Nada a su nombre
El ex senador Mario Alberto Yedro (PJ-Concordia) fue encontrado culpable de haberse enriquecido en forma ilícita ya que no pudo justificar un patrimonio de 900.000 dólares, por lo que fue condenado, en 2005, a la pena de tres años de prisión condicional, al pago de una multa de 90.000 pesos y se ordenó el decomiso de un campo de 2.200 hectáreas en el departamento Tala. También su esposa, Silvia Yolanda Torres, fue castigada por la Justicia. Casi tres años después la condena todavía no está firme. Es que si bien el Superior Tribunal de Justicia ratificó la sentencia y denegó una medida extraordinaria, Yedro acudió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no se ha expedido.
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Sin condena
En noviembre de 2005 se constató, en el Centro de Salud Antártida Argentina de Paraná, el robo de 35 bolsones correspondientes al Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (PRAF). Ello derivó no sólo en un sumario administrativo sino también en una investigación policial y penal. Tanto revuelo investigativo derivó en que… no pudo hallarse a los culpables. Según se consignó a través del Decreto Número 2.263, firmado el año pasado por el entonces ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, “no surgen agentes con funciones en el centro de salud a los cuales pueda adjudicarse responsabilidad alguna por la desaparición producida”. Más aun, se comprobó que ese día había un policía de guardia, al que se identificó y se le realizó un sumario, pero no se lo pudo inculpar.
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La guita que falta
En las últimas semanas un acontecimiento ha conmovido a la opinión pública y a la comunidad educativa en Santa Elena. Resulta que la Escuela Número 9 Juan Bautista Azopardo ha sido elegida para desarrollar una serie de proyectos que presentó ante las autoridades provinciales. Para ello, el gobierno otorgó subsidios por 20.000 pesos a los directivos del establecimiento más antiguo de la localidad, cuya creación data de principios del siglo XX. Lo curioso es que el dinero, en lugar de ser administrado a través de una cuenta en caja de ahorro del Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA), como es aconsejable en estos casos, estaba en poder de la vicedirectora Hilda Burns.
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La guita que sobra
Se ha dicho muchas veces que los sueldos de los docentes merecen una recomposición acorde con la importancia de la función social que desarrollan, esto es la formación de miles de entrerrianitos en las escuelas de la provincia, muchas veces en condiciones precarias. También es un hecho conocido que muchos maestros corren de un establecimiento a otro, acumulando horas de trabajo, porque de otra manera no podrían ser el sustento de sus familias. Santa Elena, una de las localidades más pobres de la provincia, no es la excepción. Resulta que una docente, allegada a la conducción local de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), por la mañana cumple funciones en la Escuela Número 101 Almafuerte y por la tarde lo hace en Escuela Número 44 Nuestra Señora de Fátima, que es un establecimiento público de gestión privada.
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