Las condenas a prisión en los casos ligados a hechos de corrupción en la función pública no han sido otra cosa que acciones declamativas. En Entre Ríos nadie pasará una sola noche encerrado por robar millones de dólares de las arcas públicas. Lo que sí se debe traducir en acciones concretas son las condenas especiales para realizar tareas comunitarias no remuneradas en favor de entidades de bien público. Pero como las causas más resonantes todavía tienen varias instancias judiciales, nada obliga a los condenados a cumplirlas aún, salvo el caso del condenado y suspendido intendente Domingo Daniel Rossi. Según un relevamiento de ANALISIS, ya está cerca la hora de ir a una escuela de Santa Elena y ponerse bajo las órdenes de los directivos para empezar a trabajar y también deberá devolver 90.000 pesos en cuotas a partir de este mes. El caso más grave es el del ex senador Mario Yedro, que todavía no está obligado a cumplir la sentencia -de diciembre de 2005- que obliga al decomiso de un campo de más de 2.000 hectáreas, comprado con dinero malhabido. Es que -al igual que el ex funcionario bustista Oscar Mori- la causa sigue enredada en el Superior Tribunal de Justicia donde deberán decidir si queda firme la sentencia antes de iniciar las tareas sociales.

J. R.

No es casualidad, es parte de un mismo trasfondo. El hombre tiene poder, extralimita el uso de ese poder y luego es alcanzado por una acción judicial, una condena, y ese hombre que supo tener poder pronto se ve obligado al trabajo humilde y honrado de colaborar con la sociedad. Esa es al menos la parte teórica, cuyo correlato práctico significaría una imagen tan extraña como impensada: el hombre poderoso tiene que ir a cumplir tareas a la escuelita, al comedor comunitario, al asilo de menores. Pero no es casualidad, decimos, es la consecuencia del uso extralimitado de esa capacidad de incidencia desde su privilegiado lugar de hombre público.

En Entre Ríos no ha llegado todavía el momento en que se pueda ver la fotografía de un funcionario condenado por corrupción devolviendo con acciones a la sociedad lo que se llevó ilícitamente.
Un sondeo que intenta ver hasta qué punto llegó el extremo de las causas más resonantes de condena por casos de corrupción administrativa en la función pública, da cuenta que sus protagonistas todavía están en una etapa por la que pueden reclamar la elongación de los tiempos y dilatar el momento de cumplir las condenas sociales.

Pero en el caso del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), el momento de volver a la escuela está muy cerca. Rossi fue condenado por enriquecimiento ilícito luego de un prolongadísimo proceso judicial iniciado a partir de las declaraciones de su ex esposa, Isolina García, al semanario ANALISIS, allá por el año 1997.

El martes último llegó al Juzgado de Instrucción de La Paz un pedido de la Cámara del Crimen que acusó al intendente suspendido y ex vicegobernador para que se notifique a los interesados a fin de que Rossi comience a pagar los 90.000 pesos de multas y sin mayores demoras inicie sus trabajos en la Escuela Malvinas Argentinas. De acuerdo a lo que pudo saber este semanario, el condenado deberá pagar 3.000 pesos por mes hasta completar la suma fijada por el tribunal sin intereses; es decir los 90.000 pesos.
En la sede judicial paceña se labró un acta y se le anotició a Rossi que debe ponerse a disposición de la directora del establecimiento escolar, que será quien fije las tareas comunitarias.

De este modo se pasará a cumplir la totalidad de la condena contra Rossi que incluye una pena de tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Todo eso para purgar el hecho de que se haya llevado una suma que se ubicaría en los cinco millones de dólares -según la tesis del fiscal de Cámara, José María Chémez- para la órbita de sus bienes privados.

Distinta es la situación del ex senador provincial Mario Yedro (PJ-Concordia), a quien el brazo de la Justicia ha dejado tranquilo aún. El 22 de diciembre de 2005, el ex legislador justicialista fue encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito y condenado a tres años de prisión condicional y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La resolución judicial, cuestionada por la defensa de Yedro, había alcanzado también a su ex esposa, Silvia Yolanda Torres, a quien se consideró partícipe necesaria.

Al ex legislador concordiense, además, se le impuso una multa de 90.000 pesos y el decomiso de un campo de 2.200 hectáreas que posee en el departamento Tala, mientras que a la mujer se la condenó a pagar 30.000 pesos.

La Sala Penal de Concordia, integrada por Mariela Rojas, Martín Carbonell y Marcelo Garay, había considerado que Yedro no pudo justificar cómo hizo para adquirir unos 900.000 dólares. Dos de los peritos que evaluaron los bienes fueron más que contundentes, en el marco del juicio que derivó en la sentencia condenatoria, en diciembre de 2005. Miguel Escales dijo que “la capacidad de ahorro del ex senador Mario Alberto Yedro y su esposa no tiene explicación para la contabilidad”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)