Jorge Riani
El gobierno nacional adeuda 11 meses de envío de dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente. En los gremios calculan que se trata de unos 100 millones de pesos que la gestión K adeuda a las arcas entrerrianas para la educación. La Casa Rosada tampoco ha cumplido acabadamente con el compromiso de remitir fondos compensatorios a la Caja de Jubilaciones, y en ese orden serían unos 170 millones lo que adeuda el gobierno central, más los 200 millones acumulados por Salto Grande. Situaciones similares se viven en provincias como Córdoba y Santa Fe y sus autoridades lo atribuyen a la “venganza política” por haber jugado en contra de la aplicación de retenciones móviles al agro. Chaco, gobernada por el kirchnerista Jorge Capitanich, recibió 80 millones de pesos extras de lo que le corresponde por deudas previsionales. Pero Entre Ríos sigue marginada pese al alineamiento político de su gobierno. En medio de ese contexto, los trabajadores entrerrianos están comenzando a exigir que se discuta la relación con el poder central y se comience a hablar de coparticipación. Calculan que el año fiscal entrerriano terminará con un déficit de 200 millones de pesos y que la Convención Constituyente consagrará la autonomía municipal sin dinero para las comunas.
Maestros, médicos, empleados estatales, jubilados. Con excepción de los policías, todos los gremios que giran en torno al Estado provincial han salido a reclamar aumentos de haberes. Hubo ofertas oficiales, rechazos sindicales, contraofertas, contrarechazos y por estas horas las partes intentan algún punto de entendimiento. La falta de dinero hace que toda esperanza deba depositarse en las palabras y no en los números.
Es que cualquier discusión parece destinada a estrellarse con el filo de los números. Y los números no están bien. Quizás porque eso no constituye ninguna novedad, es que los representantes de los trabajadores han incorporado a la discusión un pedido novedoso: el reclamo para que la provincia se ponga firme y exija más fondos al gobierno nacional, y hasta hablan de coparticipación federal de impuestos. Federal, sí.
Lo han dicho los cuatro gremios docentes, con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) a la cabeza: que se le pida al gobierno central que mande lo que adeuda y que se sincere la relación económica entre ambos estados, al tiempo que sacan cuentas y se preguntan cuál es el chiste de alinearse con el gobierno K si eso no tiene ningún tipo de correlato positivo de cara a los números.
El gobierno amigo de los K está adeudando a su aliada Entre Ríos el envió correspondiente a casi un año del dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente. La Ley de Financiamiento Educativo parece destinada a convertirse en una declamación hueca y parece cada vez está más lejos la posibilidad de cumplir con la previsión de que al año 2010 se tiene que llegar al nivel del 6 por ciento del Producto Bruto Interno para destinarlo a la educación. Este año debería ser del 5,3 por ciento y la realidad está muy lejos del anuncio.
De igual manera, la provincia tiene que afrontar el 60 por ciento del gasto educativo, contra el 40 por ciento comprometido por la Nación. Sin embargo, esta ni siquiera cumple con lo que debe mandar mes a mes y así se llega a una deuda que el Estado argentino tiene con la provincia del orden de los 100 millones de pesos en relación directa con fondos comprometidos para la educación, según calculan los sindicatos.
“Hay un desfase entre lo que llega a Entre Ríos y lo que debiera llegar, y ese dinero que se adeuda debería ir al salario”, ilustró la vocal gremial del Consejo General de Educación, Susana Cogno. La representante de AGMER en el organismo denuncia que el punto de partida de los problemas es la “falta de transparencia de los números”.
Hay que recordar que la última discusión paritaria fracasó porque “no se accedió a las cifras reales de Economía”, denunciaron en su momento los docentes.
La inversión en educación fija sus cimientos –dentro del 40 por ciento que debería aportar la Nación, según el esquema actual– en tres patas: el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación Salarial Docente y los programas específicos orientados a gestión educativa, becas y otros. De lo primero, el gobierno nacional debe unos 100 millones de pesos; de los 248 millones que vienen de la Nación, en teoría, unos 70 son para compensación salarial. En tanto que los programas financiados por la Nación son destinados a políticas focalizadas. En síntesis, estos últimos dineros que llegan deberían estar orientados a mejorar el perfil educativo o la calidad de la enseñanza y no para mitigar la pobreza (sin lograrlo, ciertamente) que es para lo que se lo aplica, según denuncian desde la Vocalía Gremial del CGE.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
