Luis María Serroels (*)
Cuando se consumó la orquestada maniobra de anticipar la fecha de las elecciones, dijimos que esto era sólo un primer capítulo de una estrategia que podría ser continuada por otras acciones reñidas con leyes escritas y éticas, en la medida que las encuestas sigan disgustando al establishment gobernante. Resulta vergonzante y deprimente para la democracia, que ciertos políticos se escuden en lo que la ley no prohíbe (aunque siempre habrá media biblioteca para cada lado), importándole un bledo lo que choca con los más elementales principios de la ética. “Hecha la ley hecha la trampa” es una frase casi axiomática en nuestras más añejas y perversas costumbres. El kirchnerismo ha tomado el territorio nacional como un inmenso coto privado y hace de las instituciones y las leyes un guardarropa donde cada prenda se confecciona a medida de sus intereses y necesidades. La desesperación ante el peligro de perder la hegemonía que tantos desatinos le ha permitido consumar al matrimonio del doble comando y sus aliados, que cohabitan bajo el mismo paraguas protector, hace perder –por falta de escrúpulos– el respeto por las reglas de juego, llevando al abandono del bien común como vocación y sostén de la auténtica política.
La obnubilación de los sentidos traducida en estas reacciones espasmódicas, no les permite a los gestores de decisiones moralmente fronterizas advertir que la idea de integrar sus listas con gobernadores e intendentes en ejercicio, más allá del fraude y la estafa a la ciudadanía, constituyen una muestra acabada de una clara debilidad y un temor serval a una caída que preanuncie otra hecatombe en 2011.
Historia de fraudes
Fraudes, estafas, atropellos institucionales, proscripciones y discriminaciones han existido a lo largo de nuestra historia. Ella nos muestra que la primera ley electoral argentina sancionada en la provincia de Buenos Aires en 1821, estableció el sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres, pero limitaba la facultad de ser elegido para cualquier cargo sólo a los propietarios. Semejante absurdo tuvo un contundente efecto y respuesta en la población: sobre 60.000 personas, únicamente 300 acudieron a votar.
La Constitución de 1853 dejó un vacío jurídico en cuanto al sistema electoral, cubierto parcialmente por la Ley Número 140 de 1857. El voto era masculino y cantado, debiendo hacerse por lista completa donde figuraban todos los cargos (bancas y puestos ejecutivos) de modo que el que ganaba se llevaba todo y la oposición quedaba prácticamente sin representación. Claro que el voto cantado significaba para el sufragante el riesgo de perder su empleo e incluso la propia vida si su predilección no se orientaba hacia el caudillo dominante en su circuito electoral.
Se llegó a hacer valer la libreta de los muertos, comprar votos, quemar urnas y falsificar padrones, en una demostración de las clases dominantes de su desprecio por la democracia real, erigiéndose en dueños y señores del derecho a gobernar el país, como si éste fuera una propiedad privada (cualquier similitud con épocas actuales no es mera coincidencia). Por eso es válido sostener que hubo presidencias que resultaron ilegítimas en origen, porque los mandatarios arribaron al gobierno gracias a maniobras electorales fraudulentas. No otra cosa fue la marginación de grandes mayorías populares del sistema político, complementado con la clásica exclusión social.
La sanción y aplicación de la Ley Sáenz Peña, garantizando el voto secreto, universal y obligatorio a todos los varones mayores de 18 años, obró como válvula de descompresión y fue un importante avance, aunque mantuvo la misoginia política que desconocía el derecho de las mujeres a expresarse en el cuarto oscuro y ser electas, algo que se obtendría recién en 1947 por impulso de Eva Perón, tras varios intentos infructuosos. Así fue que en 1916, arribó a la Casa Rosada Hipólito Yrigoyen en su calidad de primer presidente elegido en comicios libres y sin fraude de toda nuestra historia
Luego de la Revolución de 1930 que destituyó a Yrigoyen de su segundo mandato, significando la irrupción violenta del poder militar en los procesos políticos, tras la dictadura del general José Félix Uriburu se reinstalaron las malas prácticas. En 1931 y en un grosero simulacro de elecciones, se plasmó un fraude escandaloso, los opositores fueron encarcelados, se violaron los sobres reemplazando boletas no adictas por las listas oficiales y hasta se hallaron en algunas urnas 300 votos, cuando solamente habían votado 260 ciudadanos. Gustos que la impunidad les proporciona a los avasalladores de la Constitución. Ante esto, los generales usurpadores se ufanaban llamándole “fraude patriótico”, porque –decían– se había realizado “para salvar a la Patria de la chusma radical”. El general Agustín P. Justo, elegido mediante esta barbarie institucional, perfeccionó este sistema doloso, consagrando la célebre frase de “usted ya votó” a quienes no lo habían hecho, secuestrando libretas de enrolamiento, falsificando actas de votación y cambiando urnas.
Pero ha habido más. Caído el gobierno de Juan Perón en 1955, dos años más tarde la autodenominada Revolución Libertadora convocó a elecciones constituyentes después de haber derogado por simple decreto la Carta Magna de1949. En 1957 se realizan esos comicios en los cuales los que se calificaban como restauradores de los derechos y las libertades públicas, proscribieron al partido peronista que, masivamente mandó votar en blanco superando individualmente a cualquiera de las fuerzas que “democráticamente” habían aceptado este atropello a los derechos básicos de todo ciudadano.
Hoy corren otros tiempos pero subsisten antiguas mañas. El anuncio de que por decisión del ex presidente con mandato ilegal autoprorrogado, los gobernadores e intendentes que sean escogidos, deben aceptar integrar las listas de candidatos a diputados nacionales del oficialismo, no reconoce antecedentes de este tipo. Se trata de utilizar personas que aún no han alcanzado la mitad de sus respectivos mandatos, como caballo de batalla o mascarón de proa. Este préstamo de identidades sólo tendrá vigencia hasta el día de los comicios, porque luego cada uno retornará a su sillón.
Esto quiere decir que quienes voten atraídos por determinadas figuras, se quedarán con las ganas. Por corrimiento, otros serán los que lleguen a las bancas del Congreso. Por más que algunos procuren cohonestar semejante aberración, esto es una estafa con todas las letras.
El ardid resulta patético y vulnera preceptos esenciales de la política que cada día se pierden en la nebulosa de la inmoralidad. Es cierto que lo que no está prohibido está permitido. Pero objetivamente, salir a pedir adhesiones anunciando nombres que ya de antemano se sabe que no asumirán, es el acabóse de la cultura política que se necesita para ser una auténtica República y que se base en la buena fe y en las prácticas decentes.
Ahora ya nada podrá extrañar. Un grupo de mandatarios provinciales ya están anticipando que no se sumarán a esta aventura. Pero imaginemos que Sergio Urribarri, quien hace poco más de un mes le dijera al semanario ANALISIS (y lo ratificara semanas después por otros medios) que la lista entrerriana saldría del consenso de todos los compañeros del PJ, ahora responda afirmativamente a esta virtual orden de guarnición. ¿Qué argumentos podrá ensayar? ¿Cómo puede ser que una elección netamente legislativa de renovación parcial de bancas, se transforme en un plebiscito para presidenta, gobernadores e intendentes? Si es esto lo que se busca, efectúese entonces una consulta popular y a otra cosa. Aplicando la autoritaria jugada del dueño del poder que habita en la Quinta de Olivos, su esposa también podría integrar la lista de diputados y luego del 28 de junio retornar a Balcarce 50. Toda forma tramposa de buscar caminos para consolidar el poder, no hace más que confirmar que los argentinos no hemos aprendido las lecciones de la historia. Esto sobrepasa todo lo previsible y tolerable, poniendo una grave mácula sobre un sistema que todos necesitamos preservar.
(*) Nota publicada en ANALISIS DIGITAL.
