J. R.

Como un pánico que acecha, entre los responsables de las arcas provinciales sobrevuela la posibilidad de que haya novedades en un par de juicios contra el Estado por cifras millonarias. Esa herencia sería un escollo en el que reparan los allegados a Sergio Urribarri. La magnitud pone los pelos de punta, pero entre los grupos técnicos y jurídicos de la futura gestión ya se piensa en alternativas ante la posibilidad de que un eventual fallo adverso obligue a abrir las puertas del tesoro de par en par. Sin bien algunas versiones daban cuenta de que los trabajadores viales contarían con sentencia favorable y hasta se arriesgaban a dar cifras exorbitantes sobre el monto que ganarían, el caso tendría aún una larga estadía por delante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, fuentes vinculadas al próximo gobierno le confiaron a ANALISIS que se estuvo estudiando una alternativa para no comprometer -en caso de tener que pagar- el funcionamiento del Estado y que dieron con una herramienta que amortiguaría las condiciones de pago. Un alivio si se piensa que el monto puede superar los 300 millones de pesos. A eso se le suma el planteo de los policías entrerrianos que, valiéndose de un viejo decreto, piden equiparación salarial con los policías federales. Sin embargo, frente a este caso está la confianza del futuro oficialismo de que ese decreto nunca haya entrado en vigencia porque la Legislatura no lo refrendó.

Se mueve y todo se agita; casi como quien sacude en el mar para generar olas. Chistes de ese tipo, en algún tiempo, le han valido la pervivencia a algunos bancos, por eso de hacer correr una bola y desatar el pánico de depositantes. Pero aquí la cosa es bien distinta porque lo que está en juego, en esas versiones, es el Estado. Y ya se sabe: con la cosa pública parece que se puede jugar. Lo cierto es que una usina de rumores sobre una millonaria sentencia a favor de los trabajadores viales puso en vilo a los custodios de las arcas y en guardia a los abogados que acompañan la gestión pública provincial.

No fue necesario recorrer mucho para dar cuenta que no hay ninguna sentencia que amenace la viabilidad de la provincia, pese a que sí existen -como lo ha revelado en su momento este semanario- algunos juicios que son para no perderle pisada. Y en esta nota se pone la mirada sobre ellos.

El camino de los viales

El caso había saltado hace exactamente tres años por una nota de ANALISIS. El Estado provincial sufría un duro revés judicial por un planteo que formularon los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para que se reajusten sus salarios con carácter retroactivo.

Hoy la pulseada judicial continúa con unos 1.400 trabajadores y jubilados viales por un lado, y el Estado provincial por el otro. Es que los obreros de esa repartición invocaron para el planteo el Estatuto Vial de reajuste de haberes y, con esa base, pidieron que se reajustaran sus sueldos. Un fallo del Superior Tribunal de Justicia les dio la razón, y -en posición de desventaja- la provincia planteó un recurso extraordinario, por lo cual hoy el asunto está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El gobierno entrerriano planteó que la cláusula de reajuste estaba derogada por la Ley Número 23.928, más conocida como la Ley de Convertibilidad.

Hoy, una fuente de inobjetable valor informativo da cuenta de las versiones que indican que habría varios votos favorables a los trabajadores viales en el máximo tribunal judicial argentino.

El caso tiene aspectos llamativos. Porque la misma historia se repitió en el conjunto de los Estados provinciales, donde los viales de cada lugar hicieron idénticos planteos. Eso dio como resultado que los viales de la provincia de Santa Fe corrieran suerte adversa, es decir totalmente distinto a sus pares entrerrianos.

Algo realmente sorprendente: idénticos casos, con diferentes resultados según en qué vera del río Paraná se esté. Incluso a los obreros santafesinos les denegaron el recurso que sí le admitieron al gobierno entrerriano, y entonces debieron ir en que -como se sabe- es un planteo con chances más débiles.

Afectados por vaya a saber qué fiebre, algunos sectores salieron a indicar que la sentencia hablaba de 1.500 millones de pesos de reajustes. La cifra dio letra a la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, que salió con un comunicado para desmentir y hasta indicar que “todas las cifras que se están manejando son hipotéticas”.

Sin embargo, en algunos lugares técnicos y jurídicos no han dejado de hacer algún cálculo para, aunque más no sea, avizorar hasta dónde se puede llegar con el costo de este juicio. Entonces, se hicieron los cálculos de máxima: si son 1.400 actores, a los que se les practica una liquidación de 250.000 pesos, se puede arribar a una cifra para el escalofrío: 350 millones de pesos. Sin dudas, lejos de la locura de las versiones, pero ciertamente escalofriante.

“Es una cifra gigantesca, aunque está claro que se hace en el aire y con todas las chances a favor de los accionantes”, observó ante este medio un abogado que conoce el caso.

¿Preocupa esta situación al gobierno que se avecina? Bueno, la pregunta es de respuesta obvia, si se considera que nadie puede quedar tranquilo con esa chance sobrevolando por las cabezas. Pero también es cierto que se estaría pensando echar mano a una herramienta para salvaguardar la viabilidad pública.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)