Hay casi un centenar de prostíbulos habilitados por los municipios en la provincia de Entre Ríos. Algunos quedan en las denominadas “zonas grises”, donde el Estado comunal no llega. Entre sus paredes, alrededor de medio millar de mujeres ejercen la prostitución, sin contar las que tienen sus paradas en la calle. Con la desaparición de Fernanda Aguirre y las hipótesis de su introducción en una red de prostitución los operativos se hicieron más frecuentes en esos locales. Aunque no hay elementos para sostener esa vía, el resonado caso puso al descubierto el flagelo de la explotación sexual de menores. Eso llevó a intensificar los operativos policiales, con apoyatura judicial, en las denominadas whiskerías. Se realizaron 150 inspecciones en cada departamento en el último año, y eso dejó al descubierto la presencia de niñas entregadas a la venta de su cuerpo. En esta nota, ANALISIS pone al descubierto el complejo entramado de un negocio millonario y revela el nombre de todos los prostíbulos entrerrianos y sus propietarios.
Podría ser un buen argumento para indagar en la psicología de la mentira. La autoridad policial de entonces dice que a una niña la raptaron para introducirla en una red de prostitución y que eso ocurrió en la jurisdicción en la que tiene que garantizar que eso no ocurra. La historia será larga, con un final incierto y un andar plagado de engaños y pistas falsas. Vendrá un juicio y saldrá a la luz que las autoridades policiales cometían serios errores o mentían deliberadamente [sobran argumentos para apostar a esto último] cuando decían que el rapto obedecía a esas razones.
En una mente atenta causaría conmoción. La máxima autoridad policial y algún juez amigo del poder político apostaron a que trascienda que una niña fue cargada en una siesta pueblerina para entregarla a la vida nocturna de la esclavitud y el sometimiento sexual.
Eso –el interés por imponer tal hipótesis– es lo parte de lo que ocurrió con el caso de Fernanda Aguirre. Cuando las investigaciones judiciales serias demostraron que la hipótesis de la prostitución no tenía el mínimo sostén, saltaron los inquietantes interrogantes: ¿Es que en caso de que así haya sido sería más digerible para la sociedad? ¿Consideran esos policías y el juez de instrucción que el rapto para prostituir a la niña era menos grave por la naturalización del delito?
Esa mentira tiene un trasfondo social serio, y puede ser el que esconde la tolerancia social con el nefasto fenómeno de la prostitución infantil. Y si algo tuvo de positivo esa mentira, fue que las autoridades siguientes de la Policía de Entre Ríos –abierto el tema como con el caso Fernanda Aguirre– tuvo que poner la atención en los prostíbulos. Se sucedieron entonces operativos con resultados positivos en la búsqueda de niñas obligadas a entregar su cuerpo por un sustento esencial.
De pronto comenzaron a ser noticias frecuentes en los diarios impresos y digitales: “Investigan cómo fue prostituida en Gualeguay una menor misionera”; “Rescatan a un menor en Colón que era obligado a prostituirse”; “Entre Ríos: rescatan a otras cuatro adolescentes esclavizadas en cabarés” son algunos de los títulos publicados en los últimos meses en la prensa local y nacional.
“Le dijeron que iría a cuidar niños. Pero al llegar a destino, muy lejos de la tierra colorada, descubrió cuál sería su verdadero trabajo: a fuerza de amenazas y coerción, Gladys fue obligada a dejar su indumentaria adolescente por lencería erótica. Tenía 17 años recién cumplidos. La peor parte de su pesadilla duró varios meses, en los que tuvo que prostituirse, casi sin ver la luz del sol, encerrada en una whisquería de Gualeguay junto con otras chicas, menores como ella. Hasta que un operativo policial la rescató de ese mundo oscuro”. Así comenzaba un informe periodístico de Página/12 publicado en enero del año pasado.
En Entre Ríos hay un centenar de prostíbulos registrados, con un promedio de cinco meretrices promedio en cada local. No se cuentan ahí, claro está, los lugares informales y las paradas callejeras que duplicaría la cantidad de quinientas prostitutas que están asentadas en las llamadas whiskería. En otras palabras, aunque es difícil establecer un número podrían ser mil quinientas las mujeres introducidas al mundo de la prostitución.
Solo una parte de esa población es menor de edad. Como se ha dicho, desde la irrupción del Caso Fernanda los operativos han sido frecuentes y los hallazgos de adolescentes prostituidas también. No son pocos los casos de delito de explotación de menores que sortean el alcance de la justicia mediante documentación falsa. Un informe policial al que tuvo acceso ANALISIS da cuenta que en los operativos “se cuenta con personal policial de Investigaciones y Criminalística, y los efectivos de esta ultima área a los efecto de comprobar la legitimidad de sus documentos”. Apunta el estudio de campo que “algunos [documentos] detectados tienen una adulteración casi perfecta que es difícil que un policía común pueda percibirlos, así que los peritos en documentología hacen la tarea”.
A veces un delito tapa a otro: la falsificación de documentos de identidad es el ardid para hacer pasar como adulta a una niña prostituida. Es por eso que en los operativos policiales se sumaron expertos en el tema.
La policía entrerriana realizan de tres a cuatro veces por semana operativos en cada uno de los locales que tiene registrados. Son no menos de doce controles por mes por cada * Departamento entrerriano. Así, en 2007 fueron 150 los operativos que los uniformados realizaron en las eufemísticamente denominadas whiskería.
Esos operativos, en muchos casos, dejaron al descubierto una realidad terrible: la presencia de niñas convertidas en putas. En la capital provincial, durante agosto último, fueron localizadas tres menores ejerciendo la prostitución: una en Que Queen y dos en Barrabás, aunque “no se registraron denuncias por casos de mujeres que estuvieran bajo una red que las privaras de su libertad, incomunicara y obligara a prostituirse”, dice el informe policial.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
