Jorge Riani

Los casos resonantes de ratificación de sentencias en tres hechos de corrupción administrativa oxigenan la imagen de la actividad de los jueces. Sin embargo, cuando se hace un repaso por la cantidad de hechos denunciados y el fruto de las causas judicializadas se advierte que prevalece un déficit en la Justicia. Prescripciones, estancamientos o avances a paso lentísimo en numerosa cantidad de hechos, constituyen una capa de impunidad de largo alcance. De 83 causas que inició la Fiscalía de Investigaciones Administrativas quedaron 11 en pie, y sólo prosperó el 14 por ciento de todo lo denunciado. La Oficina Anticorrupción inició el 29 por ciento de las causas en las que actúa como querellante, pero en su accionar hay una voluntad marcada de mirar hacia atrás y no tanto al presente. Que el Superior Tribunal de Justicia haya sostenido las sentencias condenatorias contra Oscar Mori, Domingo Daniel Rossi y Mario Yedro -tres ex hombres fuerte del bustismo- no es poca cosa, pero todavía queda un largo camino para poder hablar de justicia.

Hay que perseguirla y cuesta alcanzarla. La justicia. En la provincia de Entre Ríos no son muchos los hechos de corrupción administrativa que han pasado por el proceso de acusación, defensa y sentencia que garantiza el sistema como posibilidad última de garantía de derecho. Pero tampoco es que se haya hecho nada: un vicegobernador, el ex hombre fuerte y cajero del bustismo y un senador que paradigmatiza el corrupto con carné no es una experiencia que pueda acumular cualquier sistema judicial argentino. En este último caso –incluso- con orden judicial de devolver un campo comprado con dinero malhabido, expoliado al conjunto de la sociedad.

La confirmación, esta semana, de la sentencia contra Oscar Horacio Mori se suma al alejamiento forzado del intendente de Santa Elena y ex vicegobernador, Domingo Daniel Rossi, por haber quedado ratificada la condena por el apropiamiento indebido de fondos públicos. Unas semanas atrás fue la confirmación del fallo adverso contra el ex senador Mario Yedro, que -vale insistir- obliga a la devolución de 90.000 pesos y de un campo de 2.200 hectáreas.

Los tres casos están atravesados por elementos en común: fue necesario machacar periodísticamente sobre los hechos, al punto que el nombre de este semanario se reproduce prolíficamente en las montañas de hojas de los respectivos expedientes. Lo otro es que no hubo decisión política de los gobiernos de turno para otra cosa que no fuera lograr acuerdos que amortigüen el golpe contra los procesados y así evitar que hablen para extender las responsabilidades a otras esferas. Un ejemplo claro: en pleno proceso por corrupción, el ahora condenado intendente de Santa Elena logró colar en la lista oficialista de diputados el nombre de su esposa y compartirá entonces bancada con el actual gobernador Jorge Busti.

Un tercer elemento común entre los tres casos ha sido la decisión de las fiscalías de sostener una actitud acusatoria tanto en las instancias de instrucción como en las cámaras y en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia.

Esta provincia sería distinta si no hubiera necesidad de decir que la actitud acusadora en estas causas ha sido casi como casos de excepcionalidad. Para la historia social, política y judicial quedará dicho que la judicialización de hechos de corrupción administrativa no ha comenzado a ser caminada desde los tribunales sino desde los medios de comunicación. Luego se dio el salto al interés de sectores políticos de la oposición y no es cosa menor el paso tan fugaz como certero de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en cuya denostación han coincidido el bustismo y el montielismo casi como si se tratase de una política de Estado.

La cara oscura

De las 83 causas que inició la FIA sólo 11 quedaron en pie, y hoy las situaciones que revisten son disímiles pero ninguna con un avance destacado: sólo prosperó el 14 por ciento de todo. Un trabajo estadístico hecho público desde la Oficina Anticorrupción -creada por la actual gestión bajo la órbita del Poder Ejecutivo- le permite a ese organismo señalar que ya ha superado cuantitativamente la gestión de casos.

Una observación sobre el origen de las causas en trámites en los que la Oficina Anticorrupción actúa como querellante o denunciante deja al descubierto que el 29 por ciento corresponde a iniciativa propia. Un porcentaje igual -29 por ciento- se inició por decisión de particulares (ligados a sectores políticos opositores a los denunciados), el 25 por ciento lo inició la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el 13 por ciento de la Fiscalía de Estado y sólo el 4 por ciento se incoa por decisión de algún funcionario público.

Un dato objetivamente cierto -mal que le pese a la actual gestión- es que la Oficina Anticorrupción no ha formulado ni una denuncia de peso contra algún funcionario actual, a diferencia de la FIA, que puso su lupa sobre la gestión de Sergio Montiel, para ganarse la irreversible enemistad con el gobernador radical.

No son pocas las causas que parecen haber sido arrojadas a su letargo más extenso. El requerimiento de instrucción sin indagatoria -que es el estado en que se encuentra un tercio de toda denuncia por hechos de corrupción administrativa en distintos niveles- permite decir que el caso está activado pero bien podría no pasar de ahí. Los parámetros estadísticos que maneja la Oficina Anticorrupción dan cuenta de que el 29 por ciento de los casos están con requerimiento de instrucción sin indagatoria. El 14 por ciento sin requerimiento de instrucción, y también el 14 con indagatoria. En este punto hay que aclarar que se trata de aquellos casos donde el fiscal da el paso necesario para que se tramite o mantenga abierta la causa. El 13 por ciento tiene auto de procesamiento firme (un imputado que va a juicio). Un 9 por ciento de los casos tiene condena no firme aún, e idéntico porcentaje es el de los casos donde los imputados han pedido la probation o suspensión de juicio a prueba, que es cuando admiten el hecho imputado y ofrecen hacer trabajos comunitarios para saldar la deuda con la Justicia.

La torta queda completada con: 5 por ciento de casos de sobreseimientos no firme, 5 por ciento con elevación a juicio, 5 por ciento con medidas previas solicitadas por el fiscal.
El ex secretario de reforma de Estado, Oscar Mori, ha sido condenado por Fraude a la Administración Pública, cuando la Justicia acreditó que desvió un millón de pesos/dólares de Aportes del Tesoro Nacional presuntamente para solventar gastos de la campaña proselitista del Partido Justicialista en 1997. Se trató de uno de los casos más resonantes de acusación y condena contra un funcionario. Pero bajo ese delito hay otros casos menos ruidosos, tanto que del total de denuncias en la que actúa la Oficina Anticorrupción (iniciadas por ese organismo, la FIA o la persona que fuera) representa el 61 por ciento de los casos. El 11 por ciento es por casos de negocios incompatibles con el Estado -como el del ex asesor del Ministerio de Economía, Gustavo Borrajo, que fuera absuelto el año pasado-; otro 11 por ciento por casos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; también un 11 por ciento por el delito de peculado, mientras que sólo un 6 por ciento por malversación de fondos.

Causas sostenidas

Una de las causas más resonantes con avance sostenido en el camino judicial es el que tiene como acusado al ex gobernador Montiel y cuatro ex funcionarios de su gobierno. Bajo la figura de defraudación en perjuicio del fisco están con auto de procesamiento firme -además del ex mandatario- los ex ministros Oscar Berón y Fermín Garay por el mencionado cargo en el marco de la causa conocida como San José, por aceptar colectivos usados como parte de pago de deudas impositivas. Además, junto al ex ministro Osvaldo Cepeda, por llevar adelante “negociaciones incompatibles con la función pública”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)