Federico Malvasio

El nuevo Código Procesal Penal ya tiene un costo estimado para su implementación. Mientras en el Poder Ejecutivo algunos fijan plazos para ponerlo en marcha, desde la Justicia esperan una señal política del gobernador para determinar si en verdad está dispuesto a avanzar con la iniciativa. Una entidad de Buenos Aires, especializada en temas judiciales, se encargó de elaborar un estudio de impacto respecto a su ejecución. En esta nota ANALISIS cuenta las reiteradas dilataciones que se produjeron en el medio, las reasignaciones que se tendrán que llevar adelante en Tribunales y algunos de los puntos que aún no tienen consenso.

La implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia divaga entre quienes se entusiasman, los que descreen y los que lisa y llanamente manifiestan su descontento. La burocracia estatal y un sinnúmero de obstáculos erosionan la ilusión de la puesta en marcha de un nuevo sistema de enjuiciamiento que ubicaría a Entre Ríos entre las provincias más avanzadas en Derecho Penal.

La Cámara de Senadores aprobó hace dos años las reformas al Código Procesal Penal, realizadas por una comisión multilateral encargada de la implementación del nuevo texto de procedimiento en asuntos penales. Esta comisión, que a lo largo de estos últimos dos años fue variando, sigue conformada por diferentes entidades judiciales como el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos.

Por el Ejecutivo participan la Secretaría de Justicia y la Fiscalía de Estado; por el Poder Judicial lo hacen integrantes del Superior Tribunal y por la Legislatura, un diputado y un senador.

Por aquellos días entusiastas de 2006, Julio Federik, autor y primer coordinador de la comisión, daba a conocer los próximos pasos que se llevarían a cabo una vez aprobada la Ley 9.754. En esa ocasión se refirió a la formación de los investigadores y de los fiscales y al perfeccionamiento de los magistrados. La redacción de leyes complementarias, imprescindibles para instaurar el nuevo sistema, era otro de los temas en la agenda de 2007. En este apartado se inscriben la Ley Orgánica de Tribunales (ya que no hay más jueces de instrucciones, sino de garantías), la Ley del Ministerio Público Fiscal, la Ley de la Policía y la Ley del Ministerio de Defensa.

Uno de los puntos fundamentales para poner en marcha el nuevo Código se refería a la capacitación de quienes serían los operadores del procedimiento. Esta cuestión sufrió todas las dolencias de la administración pública: falta de presupuesto, recelos de algunos sectores y lobby a favor intereses particulares.

Ajustes y desajustes

Una vez convertida en ley la reforma del Código Procesal Penal debió realizarse un relevamiento en cuanto a cuáles eran las necesidades concretas en cada circunscripción judicial de la provincia: cuántos jueces de garantía, fiscales e integrantes de tribunales de juicio necesitaría Entre Ríos para poner en marcha el nuevo sistema. Ese trabajo fue realizado no sólo por la propia comisión que recorrió los Juzgados de la provincia sino también por un estudio que fue premiado en un concurso efectuado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Se trata del trabajo ganador del Premio Anual 2005 Instituto Juan Bautista Alberdi, que realizaron los actuales jueces de Nogoyá, Jorge Sebastián Gallino y Oscar Eduardo Rossi, titulado Una Reforma con Transformación. En el proyecto, que salió publicado, sus autores advirtieron que la reforma, por sí sola, no garantiza una mejora en la administración de justicia, sino que a un sistema de justicia apto debe acompañarlo una implementación adecuada que cuente con los recursos necesarios.

Es así que anexaron a su investigación un relevamiento de los jueces y empleados judiciales que se necesitarían. También un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en Entre Ríos reveló datos similares. No obstante, la Secretaría de Justicia optó por encargar un estudio a una entidad de Capital Federal. La asociación civil -como se hace llamar- Unidos por la Justicia tiene en su sitio digital (www.unidosjusticia.org.ar) la realización del “estudio de impacto de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Poder Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Entre Ríos”. En el link proyectos enumera, entre sus objetivos específicos, “analizar la gestión del sistema penal, efectuar recomendaciones para la correcta implementación del Código Procesal Penal y medir el costo financiero de la implementación del nuevo Código”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)