Silvio Méndez
Un grupo de ciudadanos de distintos puntos de la provincia se reúne desde principios de año con la inquietud de pedir información y estudios sobre las consecuencias de la ampliación de la frontera agrícola. Las mayores preocupaciones se visibilizan en los efectos negativos por el uso de los agroquímicos. De la mano de esta problemática, los Autoconvocados en el fondo ponen en cuestión el sistema basado en el monocultivo de soja. Tras una serie de encuentros, solicitaron al gobernador Jorge Busti (PJ) la constitución de un Consejo Asesor Ambiental, pero aún no han obtenido respuestas. Por otra parte, han presentado documentación a la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Nación para que intervenga. Sus argumentos se respaldan en un informe de la Auditoría General de la Nación donde se afirma que no existe “un mínimo control del Estado”.
Los números de la producción agrícola en Argentina no dejan de arrojar récord, año tras año, campaña tras campaña. Y el cultivo estrella, la soja, parece extenderse por rincones hasta hace poco impensados del país. En todo el territorio se siembran unos 30 millones de hectáreas, y de esa superficie, 16 millones se destinan a la oleaginosa. Entre Ríos no ha sido ajena a este boom sojero.
Tan sólo 10 años atrás, en la campaña 1996/97 se sembraron 217.300 hectáreas y para la presente 2006/07 se implantaron 1.285.000 hectáreas, un 0,23 por ciento más que en el ciclo anterior y casi seis veces más que hace una década. Las cifras no sólo pueden verse reflejadas en la economía que cada vez más se alimenta de la retención a las exportaciones de semillas, sino en los impactos de toda índole social que provoca este extraordinario movimiento. Una de las derivaciones negativas que tibiamente se ha visto reflejada por algunos medios es sobre el uso de agroquímicos, tanto fertilizantes como pesticidas, sobre granos transgénicos.
Esto sin contar con el proceso de degradación de los suelos, deforestación, inundaciones incontrolables, concentración de las tierras, éxodo rural y pérdida de diversidad productiva, entre otros. El alcance de estos efectos debe ser de los datos menos abordados y estudiados oficialmente y es lo que precisamente un grupo de Vecinos Autoconvocados de Entre Ríos ha comenzado a reclamar a las autoridades provinciales. Reunidos a fines de marzo en un plenario en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, habitantes provenientes de unas 30 localidades debatieron, propusieron y exigieron medidas en torno a la compleja problemática. El pedido al Estado provincial es concretamente disponer de la infraestructura ya existente para crear un organismo de investigación y control. En el fondo, el debate intenta poner en serio cuestionamiento el nervio del modelo productivo sostenido por el monocultivo de soja. Una impronta que se avizora será profundizada por la tendencia a promover el desarrollo de agrocombustibles.
El pedido concreto al gobernador Jorge Busti (PJ) fue que constituya un espacio que en principio denominaron Consejo Asesor Ambiental. La idea es que con la participación de la sociedad civil, se encare una serie de amplios estudios sobre las dudas y controversias que genera la ampliación de la frontera agrícola. Entre otras acciones, los Autoconvocados también se reunieron con Ricardo Álvarez, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA).
Al funcionario le presentaron un informe detallado sobre las consecuencias de fumigaciones con agroquímicos, así como otras secuelas que afectan el medio ambiente, con el propósito de que intervenga en el asunto.
Uno de los mayores respaldos a los argumentos de los Autoconvocados para la serie de pedidos que han realizado es un informe de la Auditoría General de la Nación del año 2006. En el documento se advierte sobre las falencias en evaluación del impacto ambiental y conservación producto del mayor cultivo de soja en Argentina. En este sentido, Tomás Caíno explicó a ANALISIS que uno de los planteos centrales es “la ausencia del Estado y la falta de definición de un modelo de producción coherente con el interés nacional. Por eso se denuncia en base a un informe de la Auditoría General de la Nación la ausencia del Estado y organismos de control, particularmente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que debería operar algún tipo de seguimiento o sugerencia para la producción.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
