Juan Cruz Varela
El médico otorrinolaringólogo Hugo Mario Moyano es uno de los 13 imputados en la causa en la que se investigan las aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar tras la caída de las leyes de impunidad en el “Área Paraná”. De acuerdo con las denuncia, era quien revisaba a los detenidos-desaparecidos antes, durante y después de las torturas. Desprocesado tras la sanción de la Ley de Obediencia Debida en 1987, poco tiempo después accedió por concurso al cargo de Jefe de Clínica del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Martín de Paraná, que aún detenta. El hecho marca una abierta contradicción en un gobierno que ha hecho de los derechos humanos una bandera y que, según pudo determinar ANALISIS, no tendría impedimentos para iniciarle un sumario administrativo. De hecho, tras el escrache de la agrupación HIJOS, en la Secretaría de Salud han comenzado a estudiar los mecanismos legales para su desplazamiento, tal lo comentado por algunas fuentes.
Desde el balcón de su departamento habrá estado mirando el doctor a la muchedumbre que se acercaba hasta la casa de calle Córdoba 531 que supo habitar y en la que hoy viven su ex esposa e hija. Entre cánticos, banderas, remeras rojas y negras y pañuelos blancos, integrantes de las regionales de todo el país de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) se acercaban a escracharlo. Hugo Mario Moyano seguramente veía esa postal desde lo alto del coqueto edificio ubicado sobre la misma calle a la altura del 439, frente a la Casa de Gobierno, al que se mudó hace poco más de un año llevándose consigo también la línea telefónica. Incrédulo habrá estado, como pensando que nunca le llegaría ese momento, que siempre pasearía impune por las calles en su auto importado.
“Asesino”, “Genocida”, “Médico torturador” y “Dónde están nuestros hermanos” fueron las consignas que rellenaron las paredes de la casa. Moyano habrá masticado bronca durante media hora. Pero apenas la manifestación comenzó a desconcentrar impartió las órdenes para iniciar el operativo de limpieza. Una cuadrilla se encargó de pintar con aerosoles los afiches en la zona del centro cívico, borrando la imagen y el nombre del médico. Otro grupo actuó de la misma manera en el Hospital San Martín. Y de la casa se encargó el grupo familiar, aunque por propia autopreservación.
Pero esta historia se remonta a más de tres décadas atrás, aún antes del quiebre democrático que produjo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, con el cual el entonces joven profesional se comprometió hasta la médula convirtiéndose en una pieza clave en el esquema represivo.
Hugo Mario Moyano llegó a Paraná a mediados de la década de 1970. Inmediatamente se incorporó como médico de la Fuerza Aérea y luego como concurrente del Hospital Pasteur, que era el nosocomio en el que se atendía a los pacientes con tuberculosis y que en ese momento funcionaba en un edificio de calle Gualeguay -actualmente Illia-, de la capital provincial.
Con la llegada de la dictadura, Moyano se convirtió en agente civil del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, entonces a cargo del suboficial José Anselmo Appelhans. En ese rol, era el encargado de revisar las condiciones de los detenidos-desaparecidos después de largas sesiones de tormentos en cada centro clandestino de detención aunque en sus informes nunca constaba el estado deplorable en que se encontraban. De manera que conocía cabalmente cómo funcionaba el esquema represivo de la dictadura y la forma en que se torturaba, pero siempre prefirió al silencio cómplice como aliado, a pesar de que varias veces la picana se cobró vidas.
A la vuelta de la democracia, a partir del 10 de diciembre de 1983, el médico siguió desempeñando su labor en clínicas privadas de la capital entrerriana. Si bien en ningún momento se animó a desmentir las denuncias sobre las atrocidades de las que había sido cómplice, tampoco abandonó su rol social, sino que por el contrario buscó tener permanentemente una participación protagónica a través de organizaciones sociales que lejos de cuestionarlo le dieron cobijo y le permitieron tener una alta exposición en los medios. Tampoco desde el Estado hubo cuestionamientos ya que se le permitió continuar con su labor en los hospitales públicos, a pesar de estar imputado en la denominada “Causa Área Paraná”, que se inició en la Cámara Federal de Apelaciones.
Tras la sanción de la Ley de Punto Final, la fiscal de la Cámara Federal Olga Taybo y su adjunto Juan Varisco Bonaparte comenzaron a trabajar intensamente en la investigación de las denuncias que se presentaban por violaciones a los derechos humanos en Entre Ríos. De los relatos de los ex detenidos surge que eran retirados de la Unidad Penal Número 1 y trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en el Batallón de Comunicaciones y al centro de torturas ubicado en cercanías de la Base Aérea, como también a la casa del director y a la unidad familiar del penal, donde también eran sometidos a tormentos. En los libros de guardia del Servicio Penitenciario constan las periódicas salidas de los detenidos para ser atendidos en el Hospital Pasteur, que para esa época ya había sido trasladado a calle Brasil y López y Planes, donde actualmente se encuentran los galpones de la Dirección Provincial de Vialidad. Néstor Zapata, Juan Domingo Wursten y Daniel José Irigoyen confirmaron haber sido atendidos por Moyano en los intermedios de las sesiones de tortura. Con esos testimonios, a principios de 1987, se resolvió citar a indagatoria a los comandantes de la Brigada de Caballería Blindada II con asiento en Paraná, a sus subalternos y demás responsables por los crímenes de la dictadura. Moyano era el primero que debía hacerlo el 24 de abril de ese año.
En diálogo con este semanario, Wursten recordó que “en el campo de concentración Moyano era el que decía a quien había que aplicarle la picana, a quien darle más y con quien parar. Una vez, estando yo vendado y encapuchado, me habían puesto sobre un hormiguero. Quedé llagado entero y me llevaron a la cárcel donde me atendió Moyano. Cuando me iba a examinar, le reconocí la voz. Entonces le dije: ‘Ya que usted me va a revisar, no se olvide de poner todo esto en su legajo’. El tipo sólo me respondió: ‘Agradecé que estás vivo’”. En la madrugada del 5 de junio de 1987, el Congreso aprobó la Ley Número 23.521 de Obediencia Debida. La norma determinaba que el médico había obrado “en estado de coacción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes” sin posibilidad de oponerse a ellas, por lo que fue desprocesado y ya no debería responder por su rol durante los años de plomo. Como él, ninguno de los 23 imputados que entonces tenía la causa, alcanzó a declarar ante la Cámara Federal.
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