Luis María Serroels
(especial para ANALISIS)
El tema estalló a partir de la entrega de tarjetas con las que el gobierno decidió reemplazar el sistema de percepción de los planes sociales Programa Alimentario Familiar (PAF) y Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (PRAF), que tiene en la provincia unos 90.000 beneficiarios. Hoy y bajo la nueva denominación de “A la mesa entre todos”, los antiguos bonos y tickets canjeables por alimentos cedieron lugar a plásticos que emitió el Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer). A raíz de informaciones oficiales donde se da cuenta de que miles de personas no se acercaron aún a retirar sus tarjetas, comenzaron a tejerse diversas conjeturas y especulaciones, no exentas de suspicacia, que hablan de irregularidades y donde surge la figura del clientelismo como componente de cuestionables maniobras.
Datos a los que accedió ANALISIS permiten aportar elementos que, aunque aún no adquieren entidad como para formular imputación alguna, merecen las debidas aclaraciones de las autoridades.
La forma en que rápidamente tomó estado público la especie, luego instalada en boca de altos funcionarios del área de Acción Social del gobierno, permitió conocer algunos detalles sobre presuntas irregularidades detectadas respecto de los planes sociales Programa Alimentario Familiar (PAF) y Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (PRAF). El primero contemplaba hasta mayo 30 pesos mensuales por familia en riesgo social (hoy se destinan 50 pesos), mientras que para el otro, direccionado a grupos familiares con algún integrante desnutrido, entregaba 47 pesos por mes y hoy ese monto asciende a 80 pesos.
Un poco de historia
El tema de la ayuda alimentaria comenzó por 2001. Se financia con fondos de la Nación, siendo remitidos por el hoy Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner. La lógica del conocimiento regional hizo que se le transfiera al Estado provincial la tarea de integrar los padrones de beneficiarios, aumentarlos o depurarlos mediante un control permanente. La delegación en los municipios de la conformación de esas nóminas fue considerada una idea acertada, los que para ello debían reunir una serie de requisitos que los habilite como depositarios de ese auxilio económico.
El objetivo central del Programa provincial de Seguridad Alimentaria “Entre Ríos Entre Todos”, apunta a “garantizar como Estado un derecho humano fundante a través de un complemento alimentario nutricional para los sectores con mayor vulnerabilidad social” y además, “fortalecer las redes sociales mediante estrategias de educación alimentaria que tengan como horizonte mejorar los hábitos y culturas alimentarias de la población entrerriana” (es opinión aceptada que este último aspecto es hoy una asignatura pendiente, que no por ello invalida los propósitos que impulsa la tarea global).
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
