Federico Malvasio
Empleados del Consejo General de Educación iniciaron una causa judicial por el cobro de un adicional otorgado por el gobierno de Sergio Montiel y omitido, en partes, en épocas de Jorge Busti. En la demanda contencioso - administrativa contra la cartera educativa los trabajadores reclaman el cobro “completo y correcto” de lo que, entienden, les corresponde desde diciembre de 2005. ANALISIS, que tuvo acceso a la presentación judicial y a la documentación del caso, cuenta la historia de decretos reglamentarios que terminaron perjudicando el salario del empleado de planta.
La historia puede tener su inicio el 26 de diciembre de 2005. Ese día se dictó el decreto 9.186, entendido como una trampa para los trabajadores del Consejo General de Educación (CGE), que hoy se encuentran a la espera de una respuesta de la Justicia.
La ley provincial 8.620, sancionada por la Legislatura en enero de 1992, establece los niveles de remuneraciones en concepto de sueldos para las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. La norma siempre fue tildada, con cierta razón, de permitir desigualdad en el ingreso del empleado público. Tal ley sólo se refiere al funcionario político que, generalmente, llega y se va con la gestión de gobierno.
Desde los gremios de empleados estatales se hurgó siempre por un sistema de enganche que permita una actualización equilibrada en los salarios. “No es lindo ver que un jefe se incrementa el sueldo tres o cuatro veces durante la gestión y el empleado de carrera la mira desde lejos”, resumió un dirigente sindical.
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