Federico Malvasio

La transferencia de los registros de la Propiedad, Civil, y la Dirección de Personas Jurídicas a la órbita del Poder Judicial que se impulsó desde la Convención Constituyente espera su pase al archivo luego de varios intentos. Advertencias del Superior Tribunal de Justicia, el rechazo del gremio de los judiciales, consecuencias presupuestarias y el giro de algunos convencionales en sus posiciones dan por hecho que los empleados de esas reparticiones deberán esperar una nueva oportunidad para concretar su legendario reclamo.

Toda iniciativa que sea aprobada por la Convención, pese a los aplausos de los convencionales cuando la aprueban, no se la debería tomar como un hecho consumado. Proyectos que fueron consensuados en comisión y votados en el pleno de la asamblea reformadora sufrieron modificaciones que alteraron drásticamente la naturaleza del texto: Artículo 17, cláusula sobre el orden constitucional, reelección de intendentes, etcétera. Puntos de vista cambiantes y posiciones frente a diferentes temas han ido cambiando según las circunstancias, con lo que se logró un resultado adverso al que se buscó desde un principio. Algo de eso pasó con el pase de los registros al Poder Judicial.

Las propuestas para que el Registro de la Propiedad, el Registro Civil y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas pasen a depender de la Justicia agonizan en la Comisión de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Régimen Electoral.

Había tres despachos sobre esta cuestión: uno presentado por los propios empleados; otro por la Coalición Cívica, que motorizó el convencional Emiliano Acharta; y un tercero de Flavia Pasqualini y Augusto Alasino, del bloque Viva Entre Ríos. Las iniciativas presentadas habían prosperado también en la Comisión de Iniciativa y Participación Ciudadana. Allí trabajadores del Registro Civil fueron a exponer los argumentos sobre la viabilidad de la transferencia que vienen reclamando desde hace años.

En ese ámbito se había logrado un acuerdo. Sin embargo, en la Comisión de Poderes las posturas fueron disímiles, aunque se logró un primer acuerdo. Lo cierto es que luego de idas y vueltas, los empleados de los registros se quedarían sin su prometido. El casi anunciado certificado de defunción se firmó luego de un encuentro que mantuvieron representantes de las diferentes bancadas con vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Posturas

La cronología de los hechos da cuenta de los cambios de posturas sobre el tema. En algunos casos se esperó hasta último momento y en otros no se dijo nada hasta tanto saltara el tema. Desde el radicalismo destacaron el despacho aprobado en un principio en la Comisión de Poderes que establecía el traspaso del Registro Civil y el de la Propiedad a la Superintendencia del Poder Judicial. El convencional Jorge Monge sostuvo que en el caso del Registro de la Propiedad no se detectaban inconvenientes. El dirigente de Diamante puso como ejemplo las funciones del titular de la repartición. Remarcó que el jefe del registro actúa como secretario del juez de comercio.

“En este caso es quien habilita la matrícula de comerciante y quien faculta a ejercer el comercio a los menores no emancipados”. Respecto al Registro Civil, para el radical las cosas no serían tan sencillas como el caso anterior. “Este registro tiene una clara actividad administrativa y encima recibe órdenes del Ministerio del Interior”. Monge también planteó trabas al momento de acceder a los cargos, teniendo en cuenta que en la Justicia son por concurso.

Raúl Barrandeguy consideró en una de sus exposiciones en el seno de la comisión que las actividades que llevan adelante estas reparticiones son “parajudiciales”. Cuando se discutió en el comité asesor, su posición apuntó a que en Entre Ríos, por imperio de una ley de la dictadura, se daba un “fenómeno híbrido” donde los juzgados de comercio que crea el Código Civil son una dependencia administrativa, algo que catalogó como un “agravio a la razón”. Su compañera de bancada, Rosario Romero, fue quien se animó a someter el debate al campo de las decisiones políticas. Como funcionaria de un departamento ejecutivo se refirió directamente a lo que significaría en términos de presupuesto el pase de los trabajadores.

El presidente de la comisión, Miguel Carlín, tuvo diversas posiciones a lo largo de todo el proceso deliberativo. En un primer momento fue de la partida de la inclusión de ambos registros en la órbita de la Justicia, siempre y cuando la ley determine su aplicación efectiva. Hoy la posición del ex vocal del STJ giró 180 grados. Ante la consulta de este semanario, dijo que el tema “se estaba estudiando”, aunque enseguida advirtió que “hay una doctrina del Superior que habla de la invasión de poderes y que la inclusión de los registros traería aparejada una vulneración en este sentido”. Pese a que en su momento catalogó la inclusión de las reparticiones al Poder Judicial como “un avance”, en este último tramo manifestó el temor de “establecer un artículo (en la Constitución) que pueda llegar a hacer declarado inconstitucional”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)