Luciana Dalmagro

Fue fiscal de Estado durante el primer gobierno de Jorge Busti y hoy es uno de los abogados de mayor prestigio en Entre Ríos. Raúl Barrandeguy critica la estrategia de gestión de su ex jefe, el poco control sobre los actos de gobierno y hasta la postura jurídica en torno al conflicto por las pasteras. Opina sobre las designaciones en el STJ, considera que las presiones del poder político hacia la Justicia son inherentes al sistema y repasa los puntos más salientes de su paso por la función pública.

Raúl Barrandeguy es en extremo formal y ceremonioso ante un grabador encendido, pero sólo por unos pocos minutos. Al comenzar a hablar de temas que lo apasionan o lo enfurecen -la Justicia, la política, la corrupción, el poder- o al repasar períodos de su vida en los que estuvo integrando el gobierno de Entre Ríos, deja un poco de lado tanta circunspección, gesticula, alza la voz. Y Sergio Montiel, Mario Moine y Jorge Busti dejan de ser doctores, contadores y gobernadores para dar paso al Negro, El Tato y El Conejo. Para muchos, él es El Rauli: uno de los abogados más prestigiosos de la provincia. Integró un gobierno sospechado de corrupción, motorizó designaciones de jueces cuestionados, es socio de un funcionario con algunas historias dudosas, defendió a personajes muy polémicos y cambió varias veces de partido político, pero pese a todo no ha perdido la fama de hombre transparente y honesto. “Hay que asumir la historia de uno tal como fue, no hay que negarla. Uno de los trabajos más difíciles es mantenerse intacto en algunos aspectos. Algunos lo logran, otros tratamos de lograrlo y otros parece que se empeñan en no lograrlo nunca”, sentenciará durante la charla, pero al principio será él quien elija el tema.

Sin esperar preguntas, comienza a verter opiniones sobre la relación entre el poder político y la Justicia. “Hay muchas cosas que siempre permanecen en tensión y estamos ante gobiernos que exceden todo el tiempo límites y atribuciones legales y constitucionales y presionan y demandan adhesión del Poder Judicial. Son muchos los momentos en los que se nota con claridad la inserción del poder político en la administración de justicia”, asevera, y accede a hablar de la historia y la realidad de lo que ocurre en este sentido en Entre Ríos.

-¿Podría mencionar alguno de esos momentos que define, tomando el período de 1983 a esta parte y mirando a la provincia?
-En estos años hubo integraciones del Superior Tribunal de Justicia con diferentes improntas, pero dos ejemplos opuestos serían los del gobierno de Moine y del segundo de Montiel. En ambos casos, se trató de momentos de desconstitucionalización aguda del Estado. La gestión de Moine, a través de la Ley 8.706, atentó abiertamente contra la estabilidad de los empleados públicos, entre otras cuestiones. Y el Poder Judicial estuvo a la altura de las expectativas declarando la inconstitucionalidad de los aspectos nodales de esa norma. En el segundo gobierno de Montiel fue al revés. El STJ fue permeable a las presiones, en parte por la reorganización que supuso una decisión tan criticada como fue la Renta Vitalicia.

-¿Usted tuvo ofrecimientos para integrar el Poder Judicial?
-Sí.

-¿De quiénes?
-No quiero decir de quiénes.

-De Montiel lógicamente no.
-No, claro que no, pero un par de gobernadores me hicieron propuestas.

-Un par son dos y quedan Busti y Moine. ¿Por qué no aceptó?
-Sí, quedan esos dos. En fin, tuve ofertas pero no acepté porque me gusta mucho mi profesión, le tengo un gran amor. Me ha permitido vivir sin robar y sin pedir limosna y son dos cosas muy nobles. Además, entrar a la Justicia requiere una puesta al día de los propios pensamientos. Uno tiene historias en desarrollo y no existe interrumpirlas de un día para el otro. Hay gente que hoy está en el STJ y ayer estaba en su estudio o en la Legislatura. Es muy difícil que el proyecto que uno desarrollaba ayer no tenga nada que ver con el de mañana. Me sentí honrado con estas propuestas, pero preferí seguir con lo mío.

-¿Le pesaba en la decisión el hecho de haber sido un importante funcionario del Poder Ejecutivo o no le molestan este tipo de saltos?
-Sí, ése fue otro de los motivos por los que no acepté. Sobre los que toman este tipo de decisiones no puedo opinar porque son cuestiones de cada uno. Hay casos, como el de Miguel Carlín, que saltó de un poder a otro y hoy es un magistrado de mucho nivel, y también hay casos diferentes.

-Algunos de quienes integran hoy el Poder Judicial fueron propuestos o apoyados por usted cuando era fiscal de Estado. ¿Se arrepiente de haber motorizado alguna designación?
-He sostenido la postulación de algunos magistrados, unos muy buenos, otros no tanto. Por ejemplo, impulsé la designación de Mario Quinteros, que es un excelente juez Civil y Comercial y debería ser un excelente camarista, si tiene suerte en el Consejo de la Magistratura. Y también impulsé algún nombramiento en el STJ.

-El de Carlos Chiara Díaz, por ejemplo.
-Sí. Y me doy cuenta de que hay toda un aura polémica en torno a algunas cuestiones vinculadas a la Sala Penal, pero cada vez que el Poder Judicial le dijo que no al Ejecutivo estuvo la Sala Penal poniendo la firma. Entonces, puede haber en algunos momentos diversos cuestionamientos a uno u otro vocal desde distintos lugares, pero en cada amparo planteado por docentes, empleados públicos y entrerrianos afectados por abuso de autoridad, pusieron la firma en contra del Poder Ejecutivo. Y es por estas cosas que hay que medir el nivel de desempeño. Si lo hicieron razonablemente bien será una opinión favorable. Si lo hicieron con morosidad, desentendiéndose, mirando para otro lado, invocando cuestiones de competencia, la opinión será diferente. Y en el STJ ha habido gente con ambas posturas, pero en la Sala Penal la constante ha sido ejercer el control que corresponde.

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