Silvio Méndez
Esta semana fue deshabilitada la única playa que había en Paraná. La necesidad de contar con un espacio de este tipo en la ciudad origina nuevamente las preguntas por el uso del camping Los Arenales, única costa a salvo de la contaminación y las cambiantes del río. El predio, luego de que fuera entregado a un privado por el ex intendente Sergio Varisco (UCR) en 2000, ingresó en un prolongado y complejo litigio judicial por su dominio entre el municipio y la provincia. Pero en 2005 el ex gobernador Jorge Busti (PJ) desistió de la disputa, lo que derivó en una presentación por inconstitucionalidad de la medida. En la actualidad, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia debe definir la competencia del Juzgado que definirá la legalidad de esta última decisión. De tal suerte se fijaría luego a quién corresponde la potestad sobre los terrenos y el futuro de la preciada orilla. ¿Se continuará protegiendo el negocio empresario o se destinará para bien público?
Lo que resta del verano promete ser abrasador en la capital provincial. Y para colmo, la ciudad que se precia de poseer una amplia costa sobre uno de los ríos más caudalosos del mundo, carece de playas públicas habilitadas para el uso recreativo y el baño en sus aguas. Debido a la bajante del Paraná, el martes se retiraron las boyas en el camping del Thompson, tal como se debió hacer el pasado viernes en el Municipal sobre el Parque Urquiza. Asimismo, el proyecto de la comuna de alquilar la Isla Puente -ubicada frente a la Costanera- fue descartado por problemas presupuestarios.
La directora de Espacios Ambientales Turísticos de la Municipalidad, Amalia Ferreira, expuso que sus propietarios, la familia Daneri, solicitaron 50.000 pesos de alquiler por la temporada. La inversión se habría tornado inalcanzable para las débiles arcas locales teniendo en cuenta que se debían sumar los gastos para su acondicionamiento y logística para el traslado de los bañistas. La funcionaria también explicó que por su topografía, la única ribera que podría estar a salvo de las variantes de las aguas sería el antiguo predio Los Arenales.
Los vecinos que alcanzaron a disfrutar de este borde costero hasta principios de los ‘90 lo recuerdan por sus amplias extensiones y corrientes cristalinas. Pero hete aquí que este balneario público se encuentra envuelto en una enredada y dilatada disputa judicial por la legitimidad de su posesión entre el municipio y la provincia, donde no es ajeno en esta polémica el interés de un poderoso empresario con aceitados vínculos con el poder.
Los orígenes del conflicto se pueden retrotraer hasta el comienzo de la transformación de este sector que en su génesis era de bañados y anegadizos. Producto del refulado de arena por la obra de construcción del Túnel Subfluvial en 1957, este lugar inundable se convirtió luego en un paraíso para los veraneantes a pocos minutos del casco urbano. En principio, si se reconoce la jurisdicción de las costas de toda corriente navegable, el predio debía ser administrado por la provincia, pero por una extraña maniobra, en 1965 el terreno pasó a ser propiedad del Banco Municipal de Paraná. Este nacimiento espurio derivó más recientemente en que el año 2000 el entonces intendente Sergio Varisco (UCR), en una controvertida decisión, otorgó a Sergio Gregorio Lifschitz permiso para construir un barrio privado en Los Arenales: el denominado Amarras del Sol. La autorización se realizó pese a que la Comisión de Código Urbano se expidió en contra de otorgar tal consentimiento e informes técnicos advirtieron que las obras del country fluvial ponían en riesgo el funcionamiento e infraestructura del Túnel Uranga-Sylvestre Begnis. La edificación del Amarras del Sol siguió adelante aunque, en 2003, el ex fiscal de Estado de la provincia, Sergio Avero (UCR), promovió un juicio de nulidad y reivindicación de título de Los Arenales junto con una medida cautelar de prohibición de no innovar y contratar. La presentación cayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Número 4 de Paraná, Secretaría Número 4. En estos interines, las labores y comercio de lotes nunca se paralizaron. Algunas fuentes ligadas al mercado inmobiliario incluso han señalado que la actual diputada nacional y esposa de Busti, Cristina Cremer (PJ), habría adquirido una de estas coquetas viviendas que en su promoción para la venta se anunciaba contaban con un ingreso para embarcaciones y muelles individuales.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
