Tras una ardua jornada laboral, tres jóvenes compañeros de trabajo se reencuentran a la salida, frente al edificio Consejo General de Educación (CGE), en busca del primer ómnibus que los traslade a su destino familiar –y al cotidiano y merecido almuerzo–, sin mezquinar gestos de satisfacción, no sólo por el diario deber cumplido sino por haber participado a su llegada de una amistosa picardía, a través de la difusión pública de irregularidades en el organismo, mediante la distribución de volantes anónimos, que fueran muy comentados por propios y extraños, dado el tenor de sus denuncias, compuestas de una lista que contenía los nombres y apellidos de quienes habrían cobrado en forma indebida una asignación familiar por hijo con discapacidad sin tenerlos, sumándose aquellos que realizaron la delictiva maniobra.
En la parada de los colectivos, como es habitual, prosigue el comentario y ellos, a la vez, alcanzan a escuchar de boca de algunos complacientes adulones del poder la contundente respuesta de la presidenta del CGE, Graciela Bar: “Me tienen sin cuidado, que vayan a la Justicia. Yo tengo la conciencia tranquila”.
Horas más tarde, en fortuitas reuniones clandestinas, primero repasan su mea culpa por interferir en hechos que hasta ese momento no los afectaban directamente; luego, piensan que si es una pelea entre otros o de otros, su actitud no sería tomada como una traición a sus superiores, con el consiguiente riesgo de pérdida de su transitorio trabajo. “Si lo nuestro es una traición, ¿qué se podría decir de lo que hizo la presidenta del CGE al inicio de la actual gestión?”. En su primer día en el edificio, habló con el gobernador para resolver los pedidos de adscripciones y afectaciones solicitados al organismo por distintos funcionarios y políticos, teniendo como respuesta que vuelva todo atrás y que las solicitudes se las hagan personalmente a él. “Yo soy ahora el gobernador y deben reconocerme y responderme políticamente a mí”. Ella, borocoteo una elegante salida hacia quienes pretendían las adscripciones y afectaciones y, esencialmente, puso al funcionariado y personal de su dependencia a plena disposición de las nuevas autoridades provinciales, como corresponde. Se abría el primer camino divisorio a aquella “continuidad positiva”, que se pregonara insistentemente en la campaña electoral, dando certeza, entre otras cosas, del pago en tiempo y forma de los haberes y del mantenimiento de muchos funcionarios del anterior gobierno.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
