“El Quete” elige comisión
El 6 y 7 de este mes se realizó la Segunda Conferencia Nacional de Jueces, que reunió en Salta a más de 600 magistrados de todo el país. La declaración final, entre otros puntos trascendentes, señaló que “el Poder Judicial debe contar con el manejo autárquico de su presupuesto en forma plena”, resolvió la creación de las comisiones permanentes de “Acceso a la Justicia y Resolución de Conflictos” y de “Gestión Judicial” y anunció la puesta en marcha de un Plan Nacional de Informatización de la Justicia Nacional. La Conferencia trabajó diferentes temas al separarse en comisiones de trabajo que abordaban problemáticas distintas. Entre los funcionarios judiciales entrerrianos que participaron del importante encuentro, se contaron una veintena, entre ellos los vocales del Superior Tribunal de Justicia Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Carlos Chiara Díaz, Bernardo Salduna, Susana Medina de Rizzo, Leonor Pañeda y Emilio Castrillón y la camarista Silvia Nazar.
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Convocatoria
La proliferación de agencias de seguridad privada en la provincia ya no sorprende a nadie. Es que se trata de un negocio atractivo si se tiene en cuenta que una empresa de este tipo puede llegar a facturar unos 2,5 millones de pesos mensuales según el tipo de servicios que preste y la calidad de sus clientes. El funcionamiento de dicho comercio está regulado por el Decreto Número 2.940 que data del año 2001. Sólo el Poder Ejecutivo puede autorizar a una firma a que funcione, para lo cual se exige un capital de garantía de 250.000 pesos; pero se ha delegado en la Policía la fiscalización de las agencias. Los policías en actividad no pueden ser vigiladores privados, ni tampoco podrán cumplir con esa tarea quienes hayan sido exonerados de las fuerzas de seguridad estatales.
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Se viene un cambio, juez
El gobierno entrerriano le pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que reordene el trámite en la causa iniciada contra Botnia por contaminación en grado de tentativa. En otras palabras, que apure al juez Guillermo Quadrini. De paso, el cada vez más golpeado asesor legal de Jorge Busti y Guillermo Guastavino, Juan Carlos Canco Vega, quiere que “le indiquen” al juez subrogante Alberto José Casanova que cite a prestar declaración indagatoria a los directivos de la empresa finlandesa, independientemente del pedido en el que dispuso el envío de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). “Es porque si no, estas medidas van a llevar dos o tres meses más”, explicó el abogado Gamal Taleb a la prensa.
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Sueño trunco
Desde el inicio de actividades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) se plantearon las dificultades que tendría el Estado provincial si no lograba validar los títulos a nivel nacional. Algunas carreras fueron certificadas y otras están en vías de reconocimiento, aunque las demoras han derivado, tal como se esperaba, en presentaciones que tarde o temprano deberán resolverse judicialmente. De hecho, en diciembre último el Poder Ejecutivo dio por finalizada la instancia administrativa respecto del reclamo de un joven al que le negaron una beca “en concepto de compensación por los perjuicios sufridos como consecuencia de verse imposibilitado de continuar sus estudios universitarios de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Crespo y tener que completarlos en la Facultad de Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional”.
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Fotos no
El Cementerio Municipal de Paraná es no sólo el camposanto de la ciudad sino también un espacio que guarda una enorme porción de cultura a través de lo que representan los mausoleos, nichos y panteones como estructuras arquitectónicas. Algo de eso es lo que atrajo seguramente a un grupo de estudiantes de Fotografía que preparaban sus tomas en los pasillos. El último lunes las seis chicas paseaban, trípode en mano y cámara al cuello, sacando fotos en distintos lugares, hasta que de repente fueron sorprendidas por dos trabajadores municipales que les advirtieron que no podrían continuar sin previa autorización del director.
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Subsidiado e inseguro
El fútbol paranaense está atravesando un momento difícil por la creciente inseguridad que se da tanto dentro como fuera de los campos de juego. La Policía reclama un incremento en los adicionales para destinar un mayor número de agentes en las canchas. A su vez, los clubes aseguran que no tienen los recursos para pagar más adicionales. Entonces, la Liga decidió gestionar un subsidio al Estado provincial. A través del Decreto Número 805, en marzo el órgano que rige al fútbol recibió un subsidio de 100.000 pesos “pagaderos en dos cuotas iguales (…) destinado a solventar los gastos que demanda el pago de adicional a la Policía, aranceles de árbitros y otros gastos de realización de los campeonatos de la temporada 2007”.
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