Valentín Bisogni
(desde Concepción del Uruguay)

Los denunciados Mazzaferri y Rodríguez, citados a indagatoria en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, no se presentaron a declarar. Su abogado, un especialista en defender represores, presentó un par de recursos dilatorios, sobre todo por el temor a que queden privados de su libertad. El Estado provincial anunció que será querellante en la causa y el subsecretario de Derechos Humanos dijo que tanto al juez como a la fiscal federal “les faltan pelotas” y amenazó con recusarlos.

La semana anterior debían presentarse a declarar ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, José Darío Mazzaferri y Julio César Rodríguez como imputados en la causa en la que fueron denunciados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura entrerriana, en la ciudad histórica, por el docente uruguayense César Román. Sin embargo, el abogado de ambos presentó un pedido de inconstitucionalidad de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, así como también solicitó la eximición de prisión de ambos y la nulidad de la investigación.

Otra de las novedades de la causa es que ahora incorpora a otro protagonista: el Estado provincial, que se presentará como querellante. Así lo confirmó a ANALISIS el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Roque Minatta, que también tuvo duras palabras para con el juez Federal Guillermo Quadrini y la fiscal Milagros Squivo.

El silencio de los imputados

Alfredo Olivan, abogado del comisario general de la Policía Federal José Darío Mazzaferri y del ex agente Juan Carlos Rodríguez, alias El Moscardón Verde, se presentó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay el viernes 15 de junio con un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 25.779, que derogó las leyes de obediencia debida y punto final. A su vez, solicitó la nulidad sobre lo actuado hasta el momento en la investigación, que ya lleva más de un año de desarrollo.

El pedido, un formalismo para demorar el avance -ya que la Corte Suprema declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y la imprescriptibilidad de este tipo de delitos considerados “aberrantes”- no quedó solamente allí: el abogado también solicitó el beneficio de eximición de prisión, previendo la posibilidad de una orden de detención a sus clientes, que debían presentarse a indagatoria el miércoles 20 y jueves 21 de junio en los tribunales federales de La Histórica.

Será justicia

El juez Quadrini ya había fallado en contra de un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 25.779, que anuló las leyes de obediencia de vida y punto final. En septiembre de 2004, el semanario El Miércoles había dado a conocer dicho fallo, en el que el magistrado consideraba los delitos de lesa humanidad como “cosas no juzgadas” y calificaba las leyes de obediencia debida y punto final como “repugnantes al género humano”. El fallo se había dado en el marco de la causa 55.045, caratulada “Fiscalía General solicita desarchivo / Causas por la desaparición de personas área Concordia”, en la que están imputados varios ex beneficiarios de las leyes de la impunidad, entre ellos Naldo M. Dasso, Horacio Alberto Goris, Gonzalo Jaime López Belsue, Jorge Echeverría, Juan Ignacio Aleman, Miguel A. Galeano y Héctor Aníbal Amarillo.

Los abogados Gerardo Ibáñez, Luis Fernando Velasco, Alfredo Battaglia y Pablo Noceti habían solicitado que “se suspenda el trámite de la presente causa y específicamente respecto a toda medida restrictiva de la libertad” por un lado y, a su vez, pedían declarar inconstitucional la ley que declaró la nulidad de las mal llamadas leyes del perdón. También sostenían que existía una “cosa juzgada” respecto de los hechos que recién se habían comenzado a investigar.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)