Sandra Miguez
Un nuevo informe de Auditoría del Programa Federal de Salud llevado adelante por la Red Federal de Control Público del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, indica que en la provincia no existe continuidad en las rendiciones de cuentas presentadas a ese organismo, “lo que afecta la confiabilidad de la información financiera”. Los auditores, además, pusieron en relieve varias irregularidades: cheques no presentados al cobro, débitos no identificados, transferencias con otras cuentas de la Secretaría de Salud provincial. Sin embargo y a pesar de las multas y sanciones aplicadas por el ente nacional a la Unidad de Gestión Provincial por incumplimiento del convenio marco, se siguen produciendo atrasos en la remisión de información, así como falta de cumplimiento y ejecución de fondos remitidos, lo que “incide negativamente en la operatividad del programa”, sentencia el informe. La falta de información financiera ya habría ocasionado a Entre Ríos una pérdida de unos 50.000 pesos. Mientras desde la Nación crecen los rumores que ponen en riesgo la continuidad del programa, en Entre Ríos no logran ordenar la situación administrativa y financiera y dar solución efectiva a los 14.000 beneficiarios.
Pocos datos nuevos surgen a lo ya informado en otras oportunidades y al pormenorizado detalle de la investigación periodística realizada desde el año pasado por ANALISIS. Aún así -o tal vez por eso- el tema regresa una y otra vez a la mesa de trabajo y ofrece una vuelta más, un dato ilustrativo de la situación, un testimonio que profundiza en la falta de solución -o incapacidad- para resolver un aporte económico de algo más de medio millón de pesos que mensualmente recibiría la provincia por parte del Ministerio de Salud de la Nación por la ejecución del Programa Federal de Salud (Profe) y que, a cambio, sólo le exigiría realizar las rendiciones correspondientes en tiempo y forma.
Por eso también, por cuarta vez -en menos de seis meses- se realizó una nueva auditoría a los fines de poder establecer un mecanismo que permita agilizar los trámites que la provincia debe efectuar para cobrar las capitas de los 14.000 beneficiarios del Profe. Y una vez más, a raíz de estos controles, surgió la sanción económica.
De allí que el informe de la Auditoría Número 4/2006 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, con fecha noviembre de 2006, detalle varias objeciones al desarrollo del mismo.
En su apartado respecto a la ejecución financiera se indica que “el último ‘Estado de Origen y Aplicación de Fondos’ remitido al Ministerio de Salud de la Nación se confeccionó al mes de febrero de 2006, incumpliéndose largamente con lo previsto en el Anexo IV del Convenio”.
Es que desde esa fecha la provincia no ha podido cumplir con los requisitos formales y justamente por ello el programa pende de un hilo. Las multas y sanciones que se aplican, significan una merma considerable que podría ser destinada a atender los problemas de los beneficiarios.
A las primeras multas de más de 12.700 pesos aplicadas el año pasado en julio y octubre, respectivamente, por estos días se sumó otra de 20.000 pesos, que significa una pérdida importante sobre los ingresos de la cápita que recibe Entre Ríos. Desde la Unidad de Gestión Provincial (UGP) y la Secretaría de Salud se pretendió mantener el tema en estricta reserva para que no trascendiera a los ámbitos ministeriales, sobre todo en medio de la campaña electoral que ubicó al actual ministro de Salud, Gustavo Bordet, como intendente electo de la ciudad de Concordia.
La situación se daba nuevamente debido al incumplimiento de los plazos establecidos por el convenio marco del Profe, en cuyo Anexo IV se determinan los tiempos y el tipo de información que el organismo provincial debe remitir a las autoridades nacionales, y donde se explican además exhaustivamente todos y cada uno de los elementos que deben obrar en esa información remitida en forma obligatoria. Así por ejemplo revela que “al cierre de cada mes la UGP efectuará un corte y remitirá mensualmente a la DNPM (Dirección Nacional de Prestaciones Médicas) antes de los diez días del mes siguiente, el Estado Situación Financiera Corriente de la Unidad Ejecutora, confeccionándolo por el sistema de lo devengado”, y especifica cada uno de los ítems que deben estar presentes, en donde se incluyen diferentes conceptos como disponibilidades del activo corriente -con exposición del saldo-, las facturas por cobrar en la DNPM, prestaciones facturadas y no enviadas a la DNPM, así como dentro del pasivo corriente se debe dejar constancia de todas las deudas con hospitales públicos, con prestadores privados, con proveedores, prestadores especiales, sueldos y honorarios del personal de la UGP, y los gastos administrativos de la unidad de gestión provincial, al igual que los extractos bancarios, copia del libro banco y certificación de pago a los prestadores.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
