Silvio Méndez
El viernes pasado, en la ciudad de Basavilbaso, el Congreso Extraordinario de AGMER aprobó un durísimo plan de lucha que incluye un cronograma de cuatro jornadas de huelga con movilización que comienza esta semana. Las protestas fueron programadas en el marco de la pelea por el salario docente, la devolución de los días descontados por paros y, como nuevo elemento, la citación judicial a dirigentes sindicales en una causa por “desobediencia civil” iniciada por el gobierno. En diálogo con ANALISIS, el secretario general del gremio, César Baudino, afirmó que con esta última medida el Poder Ejecutivo “se pasó de la raya” en otro intento por desarticular el conflicto. Además, sostuvo que la devolución de los haberes restados es innegociable, que la medida viola los derechos humanos y la salida sigue estando en manos de la provincia.
En un escenario de creciente escalada del conflicto entre el gobierno y sector docente, esta semana la Justicia tenía previsto indagar a seis altos dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). La causa fue iniciada en 2008 por el Poder Ejecutivo, pero la medida judicial prevista para este jueves –en coincidencia con la primera jornada de huelga y movilización programada por el sindicato– se suspendió por irregularidades en el procedimiento. Igualmente, la acusación de “desobedecía civil” seguirá en trámite, así como una pulseada que, hoy por hoy, no parece tener límites en su tensión.
En diálogo con ANALISIS, el secretario general de AGMER, César Baudino, evaluó la situación en la cual no ve perspectivas de cambios, ni siquiera luego de las elecciones legislativas que se realizarán a fin de mes. Asimismo, afirmó que la “llave” para la resolución de las diferencias la sigue teniendo el gobierno provincial, ya que consideró que ha cerrado los canales de diálogo o respuesta propuestos. En relación con los descuentos sufridos por los trabajadores de la educación como sanción por los días de paro, los calificó como una violación a los derechos humanos y aseguró que su restitución es innegociable. En este sentido, apuntó que la judicialización de la protesta surge a partir de la imposibilidad de no poder quebrar el plan de lucha, en un intento de disciplinamiento donde la administración del gobernador, Sergio Urribarri, se extralimitó.
–¿Han evaluado qué techo puede alcanzar el conflicto con el gobierno provincial?
–El techo no lo ponemos nosotros, lo pone el gobierno porque hay una clara política provincial y nacional de intentar amedrentar o quebrantar las luchas docentes. Creo que el kirchnerismo no se bancó el conflicto de Santa Cruz de 2007, donde se pasó de un básico de 161 pesos a 1. Visitamos a los compañeros de Asdosac (Asociación Docentes de Santa Cruz) y vimos que aunque las condiciones sean distintas, la política del gobernador (santacruceño Daniel) Peralta y de (Sergio) Urrribarri son similares, descontando salarios, atacando a los dirigentes y posicionando a los docentes, siendo que tenemos un proyecto político-pedagógico-sindical, pero no somos la oposición partidaria. En todo caso, tenemos una posición distinta a la del gobierno; pero no vamos a elecciones, no van a encontrar en ninguna boleta.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
