D. E.
El desvío de casi 450.000 pesos en cuatro cheques, de la Secretaría de Energía de la provincia, no lo concretó cualquier persona, sino quien figura como titular de la empresa de seguridad privada Elite SRL, aunque su esposo, Alberto Ingui, es quien la conduce. La maniobra que llevó adelante la mujer -con cerca de 30 años de antigüedad en la administración pública y más de 10 de servicio en el organismo de Energía- se produjo a escasos dos meses de la caída de la licitación de Elite en Enersa, lo que representaba un ingreso mensual de más de 140.000 pesos, según pudo determinar ANALISIS. Hay quienes sostienen que el robo de tales valores fue una clara revancha contra el titular de ambas reparticiones, Carlos Molina, después de una larga pelea para mantener la licitación, que incluyeron fuertes operatorias políticas, presiones y hasta algunas situaciones violentas.
En ámbitos oficiales quedó claro que no fue un robo más. No obstante, desorientaron la serie de errores cometidos por quien lo concretó: nada más y nada menos que una empleada con más de 30 años de antigüedad en la administración pública, más de una década en la Secretaría de Energía -es decir, desde su creación, en 1996- y muy cercana a algunas conocidas funcionarias de la Gobernación que, dicho sea de paso, no dudaron en recomendar su continuidad apenas Carlos Molina asumió en el cargo, a fines de 2003. Pero Graciela Susana Firpo tiene una particularidad: es la esposa de Alberto Beto Ingui, un cuestionado empresario, ligado al peronismo de derecha y quien, de la mano del ex funcionario condenado por corrupción Oscar Horacio Mori, logró impulsar la fuerte expansión de la empresa de seguridad Elite SRL, con sede en Italia 268 de Paraná, pero con oficinas en Rosario de Tala 443. “Entre 1995 y 1997 Ingui era como un empleado más de la Secretaría de Reforma del Estado y Control de Gestión que manejaba Mori. Lo iba a ver todos los días e incluso no ocultaban sus diálogos en los pasillos de la Casa Gris”, recordaron algunos conocedores de los movimientos del empresario en cuestión.
La obsesión de Mori por los esquemas de seguridad, controles o seguimientos siempre estuvo muy marcada en el ex hombre fuerte del bustismo, que creciera políticamente en la década de 1960 entre los ideales de Guardia de Hierro, donde siempre abundaron tales esquemas. No es casual que, además de Elite, Mori haya sido/es también el principal padrino de la empresa de seguridad El Guardián.
Hasta el 1º de junio de este año, durante casi 11 años, la firma Elite se encargó de hacerle seguridad a la ahora extinguida Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos (EDEERSA) -hasta donde llegó, en 1996, a poco de privatizarse la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (la ex EPEER), de la mano de Mori, en acuerdo con los ex funcionarios Eduardo Macri y Raúl Rico- y continuó con Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) en la actual administración, disponiendo para ello de más de 60 hombres fijos. Hasta esa fecha, Ingui cobraba en mano, uno por uno, 140.000 pesos mensuales.
“La situación de Elite con la empresa energética era irregular; se había caído el contrato y tenía una especie de continuidad irregular, por lo cual se llamó a licitación”, se indicó. Ingui nunca tuvo buena relación con el secretario de Energía y titular de Enersa, Carlos Molina, y sabía que tenía los días contados en la empresa, porque los caminos hacia la continuidad estaban casi todos cerrados. Más aún cuando se enteró que la firma El Guardián iba a presentar una propuesta perfectamente en línea con la licitación y contaba con el claro y generoso aval del secretario Legal y Técnico de la provincia, José Gervasio Laporte, quien ofició de operador para asegurarle el contrato a los hermanos Tórtul, propietarios de la extendida agencia paranaense.
No obstante, Ingui perseveró. Buscó aliados en el poder (como el caso del ex jefe de Policía, el comisario general retirado, Ernesto Geuna, considerado “un gran amigo” y quien lo benefició con una resolución adoptada en su momento, a favor del funcionamiento de Elite, tras absorber una firma denominada Uruguay, lo que ahora está a consideración de Fiscalía de Estado por una supuesta irregularidad) y encontró pocos para presionar. Algunos lo intentaron, pero se encontraron que, con Laporte mediante, El Guardián tenía casi asegurado el contrato. Hubo incluso algunas situaciones violentas, como determinadas advertencias que recibió Molina de parte de Ingui en semanas previas a su definición, pero ello le hizo prácticamente de boomerang.
La gente de El Guardián se quedó con la licitación (aunque a un precio menor que el que pretendían por el pago de la hora hombre) y Elite perdió su principal ingreso mensual. La situación en la firma de Ingui -pero a nombre de Graciela Susana Firpo- comenzó a complicarse. En los últimos meses se reiteraron los reclamos laborales y se generaron demandas desde la Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia y Liberty ART Sociedad Anónima, según consta en los juzgados Civil y Comercial número 4 y 6 de Paraná. “Encima, la firma se había endeudado en la compra de vehículos a principios de año”, se indicó. La referencia tenía relación con la compra de por lo menos 20 vehículos último modelo, entre Volkswagen Bora, Ford Eco Sport y hasta una coqueta camioneta para unas 14 personas. Mientras, la situación de la firma pasó a ser problemática y quizás se profundice la situación si la Cooperativa Eléctrica de Concordia no le renueva el contrato que tiene allí (con 16 hombres de seguridad), en la licitación prevista para el 2 de octubre.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
