septiembre, la segunda se produjo dos semanas después (15 de septiembre) y la última fue la del viernes de la semana anterior (25 de septiembre).
Pese a que se había dejado un domicilio para notificaciones, tres números telefónicos –dos líneas fijas y una móvil- y una cuenta de correo electrónico para el caso de registrarse novedades, jamás se formalizó un pedido de prórroga para responder ni se informó sobre demoras en la tramitación del expediente.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
