Nada es para siempre

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El procurador general Jorge García pidió que se reactive la causa contra Alanis y Crettón Pereyra

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, logró que se reactive la causa por desvíos de fondos públicos del Senado provincial, que involucra al ex vicegobernador y actual funcionario, Héctor Alanis, como así también a su ladero, el ex director administrativo José Maximiliano Crettón Pereyra. Según pudo saber ANALISIS, esta semana tuvieron que declarar ex empleados jerárquicos de la Cámara Alta entrerriana. El expediente por el desvío de más de 20 millones de dólares estaba paralizado e incluso el juez Gustavo Maldonado se negó al planteo de la fiscal Sandra Terreno, cuando solicitó una serie de pruebas.

D. E.

La causa siempre le quemó las manos al Poder Judicial. En especial, al juez en quien recayó la denuncia: Héctor Eduardo Toloy, militante reconocido del Partido Justicialista, ex funcionario del entonces intendente de Paraná Juan Carlos Esparza y ex asesor del bloque justicialista a partir de 1987. Pero Toloy, con esa mueca de circunstancia que lo caracteriza, siempre miró para otro lado y prendía otro cigarrillo, tratando de desestimar cualquier reclamo. Tendría que haberse excusado, pero nunca lo hizo; era mejor estar allí, en ese lugar, para que nada se supiera; para que nunca avanzara una investigación por hechos vergonzosos, como el desvío de fondos públicos y por una cifra millonaria.

Tampoco hizo demasiado su sucesor, Gustavo Maldonado, quien conocía al dedillo la denuncia presentada a fines de 2000 por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cuando asumió como juez, siguió el mismo itinerario de su ex jefe jubilado. “No está la documental”, repetían cada vez en el despacho de calle Laprida, siempre con olor a cigarrillo y marcas de tabaco por diferentes lugares. Esa documental fue la que –según testigos que nunca se animaron a contar la verdad de los hechos y dar la cara por miedo a las represalias del poder– se robaron de un armario ubicado en oficinas de la Vicegobernación, el mismo día en que el radical Edelmiro Tomás Pauletti asumió en el cargo y, por falta de práctica administrativa, se firmó con normalidad un “recibido” que nunca se tendría que haber aceptado en virtud del faltante de dinero que jamás encontró como irregular el personal capacitado del Tribunal de Cuentas.

La denuncia era clara y contundente, pero nadie quiso avanzar. Según ese primer escrito –al que luego se fueron anexando otros–, a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados, integrando las erogaciones destinadas a la Cámara de Senadores, el entonces vicegobernador Héctor Alanis, con la participación y presuntamente con la previa concertación de José Maximiliano Crettón Pereyra y Maximiliano Alanis –sobrino del ahora funcionario provincial–, “realizaron maniobras consistentes, principalmente, en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente”, por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares, ya que se estaba aún en el valor uno a uno. Además, el ex vicegobernador y Crettón Pereyra, dispusieron “en forma arbitraria e ilegal” de más de 5,2 millones de pesos, que les fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de servicios no personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, “a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto, justificada”. Además, tampoco existía la individualización de los contratos y los de los titulares, hecho que impedía “establecer los importes correspondientes a cada uno”.

Los responsables de la Administración de la Cámara de Senadores –a partir de la llegada de Sergio Montiel y Pauletti- no pudieron encontrar las resoluciones que habrían dispuesto durante 1999 la supuesta contratación de personal, como tampoco los instrumentos de los contratos ni los recibos de percepción de las retribuciones, excepto una "pequeña nómina". Así fue que los montos supuestamente destinados al pago de contratos no habrían ingresado en el movimiento administrativo y contable; "por lo tanto, habrían sido desviados hacia otros fines totalmente desconocidos con evidente ilicitud y grave perjuicio al Estado, sin que los funcionarios encargados del control de las cuentas advirtieran que las sumas denunciadas como transferidas no ingresaban y, por ende, no se rendían ante el Tribunal de Cuentas que practica una auditoría permanente de control selectivo en el Senado", continuaba diciendo la denuncia.

En la entonces denuncia de la FIA, la "operación ilícita" se habría efectuado a través de la apertura de una cuenta corriente bancaria dispuesta mediante decreto de la Presidencia de la Cámara de Senadores, cuyos movimientos "no fueron declarados por los responsables ni tenidos en cuenta por los auditores delegados del Tribunal de Cuentas" al momento de analizar las rendiciones. A través de esta cuenta, los responsables "efectuaron todas las maniobras de extracción de fondos públicos sin que medie comprobante alguno del destino o de lo realizado con dichos importes". Ese 11 de diciembre de 1999, el entonces director de Administración de la Cámara de Senadores, Crettón Pereyra, al entregar la documentación correspondiente señaló que existía una única cuenta corriente con la cual operaba la Vicegobernación y que, llamativamente, no se trataba de la denunciada.

La presentación inicial habló de cerca de 6 millones de dólares. Las que se fueron anexando comprobaron un desvío de fondos más de 20 millones de dólares.

Varios de los protagonistas de esta historia se cuidaron bastante con el dinero. El ex vicegobernador Alanis, que tiene una clínica con su esposa y mueven un importante caudal de dinero, siempre tuvo un buen pasar. Su sobrino Maximiliano Alanis hizo algunos negocios menores (reside en Crespo, tiene una casa también en Paraná, pero junto a la familia de su esposa tendría un supermercado en una localidad del norte de Santa Fe e incluso existirían otras inversiones en campos de tal zona) y recientemente terminó denunciado (aunque también radicó una denuncia) por su supuesto rol de intermediario en la compra de camiones a una persona, en una extraña operación donde se vieron afectadas más de 70 personas que habían entregado dinero a cuenta y nunca tuvieron el camión.

El hijo del ex vicegobernador, Alcides, se había ido a estudiar ingeniero forestal a Eldorado, en la provincia de Misiones. Actualmente trabaja en servicios forestales, tanto en Santo Tomé (Corrientes), como así también en Eldorado.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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