D. T. F.
Que la K no es popular sino para pocos, que sigue en línea con la dictadura y el menemismo. Que resta recursos a las provincias para pagar deuda ilegítima, y está lejos de distribuir riquezas. Después de expresar una posición crítica del conflicto, anotando debilidades en el discurso agrario y el oficial, el economista Luis Lafferriere salió en los últimos días a responder a la “intelectualidad” oficialista y concluyó en documentos lapidarios para el pretendido “progresismo” del gobierno k. Dijo que el Congreso permitió con el voto de Julio Cobos abortar una “estafa gigante” a favor de los pulpos de los granos y contra las pymes y el interior del país, y enumeró las medidas necesarias para empezar distribuir riquezas de verdad, y atacar al monocultivo y a los monopolios de todo orden.
Con una serie de medulosos estudios, el catedrático y economista entrerriano Luis Lafferriere siguió el conflicto del campo paso a paso y fue muy crítico de las posiciones adoptadas por los sectores en contienda.
En las últimas semanas concentró su atención en la respuesta a documentos de algunos intelectuales que pretendían reducir la crisis a las supuestas dificultades de un gobierno de izquierda distribuidor de riquezas atacado por la derecha más rancia de la Argentina.
Consultado ayer por ANALISIS, el economista se remitió a sus documentos, y he aquí sus conclusiones que, huelga decirlo, sostuvo con largos análisis casi diarios más para un libro que para una incursión periodística.
“El Estado Nacional –dice el experto de la Universidad Nacional de Entre Ríos– no cambió su carácter cuando asumió Kirchner ni cuando lo continuó su señora. Sigue sirviendo al capital financiero concentrado y a los grandes grupos empresariales diversificados e integrados. Sigue fiel al pago de la deuda, a la transferencia de subsidios a los sectores concentrados, de cumplir con los grandes objetivos del proyecto dominante”.
“Para ello, desde la dictadura en adelante hubo un obstáculo que periódicamente ponía al desnudo los problemas del nuevo Estado, que debía garantizar los ingresos del capital financiero y de las grandes corporaciones: los recursos fiscales eran insuficientes y las disputas entre las fracciones se manifestaban en serias crisis. En especial, la deuda pública fue el elemento detonante que no podía enfrentar el Estado con un superávit primario adecuado. Y como una de las tareas centrales de ese nuevo Estado es ser garante del cumplimiento de la deuda en beneficio del capital financiero, se puede decir que recién con el gobierno de Kirchner se puede poner razonablemente a tono con esa obligación (al menos hasta ahora, y gracias a los altos precios de los commodities)”.
Destrucción del federalismo
“Pero además de las divisas para el país, el Estado Nacional necesita superávit para comprar los dólares. Para ello desde comienzos de los ’90 viene quitando recursos a los Estados provinciales, aunque brindando cada vez menos servicios a la sociedad. De esa manera transfiere gastos (y sacrificios), a la vez que se asegura un mayor control político sobre los gobiernos subnacionales.
Con ese manejo cuestionable, centralizado, autoritario y antidemocrático, se ha destruido todo vestigio de federalismo, pero también indirectamente se ha subordinado al Congreso a los designios y caprichos del Ejecutivo, y con lo que resta de recursos luego de cumplir con el capital financiero y los subsidios al poder económico, se asegura el apoyo a lo que decidan cuatro o cinco personas sobre los destinos de toda la sociedad”.
“Por esa razón, no se puede aceptar que se asimile el legítimo reclamo por frenar esta tendencia centralista que consolida el proyecto dominante, con los intentos autonomistas de las oligarquías de algunos países latinoamericanos (apoyados por los Estados Unidos). Aceptar semejante postura sería creer que el Estado Nacional y el gobierno K representan a los sectores populares y antiimperialistas, y a sus intereses estratégicos; cuando en realidad sucede todo lo contrario. El Estado Nacional y el gobierno K sirven al proyecto dominante, en perjuicio de los intereses estratégicos de los sectores populares”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
