Federico Malvasio

Los juicios por mala praxis son cada vez más en Entre Ríos. Se convirtieron en una nueva forma de crear expedientes con el fin de generar honorarios. Los resultados finales de los litigios terminan dando la razón a los médicos, pese incluso a casos lamentables. Lo cierto es que cada acción judicial, salga como saliere, genera costas para las partes. Desde el sector de la salud insisten en que hasta tanto no se modifiquen algunas legislaciones, el sistema sanitario corre riesgos. Para algunos abogados, es un muy buen negocio y, por lo general, se genera en casos suscitados en los hospitales. En esta nota, ANALISIS trata de mostrar una realidad que crece y preocupa, aunque sean demasiados los que miran para otro lado.

Un temor penetra cada vez con más asiduidad en los profesionales de la salud de Entre Ríos. El fenómeno se expande en todo el país. Los juicios por mala praxis se han convertido en una excitante variable en el terreno jurídico-laboral. Uno de cada cinco médicos sufre al menos una demanda por parte de sus pacientes. La preocupación será el tema central del XI Congreso Argentino de Salud, organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, que se desarrollará la semana entrante en Salta.

Que de cinco médicos -alrededor de 40.000 profesionales de la salud-, uno sufra al menos una demanda por mala praxis, aumentó en un 25 por ciento la cantidad de profesionales que contratan un seguro para cubrirse de futuras acciones legales. Desde el sistema sanitario denuncian la existencia de una “industria del juicio” frente a las facilidades que ofrece la legislación sobre el tema.

En Entre Ríos hubo un Fondo de Mala Praxis, pero luego de una resolución de la Superintendencia de Seguros se lo eliminó y se estableció el Seguro por Mala Praxis. Los afiliados en la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) están asegurados por un servicio de Buenos Aires. Los seguros pueden ser por la cifra que uno pretenda, pero la mayoría de los profesionales están asegurados por 200.000 pesos, a un costo de 150 pesos por mes de cuota.

Entrar en el mundo del litigio no siempre es tan sencillo. En primer lugar es necesario, al menos, tener unos pesitos para acceder a los pasillos de Tribunales. Es aquí donde radica el primer desbarajuste en el sistema judicial, que critican las entidades que nuclean a los profesionales. El Beneficio de Litigar sin Gastos, conocido también como declaratoria de pobreza. Este instituto es el primer argumento que representantes de las entidades médicas sacan a relucir para manifestar su descontento cuando se los consulta por las demandas que cargan por mala praxis. La mayoría de quienes demandan a los profesionales litigan sin gastos.

“Que yo tenga memoria, hubo un solo juicio contra un cirujano plástico en que el demandante no realizó el trámite de litigar sin gastos, lo perdió y tuvo que hacerse cargo de las costas”. La anécdota la relató a ANALISIS el secretario general del Círculo Médico Paraná, Justo Uranga.

Las denuncias de los pacientes se dividen en dos grandes grupos: quienes la hacen directamente contra el médico y los que van más allá y demandan al hospital o a la clínica, arrastrando a todos los profesionales que, de alguna u otra manera, intervinieron en el proceso. Pueden caer en la misma causa el cirujano, el anestesista y el director del nosocomio (por responsabilidad). “Pocas veces se va contra el médico, generalmente se va contra todos. Total, no se pierde nada”, se indigna el también vocal de la Femer. Sólo uno de cada tres juicios se inicia contra un médico; los otros dos, contra prepagas y obras sociales.

Los médicos deben estar asegurados a través de los círculos médicos. Aunque en algunos casos lo hacen por fuera de estas entidades, como los anestesistas. El presidente de la Federación Médica de Entre Ríos también apunta en la misma dirección. “Sin dudas hay una actitud enjuiciadora como generadora de obtener algún resarcimiento económico”. En este caso se refiere al paciente.

Pero también carga contra la legislación: “La Justicia es muy proclive a otorgar el beneficio de litigar sin gastos, así es muy fácil emprender una demanda judicial, porque quien la hace no tiene nada para perder”. Ariel Rodríguez entiende que el otorgamiento del beneficio requiere de ajustes para evitar ciertas maniobras. Muchos de los demandantes son asesorados por los abogados para que enajenen sus bienes y así encarar una acción judicial y llevarla hasta las últimas instancias.

Es por eso que desde el sector se insiste en reformas legales a la normativa que regula las acciones judiciales derivadas de la mala praxis, como reducir de 10 a 2 años el plazo para iniciar las demandas, acotar el beneficio de litigar sin gastos, ordenar pericias a cargo de cuerpos técnicos - oficiales, limitar los montos indemnizatorios con tope y otorgar obligatoriedad al informe técnico científico. Alertan, además, que el hecho de que los presuntos delitos prescriban recién a los 10 años crea un marco de gran incertidumbre para quienes ejercen la medicina.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)