Silvio Méndez
La polémica por los incendios fuera de control en la zona de islas en Victoria ha desatado una controversia que aún no ha sido apaciguada. Los cruces por la responsabilidad de sofocar el fuego entre las autoridades santafesinas y entrerrianas ahora tienen como arbitro al gobierno nacional, que ha convocado las partes para emprender un plan conjunto de preservación de los humedales. Pero el intenso humo producto de la quema de pastizales que tanto a ha molestado en la ciudad de Rosario, no solo ha puesto en el tapete el proyecto para crear el parque Alto Delta en un sector que comparten las tres provincias que allí limitan, sino los fabulosos negocios agropecuarios que se tejen sobre terrenos fiscales. De hecho, se reconoció oficialmente que en gran parte están usurpados, otra en litigio judicial y por el resto se pagan monedas en concepto de arrendamiento al Estado entrerriano. En tanto, los ocupantes insulares usufructúan el pastoreo de ganado que, en las islas, se han multiplicado su número los últimos cinco años.
En una reunión de parte del gabinete provincial a fin de estudiar diferentes medidas que podrían tomarse para evitar los incendios en las islas de Victoria, oficialmente se admitió esta semana la compleja problemática que entraña el control del fuego. Más allá de las dificultades operativas sobre el trabajo a campo, las limitaciones en el dominio sobre la situación estriban en la falta de control sobre el terreno. El propio fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que a los efectos de aplicar algún tipo de sanciones por la quema intencional de pastizales, se choca con que la posesión de los terrenos en las islas reviste distintas características. Mientras una parte pertenece a privados, hay otra de propiedad fiscal que ha sido arrendada (a muy bajo precio), un sector se encuentra en litigio por demandas de tenencia y hasta hay partes que directamente se encuentran usurpadas.
Se calcula que en el departamento Victoria existe unas 180.000 hectáreas de islas que pertenecen al fisco y 45.000 en Gualeguay. En este último distrito la situación es crítica, ya que del total, 37.000 hectáreas se encuentran apropiadas por particulares, siendo muchos de ellos hacendados del norte de Buenos Aires. Productores ganaderos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero han invadido literalmente territorio insular entrerriano con vacunos. Interponiendo artilugios legales y logrando medidas de no innovar de la Justicia sobre su ocupación, estos productores han logrado prolongar una explotación ilegal. De hecho, la iniciativa de la provincia para licitar y tratar de regularizar la situación de arrendamientos con la ley 9.603/05 tuvo entre otras intenciones que la intrusión no creciera en Victoria, donde este índice es mucho menor. El plan de sistematización logró otorgar allí 123.000 hectáreas, pero sólo se hizo entrega efectiva de 78.000, ya que en el resto existen problemas con ocupas rurales.
Si bien la legislación que finalmente se efectivizó a fines de 2006 tendió a regularizar la situación, los montos en los cuales se fijaron los cánones se ubicaron muy lejos de la cotización del mercado. Si en el sector privado el alquiler en estos territorios insulares se valúa hoy día en 1,5 kilogramos de novillo en pié por hectárea, por mes; para Victoria la licitación oficial se fijo una base de 5 kilogramos por hectárea por año y de 6 kilos para el caso que sea en Gualeguay, un poco más de los 4 kilogramos por hectárea anuales en que el Estado lo cotizaba hacia 1991 cuando se comenzó con la idea de rentar las islas provinciales para obtener fondos para el financiamiento de los Grupos de Intercambio Solidario de Entre Ríos (GISER) para el sector agropecuario.
Pero el fenómeno del alza y demanda de este tipo de terrenos no es ajeno a la extensión de la frontera agrícola producto del alza del tipo de cambio y la sojización de los cultivos. Las islas del Delta, en este caso, se constituyen como una muy buena opción de tierras marginales para el pastoreo en cercanías de los polos productivos agrícolas del país, cuando antes era una alternativa secundaria.
Los números de la oferta y la demanda también permiten analizar las circunstancias. Para tomar como una referencia que se mantuvo estable en el tiempo por muchos años, para 1965, una hectárea de islas de las características descripta como de 50 por ciento inundable, se pagaba 80 dólares. Hoy, su cotización se eleva a los 180 dólares la hectárea y, en algunos casos, se puede llegar a desembolsar hasta 300 dólares por unidad. Los especialistas apuntan que el alza constante de estos importes se puede registrar nítidamente desde el año 2003, cuando el alza en el tipo de cambio disparó la rentabilidad interna de los comodities exportables del campo. Y desde esta fecha también se reconoce un salto en cantidad de cabezas de ganado que ocupan estas islas como carga para el apacentamiento. De un promedio de ocupación anual de una vaca cada cuatro hectáreas en islas, se calcula que pasó a casi una res por hectárea y media, llegando a una proporción de 1 en 1 animal por superficie para la temporada alta en verano, cuando se suele dar la migración masiva de los rumiantes.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
