En la Cámara de Diputados se redacta un proyecto de ley que reglamentará el funcionamiento y conformación del Consejo de la Magistratura. De aprobarse la iniciativa del oficialismo, el Superior Tribunal de Justicia se quedaría con una porción importante de veto que opacaría al organismo asesor. Un repaso de los pedidos de reconsideraciones e impugnaciones por parte de concursantes que quisieron acceder al Poder Judicial deja espacio para la desconfianza. ANALISIS cuenta las posibilidades que se están estudiando y las arbitrariedades que aún no tienen respuestas.

Federico Malvasio

La reglamentación del Concejo de la Magistratura avanza en la Cámara de Diputados. Allí se cocina, por estos días, cuál será la conformación y cómo funcionará el organismo asesor del Poder Ejecutivo por el cual se designan magistrados por medio de un sistema de evaluación. El primer paso se dio el año pasado cuando la Convención Constituyente le otorgó rango constitucional.

Por aquellos días de debate, los convencionales, con buen criterio, decidieron no avanzar demasiado sobre el organismo, ya que entendían que en gran medida lo establecido en el Decreto 39/06 que creó el Consejo era correcto. “En la Constitución no se pueden establecer cuestiones reglamentarias”, se dijo al unísono cuando se sacaban a relucir las arbitrariedades a las que se sumergía el sistema en sus diferentes etapas del proceso evaluatorio. El momento de poner en la mira las anomalías llegó, pero a la vista no se avizoran soluciones concretas para perfeccionar el organismo y terminar con cualquier irregularidad que profundice las críticas que con más frecuencia golpean al Consejo de la Magistratura.

Más poder

En la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se estudian dos proyectos de ley para reglamentar el Consejo. Uno fue presentado por el oficialismo, luego de unificar propuestas de sus legisladores; y el otro, por el bloque radical.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)