Lo que en su momento pareció una fuerte embestida en contra de un convencional del bloque opositor -por su participación en el gobierno de facto del brigadier Ricardo Favre-, quedará sólo en eso. Todo indica que la Convención Constituyente, pese al movimiento mediático que tuvo en su momento el actual diputado provincial José Cáceres, ni siquiera tratará en plenario el planteo de expulsión que hiciera el legislador oficialista, a lo que se agregó un escrito de la convencional Zulema Schoenfeld (PJ), quien llegó a acusar de “traidor a la Patria” al conocido abogado penalista paranaense. Al parecer, un acuerdo reservado entre Jorge Busti -quien en su momento llegó a proponerle a Marciano Martínez que integre la lista del oficialismo, aunque esa idea luego se esfumó- y el ex legislador Augusto José María Alasino, habría sido determinante para que el tema pase al olvido.
Justo esa madrugada de principios de marzo, el actual diputado provincial José Cáceres (PJ-Paraná) optó por quedarse a observar el debate de la Convención Constituyente y se retiró ofuscado del recinto, cuando escuchó que el convencional del bloque que preside Augusto Alasino, el abogado penalista Marciano Martínez, hizo una suerte de reivindicación del gobierno de facto del brigadier Ricardo Favre, quien asumiera junto al general Juan Carlos Onganía, tras el golpe de 1966. Mientras advirtió de la situación a varios medios que no se habían enterado de la situación, a su vez envió una carta al presidente del cuerpo, el ex gobernador Jorge Busti, su jefe no sólo en la Cámara Baja, sino también en el Consejo Provincial del PJ.
Allí pidió “un enérgico repudio, eventuales sanciones y si correspondiere, la expulsión al convencional constituyente Marciano Martínez por la reivindicación de gobiernos surgidos de facto a través de la supresión de las garantías constitucionales, por el agravio a las víctimas de esos gobiernos y por el agravio a los militantes del peronismo”. Cáceres recordó que “a raíz de haber presenciado el debate suscitado en el recinto en la noche del 13 de marzo del corriente año, escuché la defensa de la placa que en su propio homenaje se hiciera poner el dictador Ricardo Favre en el Palacio de Educación, por parte del convencional constituyente Marciano Martínez. Si tal defensa es incompatible con su ejercicio de convencional, esto se vio agravado por la falsificación de la historia, los agravios a las víctimas de las dictaduras, los agravios al peronismo particularmente y la desfachatada tergiversación de los principios democráticos que hiciera en esa oportunidad”.
Sin ocultar su enojo, Cáceres fue más allá al recordar que él provenía de “un movimiento político que fue víctima de las dictaduras que se sucedieron desde el momento en que se derroca al Presidente Juan Domingo Perón y tengo la obligación ética de solicitar que esto sea inmediatamente tratado en la Convención Constituyente y se dé una clara muestra a los entrerrianos de la firmeza de la democracia”.
Según el legislador paranaense, “el convencional Marciano Martínez, en defensa de la placa que el dictador Favre se pusiera en su homenaje, tergiversa completamente el sentido de la democracia al presuponer que lo público es patrimonio de los gobernantes, agravado esto porque se trata no de gobernantes sino de dictadores.
La placa ubicada en el Consejo de Educación fue solventada con dineros públicos que utilizaron ilegalmente los dictadores. La patética defensa de su actuación al usurpar el cargo de ministro de Educación de esa dictadura, lo lleva evidentemente a reivindicar las teorías dictatoriales con que los partícipes de las dictaduras intentaron tranquilizar sus conciencias. Pero tales doctrinas son falsas, atentan contra la democracia, y demuestran la necesidad y vigencia de las consignas de Memoria, Verdad y Justicia”, agregó.
Cáceres consideró además que los dichos de Martínez fueron una “burla a los entrerrianos, al citar obras realizadas con dineros públicos por quienes habían usurpado las arcas públicas, lo que debe firmemente ser aclarado: las obras realizadas por gobernantes y dictadores con dineros públicos pertenecen al Estado y al pueblo, no son patrimonios personales de los gobernantes o de los dictadores. La confusión del convencional, al enumerar obras públicas y ponerles el nombre de Favre, como si pertenecieran a su patrimonio personal, parte de la misma concepción por la cual creyeron que también eran los dueños de la vida y de la muerte de los argentinos. El patético pedido de que se saque distintas placas, pretende por un lado relativizar la diferencia entre víctimas y victimarios y por el otro, reclamar impunidad penal para los dictadores”, añadió más adelante.
“El curioso relativismo que ahora esgrime el ex ministro de Educación de la dictadura (hay que recordar que desde ese cargo usurpado no se difundían valores pedagógicos relativistas, sino verdades absolutas e incuestionables) en su propia defensa, debe ser contúndeteme desnudado en su falsedad. Cuando en su discurso -añadió Cáceres-, Martínez dijo: ‘¿Quién puede tirar la primera piedra?’ Puso al mismo nivel a víctimas y victimarios, y en la búsqueda de argumentar esta posición ridícula, abundó con disparates históricos como la pregunta: ‘¿No sería grosero decir que el general Perón surgió de un golpe militar?’. Sin dudas es grosero y falso. El general Perón surgió, como Presidente constitucional tras haber ganado las elecciones de 1946. No surgió de ningún golpe de Estado, sino de un proceso electoral democrático, legítimo y limpio.
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