Jorge Riani

El Programa de Inclusión Previsional y la Moratoria Previsional aplicado por el gobierno nacional permitió a más de un 1,1 millón de argentinos acceder a sus respectivas jubilaciones. Las facilidades y la tentación de contar con una mensualidad extra llevaron a varios agentes del Estado provincial y de municipios entrerrianos a punto de cumplir su ciclo laboral a gestionar ante la Anses la jubilación nacional. Muchos lo hicieron asesorados por abogados y contadores paranaenses sin advertir el grave perjuicio que se les avecina: estarán perdiendo los aportes a la Caja local y quedarán enredados en una eventual denuncia por fraude. Las lagunas en el sistema nacional, la falta de pronunciamiento de ciertos organismos entrerrianos y la falta de escrúpulos de algunos profesionales constituyen un cóctel que dejará víctimas entre los trabajadores.

Un problema latente, un fraude en puerta, una bomba que podría estallar por el lado más vulnerable. En esos términos se expresaron algunos actores del complejo universo que constituye el sistema previsional al ser consultados por ANALISIS. Es que en medio del mar de nuevas jubilaciones a las que pudieron acceder más de un millón cien mil de argentinos a partir del programa nacional, no faltaron casos de abusos e intentos de lograr el beneficio aún cuando se está en condiciones de acceder a la jubilación hecha y derecha por el sistema previsional entrerriano.

¿Qué lo lleva a un trabajador del Estado entrerriano que está por retirarse con aportes al día a gestionar la jubilación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social? La ilusión de poder cobrar por dos ventanillas: la que del Estado argentino y la del entrerriano.

Que se trate de un fraude o de un lamentable error depende de que si se tiene conciencia de que no se puede trabajar en la esfera de la administración pública provincial cuando está percibiendo una jubilación de otro ámbito.

Tanto en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos como en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), las fuentes consultadas admitieron que suelen encontrarse frecuentemente con casos de personas que gestionan el acogimiento a la moratoria para poder tener una jubilación nacional, siendo que en dos años tendrían ese mismo beneficio por la provincia, y en una suma mucho más considerable.

El presidente de la entidad entrerriana, Daniel Elías, sostuvo que hay casos de empleados estatales que están por acceder a jubilaciones de más de dos mil pesos que, sin embargo, han pasado por el Anses para sumarse a la lista a fin de cobrar una jubilación de 700 pesos. En el organismo nacional con oficina en calle España de la capital entrerriana también dieron ejemplos de casos similares.

La cantidad de situaciones que se producen varía según las fuentes consultadas. Mientras algunos hablan de unos setentas casos, en otros dan por seguro que podrían llegar a ser dos centenares de personas que intentaron lograr la doble jubilación.

El tema es muy grave. El abogado Raymundo Kisser –consultado como una de los profesionales de mayor experiencia en asuntos previsionales– no duda en que estos trabajadores podrían estar incurriendo en el delito de fraude y que, a la situación penal en la que quedarían enredados, se le podría sumar una delicada responsabilidad civil, considerando que se verían obligados –de buenas a primeras– a devolver los fondos percibidos a la sombra de la situación irregular.

El funcionario Elías comparte el criterio y va más allá: considera que los empleados provinciales que buscan jubilarse por la Nación podrían intentar librar una batalla judicial contra la Caja aun a sabiendas de que está claramente establecida la incompatibilidad del doble juego.

Del verbo truchar

Esta situación llevó a algunas fuentes de segunda línea de los organismos estatales a hablar de listas de jubilados truchos. Algunos arriesgaron a precisar que son más de 200 nombres involucrados, pero eso –cuando menos– no se pudo consumar por el cruzamiento de datos entre ambos estados.

Como sea, se ha echado mano a la palabra trucha, tomando la acepción que el término cargó sobre el conjunto de sus letras en la renegada última década del siglo pasado. Trucha, como expresión que contiene cierta dosis de dolo de algún beneficiario eventual y con víctimas tomadas de sorpresa.

Es que tanto en la Caja de Jubilaciones, como en Anses y entre profesionales particulares consultados por este semanario hubo una coincidencia que muestra un perfil macabro del asunto: no son pocos los empleados estatales que gestionaron sus beneficios ante el Estado nacional tentados por algunos abogados y contadores.

En diciembre de 2006, ANALISIS publicó un informe sobre los “abogados cazajubilaciones”. Se daba cuenta allí, precisamente, de que el Programa de Inclusión Previsional y la Moratoria Previsional otorgaba la posibilidad cierta de que los trabajadores que no completaron los aportes puedan hacerlo y acceder a la jubilación con una serie de facilidades, pero que también eso abrió la puerta al accionar de profesionales inescrupulosos que vieron la veta para una actividad de extraordinaria rentabilidad. Como los trámites son gratuitos pero engorrosos, un batallón de abogados se ofreció para despejar el camino hacia la jubilación. No hay nada de malo en eso, y no pocas personas pudieron ver cumplido ese anhelo por el trabajo de sus representantes legales.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)