Jorge Riani

Tienen los mejores sueldos, muchos optaron por desafiliarse del sistema estatal y solidario de obra social aún cuando eso perjudique a los que menos cobran, todos estudiaron en la universidad pública, felizmente gratuita. Sin embargo, al momento de reclamar los jueces del Superior Tribunal de Justicia no andan con pequeñeces. Recientemente recibieron un aumento que llevaría a que los magistrados con mayor antigüedad pasen a cobrar casi 25.000 pesos mensuales -lo que los ubica entre los más altos del país-, aunque con los descuentos embolsillan más de 19.000 pesos de sueldo. El Poder Ejecutivo accedió al pedido de incremento en nombre “del fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial” y -desoyendo el mandato de la Ley de Enganche- dejó afuera del aumento a los empleados. Desde el gremio de los empleados de Tribunales denuncian un acuerdo entre poderes y el silencio de las cámaras legislativas que “tuvieron sus propios aumentos”. El polémico incremento a los magistrados se argumentó en que no pueden ejercer el comercio, pese a que algunos camaristas están inscriptos en AFIP con un encuadre que la ley les prohíbe.

Hacete amigo del juez
no le des de qué quejarse;
y cuando quiera enojarse
vos te debes encojer,
pues siempre es güeno tener
palenque ande ir a rascarse.
La vuelta de Martín Fierro
José Hernández

La sonrisa desbordante de Talía y la mueca entristecida de Melpómene -con sus máscaras que se erigen como alegorías del teatro- pueden verse representadas en los rostros de quienes conforman ese universo de expedientes y corbatas que se llama Poder Judicial.

Es que un mismo hecho ha generado la alegría de los jueces y la bronca desenfrenada de los empleados comunes: el reciente decreto del Poder Ejecutivo provincial número 2.053, emanado desde la esfera del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

Ese instrumento de doble faz -simpático y antipático al mismo tiempo- es el que le ha otorgado un aumentito de sueldo del orden del 30 por ciento a los más encumbrados hombres y mujeres del Poder Judicial, y un 20 por ciento al resto de los jueces y funcionarios judiciales.

¿La modalidad burocrática de cumplir el consejo del Viejo Vizcacha? Para algunos trabajadores del Poder Judicial sí. De eso se puede estar tratando esta decisión del Poder Ejecutivo que hoy defienden con ahínco en los diarios algunos vocales que suelen “no hablar con la prensa”.

Se sabe que los trabajadores del Poder Judicial cuentan entre sus filas a militantes de una mirada un poco más amplia de que la que conduce a la pila de expedientes. Algunos de ellos, consultados por ANALISIS, no dudan en que este aumento salarial responde a un “acuerdo político” entre dos poderes, y hay quienes le afirmaron a este semanario que “ahora el cuerpo (por el STJ) está integrado por hombres del oficialismo que tienen buena llegada al poder político”. Y en ese tren de ideas señalaron, más que nada, al ex diputado, ex senador y actual vocal de la corte Emilio Aroldo Castrillón.

Mantantiru-Liru-Lá

Si hubiera algo de insinuación, podría decirse que lo que se vivió por estos días en el Centro Cívico es la representación alegórica del funcionamiento del Estado, sus decisiones, sus declamaciones y sus reales objetivos. Donde todo está mezclado y el discurso suelde hacerse pedazos contra la praxis de los actos de gobierno.

Pero la crudeza burda no deja lugar para hablar de sutilezas y muestra la real dimensión de cómo la clase política juega a los discursos progresistas en el Consejo General de Educación (donde se reforma la Constitución) y ejecuta la política constante y sonante por otro lado. Es que mientras los convencionales de todos los clubes argumentaban a favor de dejarse de etiquetas, y renunciar a llamar “su señoría” a los jueces de altos cargos, desde el Ministerio de Economía se lanzaba un decretazo donde se les daba a esos mismos funcionarios judiciales el suculento aumento.

Así las cosas, hay vocales que se llevarán cada 30 días la friolera de 19.000 pesos. Sumando esto, restando aquello, considerando aquello otro. En fin, al margen de las cifras de las que suelen hablar y las que suelen ocultar también, se trata de 19 caritas violetas de Julio Argentino Roca. No todos. Otros quedarán con algún par menos de billetes.

El decreto está fechado el 21 de abril reciente y obedece a una situación planteada por el Superior Tribunal de Justicia. En los considerandos, se da un argumento que es todo un descubrimiento: “La prohibición del ejercicio profesional establecida en el artículo 157 de la Constitución Provincial y el artículo cuarto de la Ley 6.902” donde se “establece para los magistrados la incompatibilidad para ejercer el comercio y en general para el desempeño de cualquier otra función o empleo”. El corte de comillas es para salvar los errores de redacción del decreto. Pero al margen de las formas, lo que argumenta el Poder Ejecutivo es, cuando menos, llamativo. ¿Recién ahora se han percatado de la incompatibilidad para ejercer el comercio que tienen los jueces? ¿Es un argumento sólido?

La Constitución es de 1933 y ya está en su reforma, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial 6.902, a la que se alude en su artículo cuarto, es de 1982 y su última reforma data de hace cuatro años.

Es decir que ya se sabía desde entonces sobre las incompatibilidades para ejercer otros comercios, pese a que hay jueces de cámara que están inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que pagan Impuesto a las Ganancias, correspondiente al encuadre del ejercicio del comercio, como pudo comprobar ANALISIS. Se le escapan esos detalles al gobierno judicial entrerriano, mientras pide un aumento argumentando precisamente que están imposibilitados de hacer eso.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)