-Núcleo de acuerdos. En poco tiempo se hace notar ya el progreso de la comisión encargada de fijar los acuerdos sobre lo que se puede reformar y el núcleo que se preservará sin modificar. El cuerpo en cuestión reúne a miembros de todos los partidos políticos con representación institucional. Llama la atención la fluidez con que se construyen los acuerdos como así también la tolerancia que se pone de manifiesto cuando surgen diferencias. Un Jorge Busti entusiasmado anticipó que en días, el proyecto de convocatoria ya tendría entrada en la Legislatura provincial, a través de la Cámara de Diputados para ser preciso. El contraste con la iniciativa que durante tres años fogoneó Busti es realmente notable. Sin dudas, las expectativas reeleccionistas del concordiense constituían la traba principal para que corriera el proyecto. En aquel intento reformista, propios y extraños descontaban que una vez convocada la Constituyente, Busti iba a quedar habilitado para disputar un cuarto mandato.
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-Antes y ahora. Pero bueno, si bien a la luz de esta dinámica reformista se afirma la idea de que las expectativas reeleccionistas de Busti se constituyeron en obstáculo insalvable, había otras razones más ocultas que sumaban en el rechazo a sectores duros del justicialismo. La habilitación de instituciones de democracia directa como la revocatoria de mandatos y el plebiscito crispan los pelos del gorilismo justicialista presente en figuras emblemáticas como José Allende, Juan Carlos Almada, Adrián Fuertes u Orlando Engelmann, entre los notables. Naturalmente, estos temores también atraviesan la camiseta radical y tal vez con razones más concretas. En el centenario partido está fresca la retirada ordenada de Raúl Alfonsín antes de completar su mandato y luego el raje en helicóptero de Fernando de la Rúa. Y si en la reciente gestión radical, Sergio Montiel no terminó antes de los tiempos constitucionales su mandato se debió a que en ese entonces el Presidente Eduardo Duhalde necesitaba como el agua el apoyo radical para, mal que mal, encarrilar la crisis espectacular que vivía el país.
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-Las listas. De todas maneras, los círculos intelectuales de este anillo duro del justicialismo mueven sus fichas en la intención de direccionar el proceso de reforma constitucional por caminos donde estas herramientas de la participación popular no aparezcan y si aparecen, resulten como cuestiones secundarias. Es interesante repasar declaraciones últimas del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Augusto Carlín. Cuando hace referencia a las necesidades de reformar la Constitución, en ningún momento asoman estas propuestas de democracia directa como prioridades. Hay que destacar que en la intimidad de Carlín se descontaba su participación a través de las listas del justicialismo en la Constituyente que no prosperó. Pero seguramente, ya sea a través de su presencia directa o bien en el asesoramiento al bloque de constituyentes justicialistas, el vocal Carlín tendrá un protagonismo destacado. Recientemente otro importante animador de los círculos íntimos del bustismo, el licenciado Raúl Taleb, desempolvó -hablando de la reforma constitucional- el concepto de comunidad organizada como precepto directriz. Nunca se sabe qué se quiere decir con ese concepto; lo que sí, no existen dudas de que este eslogan ha sido bandera de toda embestida de los sectores derechistas del justicialismo. Mientras figuras como Taleb y Carlín entran a marcar la cancha, constituye una ironía del quehacer político que determinados liderazgos que fueron notas destacadas en el triunfo del justicialismo el 18 de marzo, por las incompatibilidades fijadas por la Constitución no puedan estar presentes en el proceso constituyente. Es bueno mantener registro de que en el proceso electoral pasado cobró significación el protagonismo de figuras relativamente nuevas en la participación política provincial.
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-Verde que te quiero verde. Mientras el proceso de reforma constitucional sigue su curso y se acerca a una zona de definición, otro proceso electoral candente se aproxima: el 30 de mayo hay elecciones en Entre Ríos, más precisamente en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Por primera vez en la provincia concurren dos listas: la oficial, encabezada por Juan Arturo Godoy, que juega con el apoyo de la conducción actual de Edgardo Massarotti; y la opositora, que postula como candidato a secretario general a Miguel Pelandino. Es cierto que esta última lista cosecha la adhesión de una franja de afiliados del interior que desde hace mucho tiempo se sentían en alguna medida relegados por la conducción de Massarotti. Pero esto de sentirse distanciados, más obedece a cuestiones de diferencias políticas que a trabas institucionales. Un rápido recorrido a la participación en cargos institucionales y de conducción por parte de los referentes principales de la lista opositora desmiente ese pretendido marginamiento. Lo cierto es que Pelandino fue activo protagonista en las orientaciones del gremio desde un largo tempo a esta parte. José Galarraga, que va como su adjunto, ha sido secretario de Prensa en la anterior gestión de Massarotti.
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-Las diferencias. Como ya es sabido, en las campañas electorales las diferencias se simplifican y quedan reducidas a la expresión fácil y ligera que convenga para estimular mejor la adhesión a la propuesta respectiva. Estas modalidades impiden reflejar cuestiones de fondo y las diferencias correspondientes. La puja que divide a ATE Entre Ríos en este proceso electoral se engarza y tiene un sustento de gran significación en estas circunstancias que atraviesa el movimiento popular. Hay dos posiciones abiertas en ATE Nacional y que si bien en ese nivel, el nacional, se han mal suturado pues presentan lista unificada, la confrontación se expresa en las seccionales provinciales. Víctor De Gennaro plantea una confrontación directa con el gobierno nacional de Néstor Kirchner en función de una distribución de la riqueza y un aumento del salario por arriba del 16 por ciento fijado por el gobierno. En esta posición se alinea la lista de Pelandino y Galarraga. Por el otro lado, se sostiene como postura nacional un apoyo activo al gobierno del Presidente junto a la reivindicación de una distribución de la coparticipación con afectación específica a un fondo nacional de salario. Estas diferencias en las posturas frente al gobierno nacional también se expresan en la relación frente al gobierno provincial.
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