Silvio Méndez

La posibilidad de crear un parque nacional en la zona del delta que comparten Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires ha disparado una serie inimaginable de controversias. Los distintos gobiernos municipales y provinciales involucrados han intercambiado acusaciones que van desde la responsabilidad en la quema de pastizales en las islas de inmediaciones al puente Victoria - Rosario hasta la intromisión en competencias territoriales. Pero sobre todo, la polémica ha desnudado una serie de intereses económicos ligados a la actividad ganadera en los espacios insulares. Terrenos fiscales que son arrendados a productores que, sin control alguno, realizan una explotación privada indiscriminada. En este orden, la organización ecologista M'Biguá ha denunciado el peligro que entraña la destrucción de los humedales y, concretamente, los movimientos de tierras a gran escala por parte de una empresa extranjera que pretendería resecar una isla con un gigantesco terraplén.

En las últimas semanas se ha desatado una notoria polémica en torno a un proyecto de creación del parque nacional Alto Delta. Legisladores santafesinos pretenden encuadrar bajo esta figura una importante zona de islas situadas en el departamento Victoria. Los cruces con altas autoridades entrerrianas se dieron por una supuesta invasión de jurisdicción y acusaciones por las responsabilidades y perjuicios que ocasiona la quema intencional de pastizales frente a la ciudad de Rosario. Como telón de estas disputas se ha puesto en cuestión el régimen de arrendamiento de tierras fiscales insulares, así como el avance de la explotación ganadera en estos territorios por la sojización en la extensión de la frontera agrícola. Para las organizaciones ecologistas, en el fondo se juega el futuro de los valiosos sistemas de humedales.

En este escenario convulsionado, M'Biguá realizó semanas atrás una denuncia por el levantamiento y movimiento de tierras a gran escala en la isla Irupé, departamento Victoria por parte de una empresa que sería de origen holandés. Los trabajos consistentes en la construcción de un terraplén para escurrir aguas fueron realizados sin autorización del gobierno provincial, que tiene potestad sobre estos territorios fiscales.

El hecho fue admitido por la propia Secretaría de la Producción de Entre Ríos, que labró un acta e intimó a los propietarios a paralizar las obras hasta tanto “regularicen la situación". Los funcionarios del área señalaron que las actuaciones correspondientes fueron elevadas al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), que deberá resolver qué tipo de pasos se deben seguir.

De todos modos, la ONG M'Biguá elevó el 22 de agosto pasado un pedido de informe a la provincia para saber si esta explotación contaba con las autorizaciones correspondientes, estudios de impacto ambiental y si respetaba la legislación de protección del bosque nativo con el fin de evaluar la posibilidad de dar intervención a la Justicia.

Humedales

En relación con los alcances y detalles de las iniciativas de la entidad ecologista, ANALISIS dialogó con el asesor legal de la entidad, Diego Rodríguez, que explicó que M'Biguá desde hace unos cinco años vienen trabajando en la zona de humedales en conjunto con organizaciones de Buenos Aires y Rosario. En este sentido, señaló que se ha evaluado que uno de los puntos más sensibles detectado es el avance de la ganadería en la zona de islas y, especialmente, en las que están en cercanías de la conexión vial Victoria-Rosario.

Sobre la potestad de estos terrenos, el letrado explicó que en gran parte pertenecen al Estado, aunque también las hay privadas. Según se estima, sólo en la jurisdicción del departamento Victoria hay unas 150.000 hectáreas fiscales entre las más de 350.000 en todo el Delta que se comparten con las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. “Las tierras fiscales fueron, a través de un programa que generó la provincia en 2006, incorporadas a un sistema de arrendamiento de las islas del Delta del Paraná. Se licitaron a valores muy bajos y ha hecho que por una cantidad mínima de inversión, productores accedan a estas tierras fiscales y, obviamente, han incentivado un sistema de producción que no se conoce como el apropiado para los organismos técnicos para determinadas zonas del Delta. Hay algunas zonas que permiten carga, limitada, y otras que no lo permiten. A partir del sistema de arrendamiento, lo que se ha hecho es tratar de la misma zona al Delta”, describió.

Respecto a las características de estos territorios, Rodríguez argumentó sobre su significación. “El avance de las ciencias que se dedican a la preservación indica que no todos los ambientes tiene los mismos valores o cumplen la misma función. Dentro de la diversidad de ecosistemas, los de áreas húmedas o humedales tienen funciones especiales de regulación de climas, purificación de agua, depuración de tóxicos, de ser los ambientes propicios donde no sólo convive la mayor diversidad biológica, sino que son los lugares para la reproducción de grandes grupos de fauna y, sobre todo, los que sirven para la alimentación del hombre y obtención de determinadas substancias como proteínas, fibras, juncales, peces. Este tipo de áreas a nivel mundial se trata de proteger de una forma mucho más rigurosa que, quizás, algunas zonas de pastizales o estepas, porque se sabe que son mucho más sensibles y que las funciones que cumplen son más difíciles de restaurar. No es posible pensar un Entre Ríos como el que tenemos sin los humedales alrededor. Si no tuviéramos zonas húmedas, Entre Ríos sería otra cuestión, otra calidad y sería otra la producción. Mundialmente, desde la Convención (sobre protección de los humedales) firmada en Ramsar -Irán 1971-, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, han revalorizado este tipo de zonas. Y Entre Ríos tiene la suerte y la responsabilidad de tener grandes zonas de humedales. Por eso nosotros enfocamos en este tipo de problemas”, consideró.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)