J. C. V.
Mientras en otros puntos del país se están sustanciando juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, eso aparece como algo lejano en el horizonte entrerriano. Ante la paralización de las principales investigaciones -instruidas tras el advenimiento de la democracia-, los organismos de derechos humanos y las víctimas de la dictadura han formalizado presentaciones por nuevos hechos, mientras se trabaja para ampliar las imputaciones contra otros miembros de las fuerzas de seguridad y civiles que colaboraron en la represión. A cuatro años del fallo que permitió reabrir las causas sobre aquellos horrendos crímenes, ANALISIS traza un panorama sobre la situación actual en que se encuentran.
Hace poco más de una semana comenzaron a ser juzgados seis represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. Es este el primer juicio desde la anulación de las leyes de impunidad que se desarrolla en el interior del país, pero no el único previsto en el mediano plazo. En Neuquén, Tucumán, San Luis y Santa Fe hay causas que ya han llegado a la etapa de juicio y se prevé que los debates se realicen también en el curso de este año, mientras que en Córdoba, Salta, San Luis y Santa Fe hay jueces que ya clausuraron los procesos investigativos. En Entre Ríos, en cambio, la situación no está tan avanzada. Lejos de ellos, las causas están tratando de sortear las dilaciones y chicanas que tratan de imponer los defensores de los represores.
El 11 de mayo de 2004, la jueza Federal ad hoc de Paraná, Myriam Galizzi, ratificó la validez de la ley que anuló las leyes de obediencia debida y punto final y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem en 1989. Con esa resolución abrió el camino para la continuidad de la tramitación de la causa por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la capital provincial y ciudades vecinas durante la última dictadura militar, tomando como base parte de las investigaciones realizadas en su momento por la fiscal Olga Taybo y el fiscal adjunto Juan Varisco Bonaparte. Sin embargo, el camino transitado ha sido sinuoso y de hecho la causa Área Paraná no ha producido ningún avance en casi cuatro años porque las defensas de los imputados comenzaron a interponer una serie de trabas procesales apelando a los principios de cosa juzgada y la prescripción de la acción penal y cuestionando que el proceso se lleve adelante por la vía oral y pública. Estas cuestiones han derivado en que la causa se encuentre con una resolución pendiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por lo pronto, ya dispuso que la instrucción se realice bajo el procedimiento escrito, vigente al momento en que se cometieron los hechos y cuando comenzaron a ser investigados.
La estrategia de los organismos de derechos humanos y de los letrados que representan a los querellantes ha sido entonces la de abrir nuevos frentes judiciales a través de otras causas que no habían sido investigadas. “Lo que se resolvió fue buscar y facilitar la información a otras víctimas o familiares de víctimas que no se hubieran presentado en aquel momento, hechos que no hubieran sido investigados, y radicar las denuncias”, explicó la abogada querellante Marina Barbagelata.
La lista de imputados incluidos en la resolución de la jueza Galizzi de 2004 alcanzaba a Jorge Humberto Appiani, Luis Armocida, José Anselmo Appelhans, Ramón Oscar Balcaza, Rosa Susana Bidinost, Carlos María Cerrillos, Ramón Genaro Díaz Bessone, Hugo Mario Moyano -el único civil-, Oscar Ramón Obaid, Julio Raúl Paredes, Alberto Rivas, Daniel Manuel Rodríguez, Juan Carlos Ricardo Trimarco y Carlos Horacio Zapata, que se habían visto beneficiados por las leyes de impunidad. En el camino, fallecieron Abel Teodoro Catuzzi, Alfredo Ismael Duré, José Faustino Fernández, Leopoldo Fortunato Galtieri, Constantino Francisco González y Carlos Patricio Zapata. Y éste es otro motivo por el cual los querellantes pretenden no dilatar los tiempos. Es que si bien los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, la finitud de la vida humana ya ha liberado de pagar sus culpas a no pocos represores de la dictadura.
Mientras tanto, cuatro han sido las nuevas denuncias presentadas en sede judicial, además de cuarenta y tantos querellantes. La primera por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná. También se radicó una denuncia por la Masacre de La Tapera, en la que fueron asesinados dos militantes; y otra por la detención y torturas de una militante en diciembre de 1975. La presentación por el secuestro del médico paraguayo Agustín Goiburú, en 1977 en la capital provincial, en el marco del Plan Cóndor, fue anexada a la causa principal, por lo que el avance de la investigación está pendiente de la resolución de la Corte Suprema.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
