Américo Schvartzman
(desde Concepción del Uruguay)
La causa iniciada por el gobierno contra los directivos de Botnia y Ence se ha movido: tres cuerpos de expediente y seiscientas fojas lo acreditan. Al juez Quadrini le tocó el rol del malo de la película, y quedó preso de su propia impronta: como no habla más que por sus fallos, no puede defenderse sin ser incoherente. ANALISIS accedió a ese voluminoso expediente y aquí cuenta los detalles que no se conocen, las paradojas de la causa y las contradicciones de la estrategia oficial, como la funcionaria Picolotti, querellante y a la vez causante de demoras en la acción judicial. Además: Minority report y el paradigma jurídico que promueve el abogado Vega.
El mismo día que ANALISIS DIGITAL publicó el episodio de las gualeguaychuenses afectadas por una nube tóxica de Botnia, el 15 de agosto, el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Adolfo Quadrini, libró oficios a autoridades sanitarias y nacionales pidiendo todos los datos sobre el caso. Eso -y muchas otras acciones en la causa- no impidieron que el gobernador Jorge Pedro Busti decidiera que es el magistrado el culpable de la inevitable derrota en el conflicto por la instalación de la pastera, e intensificara sus ataques contra el alicaído Quadrini, quien no habla con los medios, y por lo tanto, no puede defenderse sin ser incoherente.
Ahora, el magistrado fue declarado “persona no grata” por los asambleístas de Gualeguaychú, que compraron la versión bustista de que el juez “no quiere que avance la causa”. Pero lo cierto es que la causa se ha movido: tres cuerpos con más de 600 fojas -a las que tuvo acceso este cronista-, lo certifican.
Sin embargo, el magistrado no consigue los informes que necesitaría para avanzar más, o al menos en el sentido en que se lo reclama el gobierno entrerriano, querellante en las actuaciones. Aunque a la estrategia oficial eso no le interesa: lo que quiere es que el magistrado llame a indagatoria a los directivos de la empresa, por un delito que se cometerá en el futuro, pero que en el marco de las actuaciones no está aún probado, precisamente por falta de informes oficiales que sostendrían esa prueba. Increíblemente, el gobierno acusa a todo el juzgado de haber politizado un problema jurídico.
Caso perdido
Quadrini ya recibió varias embestidas de parte de las autoridades provinciales o de alguno de sus habituales voceros. Ahora volvió a ser noticia por el anuncio de un pedido de licencia para estudios médicos, que dejó la sensación de que el Juzgado estaba acéfalo. En una provincia (mal) informada por el diseño comunicacional del oficialismo, no es extraño.
Lo cierto es que el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay pidió una semana para el mes de septiembre, para realizarse estudios médicos en Buenos Aires. Pero en el marco de la guerra sorda desatada en su contra por el gobierno de Entre Ríos, el pedido de licencia sonó poco menos que a la deserción del juez en la cruzada anti pasteras que Jorge Busti ya sabe perdida desde hace tiempo. Claro que el gobernador también sabe a quién echarle la culpa.
Quadrini, un magistrado que desembocó en Concepción del Uruguay con la idea de permanecer por estos lares no más que un par de años, apenas como un escalón en su carrera judicial, ha quedado atrapado en el peor de los lugares. Sin mayores respaldos políticos y sólo con una fluida relación con un sector del gremio judicial nacional -que responde al ahora kirchnerista Julio Piumato- el magistrado, oriundo de Buenos Aires, quedó preso de su propia impronta como juez: es de los que creen que un magistrado habla por sus resoluciones, y por esa razón no dialoga con los medios. La actitud, del todo respetable, no es sin embargo la más conveniente para defenderse de la andanada mediática oficial en su contra.
Terrorismo y guerra de guerrillas
“Es terrorismo”, graficó un abogado que frecuenta los tribunales federales de La Histórica. “El tipo no puede siquiera pedir una licencia para hacerse estudios, porque sale en todos los medios nacionales como si fuera un desertor”. Para otros habitués de los pasillos de tribunales, lo de Busti es “guerra de guerrillas”, y apuntó: “El pronto despacho, la recusación, el reclamo por los medios, ahora esto de la licencia… Al mismo tiempo lo amenazan con denunciarlo en el Consejo de la Magistratura”.
Fuera de las metáforas bélicas o insurreccionales, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, el sostenido ataque contra el magistrado es vivido con preocupación y molestia. El juez Quadrini lleva 17 meses de instrucción de una causa en la que no le responden sus pedidos principales, de la que intentó despegarse en su momento por una cuestión de competencia, remitiéndola a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en la que los querellantes lo recusaron con durísimos términos: aseguraron que el juez, la fiscal y el secretario (sic) tienen “intereses ideológicos” en que no avance la causa.
No obstante, mal que le pese al abogado estrella del gobierno, el cordobés Juan Carlos "Canco" Vega, todas las apelaciones y cuestionamientos que inició contra Quadrini le fueron denegados por la Cámara Federal de Paraná. La primera vez fue cuando el juez decidió no hacer lugar al pedido de impedir el paso de los camiones que transportaban materiales hacia Botnia. La segunda, cuando Vega pidió la indagatoria a todos los denunciados. La tercera fue el recurso denominado “pronto despacho”, un reclamo porque el querellante entiende que el juez demora la causa, lo que se conoce como “retardo de justicia”. En las tres oportunidades la instancia superior al juez, le “dio por la cabeza” a Vega, como se suele decir en la jerga leguleya.
El querellante insistió, en un recurso de queja, y recusó a todo el Juzgado Federal. Aún resta que la Cámara resuelva esa acción, pero todo indica que tampoco prosperará, por la endeblez de los argumentos del querellante, que llega a acusar al juez de “politizar la justicia”. Un cargo insólito proviniendo del representante de un gobierno que envió a un juez federal un conflicto diplomático internacional con un país vecino denunciado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Cosas de la política entrerriana, con ramificaciones cordobesas.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
