La frase pertenece al abogado Walter Martínez, que en abril del año pasado fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de falsedad ideológica de instrumento público y estafa, para intentar apropiarse de la millonaria herencia del estanciero José Alberto Antonio Reggiardo, muerto en un accidente de helicóptero en 1998. Sin embargo, su arresto y el de los otros dos condenados se definirá en pocas horas, según confirmaron fuentes judiciales a ANALISIS. Mientras tanto, Martínez y sus cómplices ensayan estrategias y chicanas judiciales para dilatar lo que parece inevitable. Y en el medio circulan rumores de fuga.

Juan Cruz Varela
(desde Nogoyá)

–No m’hijo, yo no puedo hablar hasta que salga la queja y ahí se va a conocer toda la verdad de lo que me han hecho los jueces de la provincia. Para eso está mi abogado en Paraná…
–Pero doctor, es inminente el libramiento de una orden de detención en su contra…
–No, esas son todas mentiras. A mí nadie me va a detener. Pero le puedo asegurar que no me cambia nada eso porque hace casi un año que estoy condenado…

–Sí, pero ahora la sentencia quedó firme.
–No, de ninguna manera, todavía está pendiente el recurso de queja ante la Corte Suprema, así que no me pueden detener.
El reloj marcaba las 11 en punto, cuando el abogado Walter Martínez salió del coqueto estudio que tiene en Alem 1074, en pleno centro de Nogoyá, a una cuadra de calle San Martín, a la que llaman “peatonal”, aunque en realidad es apenas una acera de veredas anchas y arterias más angostas. Su secretaria había advertido un ratito antes que saldría de viaje. Parecía apurado y para colmo había llegado tarde al estudio, donde lo esperaban un par de audiencias con clientes. Salió al cabo de unos minutos. Tenía una carpeta bajo el brazo, lucía bronceado, con el cabello entre rojizo y violeta, camisa y pantalón de vestir oscuros. Después de ese breve diálogo en la calle y a las corridas, se subió a su camioneta Ford Ranger color bordó con vidrios polarizados y marchó con rumbo desconocido.

Hace dos semanas, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso extraordinario federal presentado por los abogados de los tres condenados por la estafa que montaron para quedarse con la millonaria herencia del estanciero José Alberto Antonio Reggiardo, de Victoria, y en las próximas horas se ordenaría su detención. Aunque los condenados podrán acudir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación –y así lo harán–, la resolución del alto cuerpo entrerriano deja firme la sentencia impuesta por la Cámara del Crimen del Gualeguay que condenó al abogado Walter Martínez a cuatro años y seis meses de prisión, a la docente María Angélica Godoy a cuatro años y al escribano Luis Galli a cuatro años y cuatro meses, por considerarlos coautores materiales y responsables de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas y estafa.

Así las cosas, la detención de los tres condenados es cuestión de horas después de que en el STJ recibieron las constancias de notificación de los abogados y el expediente fue devuelto por la Sala Penal a la Cámara del Crimen de Gualeguay, donde lo esperan para librar las órdenes y hacer que se cumpla la pena. De todas maneras, la demora que hubo entre un trámite y otro no dejó de llamar la atención. Es que las partes se notificaron del rechazo del recurso extraordinario dentro de los cinco días hábiles y la bolsa con el expediente y la resolución de la Sala Penal recién llegó este jueves a Gualeguay, es decir, 14 días después, cuando hay una distancia de 200 kilómetros.

Sin embargo, el abogado Marciano Martínez rechazó la posibilidad de que se libre una orden de detención, por considerar que “de ninguna manera la sentencia está firme”, a raíz del recurso de queja que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e inclusive afirmó que “quien dijo que era inminente el dictado de una orden de detención desconoce el Derecho: una cosa es la sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario y otra cosa es una sentencia firme. La sentencia definitiva es una concepción procesal que establece que había que terminar con todos los estadios procesales para llegar a la Corte Suprema; en cambio, la sentencia firme es cuando ya no hay más recursos y la pena no se puede impugnar más. Esa es la distinción que se hace”. La discusión parece centrarse en una cuestión semántica en la que el abogado pretende echar mano a esa máxima de que nadie podrá ser condenado sin juicio previo y la condena recién se hará efectiva cuando el juicio esté terminado.

Sin embargo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece claramente en su artículo 285, en lo referido a la queja por denegación de recursos, que “mientras la Corte Suprema no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso”. Así se entiende entonces por qué Martínez presentó un escrito solicitando que su cliente –y también los otros dos condenados– permanezca en libertad hasta que se expida el máximo tribunal.

En el mismo sentido se expresó una alta fuente del Superior Tribunal de Justicia, en diálogo con este semanario: “Si se denegó el recurso federal se hace de cuenta que la sentencia está firme, salvo que la Corte Suprema dé curso a la queja y lo revoque dentro de las instancias ordinarias; pero una vez que se deniega un recurso extraordinario federal, la sentencia queda firme aún cuando queda el derecho de ir en queja y ahí se abra. Se supone que agotadas las vías normales, que son sentencia condenatoria de Cámara, recurso de casación ante el Superior Tribunal en el que se puede analizar el expediente y recurso extraordinario, la sentencia queda firme”. En conclusión, en las próximas horas se ordenará la detención de los tres condenados.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)