Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)

La “Gripe” hizo estragos en el Brasil, con un escándalo económico y político de proporciones, pero todavía no contagió a los socios y allegados de Agrenco en Entre Ríos. A diferencia de otros estados del planeta donde los más corruptos gobiernan, y hasta presiden reformas constitucionales, Brasil acaba de meter en la cárcel a empresarios de allá (bien cercanos al poder entrerriano), en una ya famosa “Operación Influenza”, porque la justicia los agarró en fraudes varios y gruesos. La historia es rara, con una inversión multimillonaria, reservada, muy en contacto con la política, y luego paralizada por la corrupción.

Por ahora, la actual gestión provincial de Sergio Urribarri, sucesora de la de Jorge Busti, ha preferido responder con el silencio al ruidoso juicio que se ventila en los tribunales de San Pablo y que se sintetizaría en esta expresión: falta de honradez. Una inversión de 38 millones de dólares en un puerto del departamento Islas que prometía mover en este 2008 más de 1 millón de toneladas, y desde hace tres meses se congeló, literalmente, en un silencio sorprendente, pero el poder político local sólo contesta con más silencio aparentando indiferencia.

Lavado de dinero, operaciones fraudulentas con balances maquillados, crímenes contra el sistema financiero, corrupción activa y pasiva con el auxilio de paraísos fiscales: esos son los cargos por los cuales el Estado brasileño detuvo a los tres principales directivos de la empresa Agrenco, que habían extendido sus brazos a Entre Ríos, con una mano del poder político panzaverde; y la firma entró en cesación de pagos.

Las presunciones contra los directivos (algunos de ellos fundadores) de Agrenco Group son fuertes y conmovieron al empresariado carioca y también a la política, porque estos empresarios ponían plata en las campañas electorales. ¿Sólo en las campañas cariocas? No se sabe.

La noticia pudo repercutir en Entre Ríos, porque Agrenco, como parte de su crecimiento tan deslumbrante como fugaz, fue una de las mayores inversoras del último lustro en esta provincia, a través de la construcción (con otros) de la terminal portuaria Del Guazú, en el extremo sur del departamento Islas, bajo la firma Delta Dock.

La parálisis y el silencio

Ese emprendimiento por 38 millones de dólares declarados (hoy, entre signos de pregunta) ya generó alguna confusión hace un año y medio, por la forma en que se dieron las relaciones de los empresarios con el entonces gobierno provincial, que en un momento intentó silenciar esa poderosa inversión, con todas las sospechas que eso genera. Ahora, con los directivos tras las rejas allá, los interrogantes se apilan aquí.

Más, cuando las operaciones se hicieron al lado de un monumento a la corrupción como es el Puerto Ibicuy, donde el mismo poder político todavía no sabe dar razones del extravío de millones de dólares en tiempos de Carlos Menem, de Jorge Busti, de Abelardo Pacayut, de Carlos Corach, en tiempos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) puestos al servicio de la corrupción sin límites. Y apenas una pizca de los millones de dólares que se colaron por las grietas del poder en esta provincia (con la vista gorda de los principales jueces-políticos), donde el mapa de la corrupción está caminado, íntegro, por el hombre más poderoso de la política, pegado en estos días a Eduardo Duhalde.

Agrenco y América Latina Logística (ALL), socias en la comercialización de la soja y sus derivados, bien posicionadas para liderar el vuelco hacia los agrocombustibles que prometían Busti y Urribarri hace año y medio, encontraron condiciones amigables en el poder político entrerriano. Pero así como ocurrió en diversos rubros privatizados por el mismo poder político neoliberal (ferrocarril, banco, energía, empresa aérea, etcétera), con graves costos para el pueblo, la nueva privatización tropezó, como las anteriores, y esta vez por causas diferentes.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)