Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)
Fue necesario preguntar para que se difundiera la información oficial. La Oficina Anticorrupción dejó de elaborar informes y tampoco implementó la organización que se había previsto a través de un decreto. Dicen que eso cambiará con la nueva Constitución.
La Oficina Anticorrupción y Ética Pública de Entre Ríos (OAEP) está obligada a elaborar informes trimestrales y una memoria anual sobre su actividad. Sin embargo, eso no sucede y al gobierno parece importarle muy poco.
La gravedad del asunto obedece no sólo al incumplimiento de lo establecido en el reglamento orgánico de la OAEP, que el Poder Ejecutivo avaló en agosto de 2004 con el dictado del decreto 3.544/04. A eso se suma que la propia Oficina admitió que la estructura proyectada para su funcionamiento resultó inviable.
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