Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)

Los gobiernos nacional y provincial se resisten a concretar estudios de impacto acumulativo reclamados por los ambientalistas entrerrianos, para determinar la magnitud del daño que genera en la naturaleza y en los seres humanos la creciente producción de soja roundup ready en el territorio provincial bajo el sistema actual. La sociedad se queja en forma tibia aún, como esperando que el mal golpee a la puerta de cada uno. Y es que el modelo dominado por grandes multinacionales y facilitado por los gobernantes locales a su servicio, se empeña en ocultar los riesgos tenebrosos del cóctel de químicos desparramados. Expertos hablan de “genocidio” en Entre Ríos, y las autoridades no sólo hacen oídos sordos sino que dan mayor impulso al sistema sojero, sin estudios completos.

Sorprende la diferencia de criterios entre asociaciones civiles que denuncian los efectos nocivos del sistema con la palabra “genocidio”, y los gobernantes que alientan este modo de producción en su afán de concentrar fondos mediante retenciones a las exportaciones, y rechazan sin fundamentos la realización de estudios integrales, sistémicos, de impacto acumulativo.

Unos sostienen que la soja cultivada con agrotóxicos en plena democracia ya mató más personas que la dictadura. Otros afirman que podrían tomar, sin dudas, un vaso de agua con roundup (glifosato), como los propietarios de las pasteras se ufanan de beber agua servida.

Lo insólito de la situación en Entre Ríos radica en que, mientras el gobierno y sus sucesores anuncian 16 polos oleoquímicos basados en este sistema, miembros de ese mismo gobierno dicen a los ambientalistas, en privado, que no se preocupen porque ese era sólo un slogan de campaña, y que harán apenas un polo y tal vez ni uno. ¿Cuál será, en verdad, la política en materia de granos del gobernador Sergio Urribarri que promueve la soja y su uso para combustibles, y su vicegobernador José Lauritto que ha confesado que no avanzarán con tales polos? El doble discurso no es tal en los hechos, donde el sistema sojero a gran escala y expulsor de mano de obra se impone sin atenuantes.

Los que desafían a este sistema instalado, lo acusan de provocar malformaciones, cáncer, abortos entre los entrerrianos; lo señalan como causa de la consolidación de las estructuras económicas de expulsión de habitantes de las zonas de cultivo bajo un régimen de destierro permanente, y al mismo tiempo como principal razón de la concentración de la propiedad y el uso de la tierra en pocas manos y el abandono del negocio en las multinacionales. Estos argentinos valientes están buscando ahora la manera de provocar la atención de políticos y jueces por el lado de sus responsabilidades en la continuidad de este sistema, y encuadrar los presuntos delitos en el Código Penal.

Soja para el bolsillo de pocos y el corazón de nadie, soja en un país que ni siquiera produzca carnes sino piensos (alimentos) para que otros hagan carne, o biocombustibles para los grandes centros industriales del mundo, en un retroceso hacia la economía extractiva, con gran costo en minerales del suelo y en habitantes de la tierra. Soja para encerrar a los vacunos en zonas marginales, y que se ahoguen en el orden de los 30.000 a la primera creciente porque los políticos/empresarios sojeros, nublados por las ganancias, ni siquiera hicieron planes mínimos de evacuación a pesar de las advertencias reiteradas. Soja para que se mueran en forma horrenda 30.000 animales en un mes, y ni un solo político se haga cargo de la masacre, y ni un fiscal pida explicaciones, sea por los derechos de los animales a una muerte digna, sea por los derechos de los seres humanos a no derrochar alimentos.

Osvaldo Rafael Fornari es el mayor especialista argentino en el seguimiento y la denuncia de los efectos de los agrotóxicos sobre los seres humanos (niños, mujeres, ancianos, trabajadores rurales), y forma parte de la campaña “Paren de fumigar” lanzada por el Grupo de Reflexión Rural (GRR) que lidera el militante Jorge Rulli.

El GRR está haciendo historia, con eco escaso todavía porque enfrenta al poder que surge de la connivencia entre políticos, terratenientes o grandes arrendatarios, pool de siembra, y multinacionales que concentran el negocio de las semillas modificadas genéticamente y los agroquímicos y las exportaciones (Monsanto, Cargill, etcétera).

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)