Silvio Méndez
Abierto el período de caza menor en Entre Ríos desde principios de mes, se multiplican las versiones sobre la existencia de cazadores extranjeros que operarían fuera de la ley. Las denuncias apuntan sobre todo a la matanza de palomas, patos y gansos salvajes. Si bien sobre algunas especies consideradas plagas se permite su eliminación indiscriminada, sobre otras sólo un número limitado por lugar y temporada. El organismo de control provincial informó que se realizan operativos y se han aplicado infracciones, pero que el personal no alcanza a cubrir lo que debiera por la magnitud que ha tomado la actividad en los últimos años. Se trata de un negocio que mueve importantes sumas de dinero. Registradas hay 19 empresas de “turismo aventura” que anualmente trabajan con unos 2.000 cazadores foráneos a los que se les vende a cada uno paquetes que van desde 800 a 3.000 dólares la excursión para practicar tiro. Por otro lado, cinco establecimientos están habilitados como cotos donde se realiza caza mayor de exóticas.
Con el período de caza menor deportiva abierto desde el 9 de mayo hasta el 18 de agosto en Entre Ríos, se han renovado las denuncias sobre la matanza de algunas especies vedadas. Diversos testimonios señalan a grupos de extranjeros que, guiados y organizados por empresas locales, realizan excursiones donde practican tiro sobre palomas, patos y gansos salvajes.
Si bien algunas aves en determinados lugares son consideradas plagas y por ello no está prohibida su matanza, al parecer en la volteada también caen otros animales cuya aniquilación está prohibida o en todo caso limitada. De acuerdo a las habilitaciones para este año, el máximo de piezas por cazador y por excusión son 10 perdices chicas, dos liebres, dos vizcachas, 10 patos crestón y 10 patos sirirí.
Palomas, cotorras, cuises, ratones y patos en zona de arrozales no hay límites, ya que son catalogadas como nocivas. Asimismo, tanto los cazadores como las compañías deben contar con los permisos y abonar los cánones establecidos por la legislación provincial. El problema lo constituye que el negocio de esta actividad denominada “turismo aventura” ha adquirido tal dimensión que los controles oficiales no alcanzan a cubrirlo. Así fue reconocido oficialmente más allá de demostrar que también se han impuesto sanciones a firmas que no cumplían con los requisitos solicitados para operar en el rubro.
Resulta que la caza deportiva menor es un muy buen negocio para algunos comerciantes que han encontrado el modo de ofrecer este tipo de servicios a turistas extranjeros. En el mercado se cobra a cada uno entre 800 y 3.000 dólares por excursión. Puede extenderse por seis días con todos los gastos incluidos (traslado –en avioneta según sean los casos-, alojamiento, municiones, comida, guías y, se supone, los impuestos para los permisos requeridos).
En la capital provincial, los foráneos suelen alojarse en los hoteles del Parque, son pasados a buscar en camionetas y son llevados directamente a los campos contratados por los operadores para las cacerías. En los establecimientos privados, que algunas empresas trabajan con decenas, se alojan y son provistos de todo lo necesario para el “safari”.
Si bien las prestaciones son alta gama y poder adquisitivo, muchas veces las firmas no encuadran su actividad dentro de la ley. Inclusive, tal vez con el afán de atraer clientes, en sus anuncios no dan cuenta de los cupos sobre algunos especimenes u ofrecen otros prohibidos. Tal es el ejemplo del coto El Potrero, en Gualeguaychú, que promociona al zorro dentro de la caza menor, animal cuyo exterminio está impedido.
Por otro lado, en el rubro de caza mayor, en la provincia se registran cinco firmas donde se brinda la posibilidad de dar con jabalíes, búfalos, antílopes y ciervos, especies exóticas que se crían especialmente para la actividad. Una de las más famosas en el rubro es Argentina Wing Shotting, que maneja las estancias Los Laureles, a pocos kilómetros del Parque General San Martín; Los Ombúes, en inmediaciones de Victoria, y La Calera, cerca de Puerto Ruiz, Gualeguay. Esta última propiedad del ex presidente del Banco Central entre 1996 y 1998, Pedro Pou.
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