D. E.
“Yo no tengo ninguna deuda pendiente en la Justicia”, dijo el ex vicegobernador Héctor Alanis (PJ) el año pasado, en un reportaje con este mismo semanario. La amnesia del ex hombre fuerte del peronismo en Paraná Campaña se dio de bruces la semana pasada, cuando los camaristas José María Chemes, Hugo Perotti y Ricardo González, resolvieron hacer lugar al planteo de la fiscal subrogante Sandra de los Milagros Terreno, de que la causa por el supuesto desvío de unos 22 millones de pesos-dólares en la Cámara de Senadores, en la segunda administración bustista, continúe su marcha y no se archive, como había dispuesto el juez Gustavo Maldonado, ex secretario del ahora jubilado magistrado Héctor Toloy.
La determinación de los camaristas fue como un cachetazo para quienes venían disfrutando del paso de los días en el almanaque y, de alguna manera, le abrió un nuevo crédito a la tan vapuleada credibilidad de la justicia entrerriana, que, pese a algunas leves condenas, en la última década trató siempre de mirar para otro lado en graves hechos de corrupción. El ex vicegobernador Héctor Alanis –el mismo que también deslizó una leve sonrisa en medio del recinto, la vez que su compañero de bancada, Félix Del Real (PJ-Colón) dijo “voto por la negativa” y logró que cayera el intento de juicio político al entonces gobernador Sergio Montiel, puesto que sabía de antemano su desenlace– estaba convencido de que la sonada causa en su contra no prosperaría. Desde algún lugar del poder –ese que tanto malversó cuando ocupó el mullido sillón de las oficinas de calle Santa Fe– le habían asegurado un final de esa manera, pese al esfuerzo de los integrantes de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para demostrar el vergonzoso desvío de dineros públicos.
El entonces juez y ex asesor del bloque de senadores del PJ entre 1987 y 1990, Héctor Toloy, nunca decidió apartarse de la frondosa causa, tal como tendría que haber hecho. Su presencia era fundamental y, de alguna manera, una garantía para que el expediente no avanzara, pese a la gravedad de la denuncia. De acuerdo a la investigación de los auditores de la FIA –que tomaron solamente dos de los cuatro períodos de mandato de Alanis y de su ladero, José Maximiliano Crettón Pereyra, quien luego se transformara en empresario millonario del rubro forestal en Misiones–, se desviaron unos 22 millones de pesos-dólares e hicieron desaparecer la documental, tal como lo consignara ANALISIS al poco tiempo de iniciarse la gestión de Sergio Montiel, en el año 2000.
“Se ampliaban los fondos destinados a la partida identificada como ‘Servicios No Personales del Programa 18’ sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran. Con la finalidad de disponer de importes de grandes volúmenes para ser sustraídos”, concluyó el ex titular del organismo de contralor, Oscar Rovira. El Tribunal de Cuentas –presidido por Hugo Alberto Molina desde 1989, ex compañero de Toloy hasta esa instancia, como asesor legal del bloque de senadores del PJ–, paradójicamente, nunca pudo ver ese desvío, pese a que era un tema conocido entre los legisladores de uno y otro partido, quienes, a cambio de contratos y cargos para amigos y familiares, también miraron para otro lado.
El año pasado, el juez subrogante Gustavo Maldonado –que era secretario de Toloy en el Juzgado de Instrucción Número 6 y continuó con la causa, en un peldaño mayor– resolvió dejar en reserva las actuaciones del caso Senado-Alanis-Crettón Pereyra, pese a lo revelado por el escritor Martín Caparrós en su libro El interior, donde contó la manera en que el oficialismo bustista extraía fondos públicos para luego inyectarlos en la compra de medios de comunicación, el pago a operadores de prensa y la derivación, incluso, al patrimonio personal de los involucrados. El escritor y periodista se basó en una entrevista en off que mantuvo con el ex funcionario bustista Oscar Horacio Mori –amigo personal y vecino durante los últimos años de Alanis, en un barrio residencial cercano a la Toma Vieja, realizado con sus fondos y los del empresario Hugo Benjamín Lifschitz–, quien contó con lujo de detalles el modo de operar con los fondos públicos.
En esa publicación se presentó la entrevista sin identificación del entrevistado, hasta que este semanario, con la autorización de Caparrós, puso en contexto el hecho denunciado e identificó a Mori como el entrevistado. Fue un escándalo de proporciones pocas veces vistas. Nunca tan claramente un ex funcionario daba precisiones sobre el robo de fondos públicos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
